• Pide Mónica Bautista reforma para consolidar parlamento abierto

Palacio Legislativo, 17-04-2020 (Notilegis).- Las diputadas del PRD Verónica Juárez Piña y Azucena Rodríguez Zamora propusieron reformar la Constitución para prohibir que los llamados “súper delegados� y “súper coordinadores� del Gobierno Federal sean candidatos a cargos de elección popular si no se separan de su puesto seis meses antes de los comicios.

En la iniciativa para reformar la Carta Magna, las legisladoras señalaron que, además de ser ilegal la figura de “súper coordinadores�, lo mismo que los “súper delegados�, tienen ventaja indebida para ser candidatos o precandidatos debido a su alta exposición pública y control de grandes cantidades de personal y recursos públicos.

De concretarse sus candidaturas o precandidaturas, se afectaría gravemente la autonomía de los poderes, la libertad del sufragio, la equidad de la contienda en demérito de quienes compitan con ellos y el derecho al voto de los demás ciudadanos, señalaron en un comunicado.

“Es por ello pertinente que la Constitución Política sea reformada para incluir a los titulares de las delegaciones y coordinaciones señaladas en el considerando IX de esta iniciativa como una más de las causales de inelegibilidad para los cargos de diputado federal, senador y presidente de la República, estableciendo como plazo de separación definitiva del cargo el de seis meses antes del día de la elección�, expresaron.

Asimismo, propusieron hacer extensiva la inelegibilidad de estos funcionarios para presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, alcaldes y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para lo cual los Congresos locales deberán observar lo dispuesto por la Constitución en esta materia.

Recordaron que la propia Carta Magna prevé en los artículos 55, 58, 82, 116 y 122 causales de inelegibilidad a otros cargos para funcionarios públicos de diverso nivel, a condición de que se separen del que ostenten con cierto tiempo de antelación, según sea el caso.

Así sucede para los funcionarios que deseen ser, por ejemplo, diputados, gobernadores, senadores y Presidente de la República.

Para el caso de los “súper delegados� o Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo, como oficialmente se conocen, y los 266 “súper coordinadores� o coordinadores regionales de programas para el desarrollo -cuya designación hizo el Ejecutivo Federal sin base legal alguna- no hay causal alguna de inelegibilidad para ser candidatos a precandidatos a pesar de su manejo de grandes cantidades de recursos y exposición pública que les dan ventaja indebida.

Plantea Mónica Bautista reforma para consolidar parlamento abierto

Por otro lado, la diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) planteó adicionar un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Parlamento Abierto, en donde destaca que el Congreso de la Unión deberá garantizar en todo momento este principio durante el proceso legislativo.

El objetivo, dijo en un comunicado, es incorporar la participación de la ciudadanía en las decisiones del país, a fin de concretar un parlamento abierto real, democrático y transparente.

A través de una iniciativa de ley planteó que el parlamento debe representar a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto, quienes han elegido a sus miembros y que esperan que sus opiniones sean consideradas a la hora de tomar las decisiones políticas.

Además se deberá difundir y publicar la información de carácter financiero que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Trazó que el Congreso de la Unión atenderá los principios que garanticen el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y parlamento abierto.

Durante el proceso legislativo en el status de dictamen de los asuntos turnados a las comisiones, los temas deberán ser difundidos mediante la Gaceta Parlamentaria, a efecto de dar a conocer en qué comisiones radican los temas de interés.

Añadió que el Congreso de la Unión garantizará mecanismos de consulta, participación y colaboración con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que generen aportaciones en los procesos legislativos.

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