• También se necesita crear las Leyes General en Materia de Justicia Cívica y general que regule los “giros negros”, señala
• SSPC colabora con gobierno de la Cdmx para localizar a tres reos que se fugaron del Reclusorio Sur

Palacio Legislativo, 30-01-2020 (Notilegis). – Las prioridades legislativas en materia de seguridad, desde la perspectiva del gobierno Federal, son reformas constitucionales para crear una Ley Nacional de Seguridad Privada, un Código Penal Nacional y una Ley General de Ciberseguridad, compartió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa, luego de participar en la reunión plenaria de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, expuso que el primer planteamiento es modificar el artículo 73 constitucional para emitir una Ley Nacional de Seguridad Privada, que regule el registro único a nivel nacional de las empresas privadas de seguridad.

“Hay estadísticas que hablan de 500 mil policías que trabajan en empresas privadas de seguridad, el gobierno federal sólo tiene el registro de 300 mil, pero hay cifras que hablan incluso de 700 mil elementos privados, por lo que es prioritario darle orden a la prestación de este servicio, para que sea profesional, regulado y participen como coadyuvantes en la seguridad pública”, sostuvo.

Desatacó la necesidad de contar con un Código Penal Nacional -que implica otra reforma a dicho artículo de la Carta Magna- a fin de homologar los tipos penales, lo que facilitaría la investigación y persecución de los delitos, particularmente en la incidencia criminal del secuestro.

El funcionario también subrayó que es fundamental regular con una perspectiva nacional “los giros negros”, sin invadir las atribuciones municipales, por lo que se requiere emitir una Ley General sobre los establecimientos mercantiles.

“La incidencia criminal de más alto impacto social y mediático se ha dado en giros negros, irregularmente controlados en horarios atípicos. Tenemos que definir un marco jurídico que homologue la regulación de estos establecimientos”, dijo.

Por otro lado, destacó la importancia de crear la Ley General de Ciberseguridad, ya que parte de los delitos que se cometen en el país se dan en el ciberespacio.

“Habría que reformar también el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley federal que regule el uso adecuado del ciberespacio”.

Asimismo, se requiere crear una Ley General en Materia de Justicia Cívica para evitar que las faltas administrativas se conviertan en delitos. Del mismo modo, emitir nuevos tipos penales sobre armas de fuego y explosivos, particularmente el uso de armas réplica para cometer delitos, agregó.

En otro tema, se debe regular el registro de extranjeros que entran y salen del país, es una iniciativa íntimamente vinculada con las cuestiones de seguridad, puntualizó.

También habría que hacer modificaciones a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Guardia Nacional para crear la Oficialía Mayor de dicha institución de seguridad. “Pasar de una unidad de administración y finanzas a una que nos permitiría dinamizar los procesos de creación administrativa, organizacional y presupuestal de la Guardia”, dijo.

Durazo Montaño abundó que de igual forma se necesita facultar a la Fiscalía General de la República para conocer los delitos del fuero común cuando se encuentren involucrados servidores públicos pertenecientes a instituciones de seguridad, estatales y municipales, que son omisos en el cumplimiento de su responsabilidad; esto tendría incidencia en el artículo 73 de la Constitución.

SSPC colabora con gobierno de la Cdmx

Cuestionado sobre la fuga de tres reos del reclusorio sur de la Ciudad de México, el secretario informó que la dependencia a su cargo colabora con las autoridades del gobierno local, en el intercambio de información y sobre la alerta de cuerpos de seguridad para ubicar a los individuos evadidos, además de la participación de la Guardia Nacional.

Respecto del incremento de las organizaciones criminales en el país, aclaró que no han crecido; sin embargo, se ha registrado un reacomodo en su estructura, podría decirse que hay una inestabilidad en ellas, abundó.

Explicó que se cuenta con un mapeo de dichas organizaciones, además de información muy clara sobre sus líderes; no obstante, se requiere judicializarla.

“Una cosa es lo que se sabe sobre la organización criminal y otra es lo que puedes probar, ésa es la etapa más compleja del combate a la criminalidad, pero estamos trabajando ahora con algunas ventajas, la más importante es que el Centro Nacional de Inteligencia tiene ya facultades para judicializar”, comentó.

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