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Nota N°. 2193 Piden PAN, PRI, MC y PRD a autoridades investigar red de empresas farmacéuticas del delegado del Gobierno federal en Jalisco

 

  • Actual administración les otorgó ocho contratos por 164 millones de pesos por venta directa de medicamentos

 

Palacio Legislativo, 22-05-2019 (Notilegis).- Los coordinadores de los diputados del PAN, PRI, PRD y MC pidieron que las autoridades competentes investiguen, de forma inmediata, una presunta red de empresas que venden medicamentos de forma directa a gobiernos estatales y dependencias federales, donde se ve relacionado Carlos Lomelí Bolaños, delegado del Gobierno federal en Jalisco.

 

Lo anterior, luego de que medios de comunicación compartieron la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, donde se da a conocer dicha red de empresas y su relación con Lomelí Bolaños.

 

Los coordinadores parlamentarios, de igual manera, solicitaron que “el Gobierno Federal explique el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor del gobierno en varias entidades de la República”.

 

En un comunicado conjunto, los líderes parlamentarios puntualizaron que “el tema no es partidista, ni de grilla o politiquería, como ha sido calificado, sino de respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños”.

 

Destacaron que de acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra; sin embargo, “también se le relacionó con cuatro empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas”.

 

“La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es: Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que desde diciembre de 2018 a la fecha, la actual administración le otorgó ocho contratos por 164 millones de pesos debido a la venta de medicamentos”, abundaron.

 

De estos contratos, “seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del gobierno de Veracruz, quien asignó directamente un contrato por 36 millones”.

 

En ese sentido, los coordinadores exigieron que se investigue a los gobiernos que otorgaron estos contratos: Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Sonora, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit.

 

Asimismo, al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

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