• El diputado promueve una iniciativa para reformar la Ley Agraria

Palacio Legislativo, 21-02-2020 (Notilegis).- El diputado Fortunato Rivera Castillo (Morena) propuso eliminar las prácticas fraudulentas originadas por ambigüedades jurídicas que permiten acaparar tierras a través de compras ilegales.

Con una iniciativa, que reformaría los artículos 13, 15, 20, 23, 59 y 75 de la Ley Agraria, se busca subsanar los vacíos legales o confusiones normativas que vulneran los derechos de agricultores en todo el país.

En un comunicado, el diputado señaló que la propuesta pretende establecer que la calidad de ejidatario o posesionario se pierde cuando se enajenan de manera ilegal tierras parceladas, caso en el cual la venta ilícita será nula y los derechos parcelarios pasarán a favor del núcleo de población.

Es de competencia exclusiva de la asamblea ejidal el otorgamiento de ejidatario cuando se le asignen derechos parcelarios; delimitación y destitución de tierras ejidales para área parcelada; autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas; cambio del destino de las tierras; y la conversión del régimen ejidal al régimen comunal, agregó.

Además, la iniciativa estipula que las tierras de uso común en bosques o selvas tropicales no podrán ser parceladas, esto en beneficio y mejoramiento del medio ambiente.

Rivera Castillo explicó que quienes se dedican a estas prácticas fraudulentas son “acaparadores que quieren las mejores tierras para desarrollarlas o inversionistas de la minería, de la urbanización o la industria, dejando a los ejidos al desamparo y miseria.”

Señaló que la Ley Agraria del 92 ha venido acompañada de toda clase de crímenes y delitos contra luchadores sociales, defensores de playas, bosques, agua y de los pueblos originarios, actos que no ocurrían cuando las tierras ejidales eran propiedad de la nación.

“Junto con la histórica conquista de la propiedad de la tierra por los ejidos, cuya propiedad ejidal derivó de la propiedad originaria de las naciones sobre tierras y aguas se desató sobre esta certidumbre jurídica la especulación apoyada en la debilidad que le concede su privatización, la privatización de las parcelas de la tierra de uso común”, apuntó.

El legislador comentó que la riqueza nacional se encuentra en los ejidos y comunidades que conforman el 51 por ciento del territorio nacional. Agregó que actualmente el mercado ha crecido exponencialmente y en buena medida sustentada en la ilegalidad que propician algunos vicios legaloides.

En este sentido, Rivera Castillo señaló que la iniciativa de reformas busca prohibir el parcelamiento de bosques, selvas y reservas naturales, así como fortalecer el ordenamiento territorial, rescatando valor para las zonas ejidales y los activos de los ejidatarios.

Informó que, de acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional de 2016, 29 mil ejidos registrados tenían 88 millones de hectáreas, 36 por ciento destinadas al parcelamiento y 61 por ciento al común.

“Esto ha traído como consecuencia enormes conflictos sociales, con incertidumbre en la tenencia de la tierra urbanizada y con ganancias inmensas sólo para los desarrolladores inmobiliarios”, finalizó.

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