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Palacio Legislativo, 05-09-2019 (Notilegis).– La diputada Sara Rocha Medina (PRI) presentó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un código penal único en el país. La propuesta plantea modificar el inciso C de la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, para quedar de la siguiente manera: El Congreso tiene facultad para expedir: “La legislación única en materia penal sustantiva, procedimiento penal, de mecanismos alternativos, de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y justicia penal para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común”. Actualmente dicho inciso establece: “La legislación única en materia de procedimiento penal, de mecanismos alternativos, de solución de controversia en materia penal, de ejecución penal y de justicia penal para adolescentes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común”. La legisladora comentó que su propuesta atiende la temática de la sobretipificación del delito, ya que existen 35 códigos penales en el país: uno federal, uno de la Ciudad de México, 32 de las entidades federativas, más el de Justicia. “Más allá de las tendencias político-criminales para defender sus tipos penales, entre otros factores han intervenido las condiciones políticas socioculturales de cada región del ámbito y aplicación de la norma. Y dado que estas difieren de región a región o de estado a estado, la definición de los delitos no es uniforme”, dijo. “Legislar un código penal único debe ser tomado seriamente, pues en ello va la definición del núcleo duro de la política criminal del Estado mexicano”, agregó. Rocha Medina subrayó que algunos de los inconvenientes que se atacarían con un buen código penal único son: los problemas vinculados con los conflictos de competencia entre tribunales federales y locales, la previsión o no de algunos recursos que son posibles en una entidad y en otros no. Asimismo, posibilitaría una aplicación igualitaria del derecho y la armonización de las decisiones para el beneficio del principio de igualdad jurídica. No obstante estos beneficios, habría algunas incógnitas como: ¿la norma penal unificada recogería todos los delitos o habría una selección de ellos?, ¿qué hacer con los delitos de carácter regional que no tendrían sentido a nivel nacional? “La respuesta debe encontrarse como el producto de un trabajo que se realice a lo largo y ancho del país, estructurando una ruta crítica que nos asegure una correcta gestión del cambio que involucre a todas las posiciones académicas de la materia incluidos a los y a las abogadas de este país, como asociaciones de abogados, federaciones y colegios, por lo cual pongo a su consideración la siguiente reforma constitucional”, finalizó. HSF |
