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Nota N°. 230 Acusan diputados del PT y activistas incumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para la investigación y búsqueda de víctimas

Palacio Legislativo 21-09-2018 (Notilegis).- Diputados del PT y activistas de organizaciones civiles afirmaron que hay un incumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en vigor desde enero pasado, para la creación de instancias e instrumentos relacionados con la investigación y búsqueda de víctimas, principalmente en los estados.

Acusaron que en algunas entidades federativas no se han concretado las fiscalías especializadas para la investigación de estos delitos, las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizables, ni las instancias de atención a víctimas, establecidas en la legislación.

Tampoco la creación de los registros de las personas no localizables, de las fallecidas no identificadas, y de las fosas comunes y clandestinas, ni la armonización de los marcos jurídicos locales con esta ley general.

Durante el foro “Desaparición forzada, un reto para la LXIV Legislaturaâ€, la diputada Claudia Domínguez Vázquez, quien lo organizó, señaló que esta ley “ha sido inservible porque no se han homologado las legislaciones localesâ€, y ello impide beneficiar a las víctimas y sus familiares.

Indicó que “es un reto para el PT tomar cartas en el asunto y llevar acciones al Pleno de la Cámara de Diputados; por eso estamos abriendo estos foros para que, de la mano con ustedes, podamos resolver este problemaâ€.

“Hoy nos faltan 43 (normalistas de Ayotzinapa por encontrar); nos faltan más de 400 (cuerpos por identificar) de las morgues itinerantes descubiertas en los tráileres de Jalisco; nos hacen falta todos y cada uno de los secuestrados y asesinados, porque para los familiares son desaparecidos aúnâ€, aseveró Domínguez Vázquez.

El diputado Benjamín Robles Montoya sostuvo que la situación de los derechos humanos en México es “verdaderamente deplorableâ€, y, aunque, la expedición de esta ley fue un “gran avanceâ€, subsisten inquietudes sobre su contenido, pero principalmente respecto a su plena implementación.

“Por muy buena que sea esta ley, de muy poco servirá si las autoridades encargadas de aplicarla, continúan actuando con indolencia e indiferencia, que ha sido señalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)â€, apuntó.

Robles Montoya acusó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido los lineamientos para la conservación de cadáveres y restos de personas, y que la mayoría de las entidades no han conformado las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas.

“Mientras las autoridades federales y locales sigan sin llevar a cabo la plena implementación de la ley y sin dar cumplimiento a lo mandatado en los artículos transitorios, será como si no tuviéramos ley y los más perjudicados serán las víctimas directas e indirectas. Esta exigencia es uno de los retos de esta Legislaturaâ€, insistió.

El director general de la organización civil I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, pidió que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se asignen recursos para la concreción de los instrumentos para la plena aplicación de esta legislación, especialmente para las fiscalías especializadas.

“En el fondo, el tema es de recursos no de leyes, porque se ha hecho un buen trabajo legislativo, que ha sido un trabajo de las víctimas, no sólo de los legisladoresâ€, subrayó.

Gutiérrez Contreras planteó la necesidad de que exista personal suficiente en las fiscalías especializadas locales, que cuente con la certificación adecuada y urgió a los congresos estatales a que homologuen sus leyes.

Refirió que la PGR cuenta con alrededor de 40 fiscales para la búsqueda de todos los desaparecidos en el país.

El activista aseguró que la desaparición forzada no es un problema reciente, pues lleva más de 40 años en el país y la impunidad ha permitido que este fenómeno se mantenga y crezca.

“En México no tenemos una sola persona consignada de alto rango militar, de las Fuerzas Armadas o de las estructuras policiales por desaparición forzada, a diferencia de otros países como Chile, Argentina y Guatemalaâ€, aseveró.

Alfredo Rojas Díaz Duran, defensor de derechos humanos y promotor de la paz alrededor del mundo, dijo que antes de homologar la mencionada Ley, “debe ser revisada para lograr una armonización con el marco jurídico internacionalâ€.

Agregó que, aparte del escrutinio a la legislación existente en la materia, se debe trabajar en una ley de “lesa humanidadâ€, término internacional para referirse a los crímenes en cuestión, la cual debe ser retroactiva, porque la de desaparición forzada no lo es.

En el foro participaron defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada, quienes exigieron a las autoridades la resolución de sus casos y justicia.

NGM/FQA/RZJ/HSF

 
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