• Dará certeza jurídica a propietarios de predios e inmuebles, señala

• No se creará un Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral como lo propone el Senado de la República, afirma

Palacio Legislativo, 19-04-2020 (Notilegis).– La nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos dará certeza jurídica a los propietarios de predios e inmuebles en todo el país, y no será recaudatoria, señaló la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena).

Aseguró que se trabaja en una norma que fortalezca el federalismo y acentúe las facultades de cada orden de gobierno, pero también ayude al desarrollo homogéneo de las capacidades institucionales.

Por medio de un comunicado, detalló que esta ley de carácter general planteará los criterios y datos básicos que se tendrían que considerar en los catastros y registros públicos para identificar los catálogos de predios.

Aclaró que la legislación no tiene como propósito emitir criterios que se relacionen con la recaudación del impuesto predial, ya que ésta es una facultad constitucional de los municipios. Es decir, esta norma no podrá influir en la forma en que se fijan las tablas de valores unitarios del suelo.

Detalló que tampoco incluye la creación de un consejo nacional de armonización y homologación registral y catastral, previsto en la minuta del Senado de la República, y que limitaba las facultades de las entidades federativas y los municipios.

“En la Cámara de Diputados nos pronunciamos por no incluir en la ley un órgano como éste que emitiera normas y lineamientos para la armonización, homologación e interoperabilidad de la organización y el funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y los Catastros, porque ésta es una atribución constitucional del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, en cuanto a la expedición de la ley general y la expedición del reglamento, respectivamente”, afirmó.

La propuesta de ley es un instrumento que consolide los catastros para cumplir sus fines de identificación, ubicación y uso del inmueble para los diferentes propósitos de la administración pública, como prestación de servicios públicos, planeación, desarrollo urbano y regularización de la tenencia de la tierra, entre otros, agregó.

“Aspiramos construir un ordenamiento que fomente la cultura de la legalidad y del Estado de Derecho, que homologue criterios, mejore prácticas y uso de las nuevas tecnologías de la información que permitan reducir la brecha de desarrollo entre las distintas regiones del país”, abundó.

Alavez Ruiz explicó que la subcomisión que coordina, y que forma parte de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), organizaron foros de consulta con las autoridades de catastro y registro públicos de las 32 entidades federativas para retomar las experiencias y observaciones a la minuta que se está por dictaminar.

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