• La diputada perredista Guadalupe Almaguer Pardo dio a conocer conclusiones de los órganos de procuración de justicia en el foro virtual “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el Sistema de Justicia: experiencias y desafíos”
Palacio Legislativo, 16-04-2020 (Notilegis).- Funcionarios y especialistas en materia de procuración de justicia coincidieron en preservar en el Código Penal Federal el delito de feminicidio y no desaparecerlo o modificarlo, aseguró la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD).
En un comunicado, dio a conocer las conclusiones más relevantes de los órganos de procuración de justicia en el foro virtual “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el Sistema de Justicia: experiencias y desafíos”, realizado ayer, con la organización de la Comisión Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados.
Refirió que la fiscal de Feminicidios de la Ciudad de México, Sayuri Herrera Román dijo que es preciso preservar el tipo penal del feminicidio y que las razones de género pueden ser acreditadas con peritajes novedosos y ayuda de las ciencias sociales, como la antropología social y la arquitectura forense.
Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), comentó que los sistemas de justicia están combatiendo cargas culturales y sociales.
Agregó que es necesario contrarrestar los elementos subjetivos del tipo penal del feminicidio, para lo cual es preciso desarrollar datos de prueba científicos, contar con grupos multidisciplinarios, personal capacitado y especializado; y contar con un engranaje jurídico, psicológico y económico.
La fiscal de Chihuahua, Wendy Chávez, apuntó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el campo algodonero, es un parteaguas para entender el delito de feminicidio, y es sumamente importante que haya recursos públicos, capacitación y especialización del personal que atiende los delitos contra las mujeres, a fin de sustentar bien las pruebas de los delitos para acreditar el delito.
Por su parte, Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios en Nuevo León, apuntó que en ese estado trabajan de manera conjunta con organismos no gubernamentales para materializar la voluntad jurídica y avanzar en contra de la violencia hacia las mujeres.
"Para poder erradicar la violencia primero hay que entenderla. En la entidad se han establecido cambios en materia del tipo penal del feminicidio y protocolos a las siete razones de género que encuadra el tipo penal, las cuales son objetivas a la hora de acreditarse", indicó.
La fiscal en la materia de San Luis Potosí, Juana Castillo, subrayó la importancia de contextualizar el fenómeno, ya que la visibilización de la violencia contra las mujeres empieza gracias al apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.
"No hay que dejar de visibilizar las otras violencias contra las mujeres, no sólo el feminicidio, el cual ya es la violencia letal. Es necesario un tipo penal único para cumplir con las obligaciones internacionales y darle sentido a la justicia contra la violencia hacia las mujeres, desde la prueba técnica-jurídica", abundó.
Hugo Peralta, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Oaxaca, consideró que es necesario diferenciar entre homicidio y feminicidio, porque ello permite identificar y tener datos ciertos y generar políticas públicas para erradicar el delito.
Señaló que algunos de los problemas que enfrentan son la normalización de la violencia, pues no se entiende cómo aplicar los derechos humanos en una sociedad que normaliza el patriarcado y lleva esos prejuicios a la aplicación del sistema de justicia.
"Hay un problema a la hora de la interpretación de la norma, el reto es entender que es una razón de género", asentó.
Almaguer Pardo agradeció la participación de los ponentes y destacó la necesidad de proveer recursos económicos a las fiscalías especializadas para fortalecer la formación a funcionarias y funcionarios del sistema de justicia en Mexico.
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