• Claudia Yáñez (Morena) propone que se separen de su cargo tres años antes de la elección si aspiran a ser gobernadores

• Su iniciativa plantea reformas a los artículos 55, 69, 74, 78, 89, 108 y 116 de la Constitución

Palacio Legislativo, 13-02-2020 (Notilegis).- La diputada Claudia Yáñez Centeno y Cabrera (Morena) informó que 70 legisladores, de todos los grupos parlamentarios, se adhirieron a su iniciativa de reforma constitucional que plantea establecer restricciones a los 32 delegados estatales de Programas para el Desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar, que busquen candidaturas a puestos de elección popular.

En conferencia de prensa, Yáñez Centeno y Cabrera, acompañada por diversos diputados, comentó que su propuesta –presentada ante el Pleno el pasado martes 11 de febrero– plantea que estos 32 funcionarios federales, así como el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, deben estar restringidos de participar como candidatos a gobernadores, senadores o diputados, a menos que se separen de su cargo con un periodo de antelación específico.

Para ser candidato a gobernador, explicó, se deben separar de sus funciones tres años antes del día de la elección, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos adheridos a su cargo.

Para participar como candidatos a diputaciones locales o federales y senadurías, los delegados tienen que apartarse de sus funciones un año antes del día de la elección, con la misma certificación.

Yáñez Centeno y Cabrera subrayó que tanto el coordinador general como los delegados estatales tienen acceso directo a los recursos públicos, información privilegiada, recursos materiales y humanos, y bases de datos o padrones de beneficiarios de los programas sociales.

“(Estos funcionarios) pueden ser piezas políticas manipuladas por los partidos políticos para favorecer e influir en posibles candidaturas, como aspirantes a gubernaturas, senadurías, diputaciones locales y federales, debido a que no existen en la actualidad mecanismos de control y restricción legal”, apuntó.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) respaldó la iniciativa y manifestó que “en esta Legislatura vamos a garantizar que sea imposible que ningún funcionario adscrito al manejo de los programas sociales pueda participar en las elecciones, a menos de que renuncien en los plazos que se estipulan”.

“Todos los diputados que impulsamos esta iniciativa estamos absolutamente convencidos de que este proyecto va a pasar sin ningún problema a las comisiones porque es la única manera que tenemos de garantizar que las elecciones se van a ejercer con transparencia y que de ninguna manera nadie podrá hacer uso, en su beneficio, de los programas sociales”, agregó.

El diputado Armando Javier Zertuche Zuani (PT) manifestó que “la adhesión a la iniciativa no es cosa menor, sino un asunto que debe interesarnos a todos. Más allá de la congruencia moral y política, se trata de darle la dimensión justa a la importancia de la democracia social y participativa.

Resaltó que “la oscuridad con que se han manejado este tipo de programas exige necesariamente congruencia y dejar de lado la simulación ante los funcionarios públicos”.

En tanto, la diputada Melba Nelia Farías Zambrano (Morena) aseveró que está molesta con los delegados estatales porque no han cumplido con sus funciones, por lo menos en Coahuila, de donde es originaria.

La propuesta plantea reformas los artículos 55, 69, 74, 78, 89, 108 y 116 de la Carta Magna y se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

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