Palacio Legislativo 13-07-2019 (Notilegis).- La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que la renuncia de Carlos Lomelí Bolaños, como delegado de delegado de Programas para el Desarrollo Social en Jalisco, no lo exime de su responsabilidad ante las acusaciones sobre presuntas prácticas de corrupción.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) debe investigar a fondo y, de encontrar pruebas, proceder contra quienes resulten responsables”, dijo en un comunicado.

Juárez Piña comentó que, de acuerdo a una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, “familiares y colaboradores de Carlos Lomelí Bolaños forman parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos” estatales y dependencias gubernamentales del ámbito federal.

Abundó que esa organización reportó que “ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el gobierno federal, encabezado por (el presidente) Andrés Manuel López Obrador”.

Además, según los datos de la misma organización “Abisalud firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato más con otro gobierno surgido de Morena. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le asignó directamente un contrato por 36 millones. Al frente de Abisalud han estado José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, exsecretario y sobrino, respectivamente, de Carlos Lomelí”.

Juárez Piña recordó que, junto con los coordinadores parlamentarios del PAN, MC y PRI, solicitaron en una carta al gobierno federal que se investigara de forma inmediata la red de empresas de Carlos Lomelí y sus ventas de farmacéuticos sin licitación, de forma directa, a los gobiernos estatales y dependencias gubernamentales del ámbito federal.

“Se dijo en la carta que Carlos Lomelí no podía seguir siendo funcionario público en tanto que fuera proveedor activo y vigente de los gobiernos federal y estatales”, precisó.

La diputada federal celebró que la presión ejercida por las organizaciones civiles, partidos de oposición, legisladoras y legisladores, hayan tenido resultado; pero lamentó que, a pesar de su discurso contra la corrupción, el Presidente de la República tolere a sus colaboradores, y funcionarios emanados de su partido, prácticas ilegales.

“No sólo es el caso de Carlos de Lomelí, sino también el de Jaime Bonilla –quien, por cierto, también fungió como superdelegado– gobernador de Baja California, quien busca por todos los medios ampliar su mandato a cinco años, cuando sólo fue electo por las y los ciudadanos por dos años”, sostuvo.

Subrayó que “la lucha contra la corrupción sólo será eficaz en la medida en que se respeten la constitución de la República y las leyes, y se consoliden los organismos que han sido creados para ello, como el Sistema Nacional Anticorrupción; y funcionen las instituciones, como el caso de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública”.

“Si no es así, sólo se quedará en retórica y se repetirán las prácticas del viejo régimen priista”, concluyó Juárez Piña.

LSN