• Esto se suma a repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático: las políticas de “austeridad franciscana”, el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos, la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la IP: Antonio Ortega

• Gobierno Federal y aliados en el Congreso, insisten en fijar salario de funcionarios según sueldo del presidente, no de criterios objetivos: Raymundo García

Palacio Legislativo, 23-09-2020 (Notilegis).- Por considerar que Morena no atendió lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con tal de cumplir un “capricho” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Grupo Parlamentario del PRD rechazó nuevamente la iniciativa presentada para expedir una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, mediante la cual se busca que nadie gane más que el Jefe del Ejecutivo.

A nombre de su bancada, el diputado Antonio Ortega Martínez advirtió que la propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales, pues los nuevos criterios están muy lejanos de la especificidad señalada por la Corte y subrayó que estas políticas han afectado seriamente al interior y fuera del gobierno.

El intento de Morena por legalizar el salario del presidente y de los funcionarios sin un parámetro, ha derivado en casi 7 mil amparos; cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales como respuesta a la violación de los derechos de servidores públicos y las instituciones.

El perredista precisó: “no existe precedente alguno de que una misma norma jurídica haya sido debatida ya en cuatro ocasiones (con la de hoy) durante una misma legislatura, intentando resolver el mismo asunto sin lograrlo… Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas”.

El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como las modificaciones presentadas, desatienden los resolutivos y razonamientos planteados en la sentencia del 20 de mayo del año pasado, relacionados con la obligación del Legislativo de fijar parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial.

Además, “los efectos de aprobar en sus términos esta Ley, se suman a las repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático, como son: políticas de austeridad irracional; despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos que causan graves daños al patrimonio del Estado; la reducción de remuneraciones y la prohibición de trabajar en la iniciativa privada. Estos procedimientos han afectado seriamente la conducción del país y por ello, nuestro Grupo Parlamentario rechaza el dictamen y, en consecuencia, su voto va en contra”, finalizó.

El diputado Raymundo García Gutiérrez rechazó, una vez más, la nueva versión de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque reincide en omitir criterios objetivos para fijar los sueldos de los burócratas y los deja a la discrecionalidad del Ejecutivo Federal.

Señaló que la Cámara de Diputados desacata nuevamente la orden de la SCJN de subsanar los vicios que contradicen dicha Ley con la Constitución.

Los ministros instruyeron al Congreso de la Unión a considerar aspectos como funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto, especialización, riesgos de trabajo, costo de vida del lugar donde se trabaja, índice inflacionario, costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado, posibilidad de percibir otros ingresos sin que exista conflicto de interés, e independencia para minimizar la probable captura de funcionarios por los poderes económicos y políticos.

Asimismo, la SCJN ordenó considerar la integración de un órgano autónomo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen.

Sin embargo -agregó el legislador federal guerrerense-, el dictamen de hoy desatiende todo ello o siquiera elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías para la remuneración del titular del Ejecutivo Federal -que se tomaría como parámetro- y, peor aún, las de otros servidores públicos.

De hecho, precariza aún más el trabajo burocrático, ya de por sí disminuido por políticas de austeridad irracional, la sustitución de miles de servidores públicos por inexpertos que causan graves daños al patrimonio del Estado, la reducción de las remuneraciones y la prohibición a los despedidos de trabajar en el sector privado.

“Al no fijarse estos criterios, se permite que el parámetro referencial —salario presidencial— se fije de manera discrecional, causando incertidumbre y generando, precisamente, el efecto que se pretendió abatir: la arbitrariedad en la fijación del sueldo burocrático”, enfatizó García Gutiérrez.

Por tanto, este dictamen desacata a la SCJN y, lejos de resolver el problema, lo regresará a ella, con lo cual una vez más se pondrá en tela de juicio el trabajo legislativo de esta Cámara de Diputados.

“Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD no será cómplice de esta simulación. Votamos en contra de este dictamen porque es omiso, porque no obedece al mandato constitucional y porque no contiene lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia”. -0-