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Nota N°. 11231 Propone Verónica Juárez más tiempo para expedir ley reglamentaria sobre revocación de mandato
  • Hacerlo en las actuales circunstancias es “legislar al vaporâ€, considera la coordinadora de la bancada del PRD
  • En el encuentro del grupo “Rebeldes con Causa†se pronuncia porque la comunidad internacional proteja a mujeres afganas y sus derechos

 

Palacio Legislativo, 19-08-2021 (Notilegis).- La diputada Verónica Juárez Piña. coordinadora de la bancada del PRD aseguró que se requiere más tiempo para crear y expedir la Ley Federal para la Revocación del Mandato, y que hacerlo en un periodo extraordinario en lo que resta de la actual Legislatura, sería de forma atropellada y “al vaporâ€.

 

A través de un comunicado, dijo que durante el conversatorio del grupo “Rebeldes Con Causa†con diputadas de otros grupos parlamentarios, indicó que el dictamen actualmente en discusión en la Comisión Permanente -la facultada en el actual receso legislativo para convocar a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión- sólo atiende a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere.

 

Agregó que, sin embargo, había otras iniciativas que fueron ignoradas y que en sí la consulta implica diversos problemas, como el carecer al momento de un presupuesto para su realización y los tiempos previstos en la Constitución para hacer cualquier consulta.

 

Consideró necesario que, además de expedir la mencionada Ley, se reformen otros ordenamientos, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Añadió que al momento no hay claridad de cómo se solventarán diversos problemas no sólo de la realización de la consulta, sino también los que derivarán de sus resultados.

 

Es decir, si el resultado es que se debe remover al titular del Ejecutivo Federal, se ignora al momento si eso se puede impugnar y ante quién, o quién y cómo sustituiría al actual Presidente de la República.

 

Agregó que incluso, en este caso, hay riesgo de que uno de los poderes de la Unión representara a dos, como el hecho de que el Legislativo se hiciera cargo del Ejecutivo ante la remoción del titular de éste.

 

Añadió que la revocación de mandato en sí implica el riesgo que los gobernantes y representantes sólo actúen tres años para quedar bien con la ciudadanía, pero sin objetividad para actuar en función de definiciones de gobierno y Estado.

 

“Entonces me parece que debería discutirse con mucha calma, tolerancia y apertura para tener un instrumento y que de verdad beneficie y fortalezca la participación ciudadana, que ése debe ser el fin últimoâ€, afirmó.

 

Por otra parte, en este encuentro también se pronunció porque se protejan la vida y los derechos de las mujeres afganas una vez que el grupo de los talibanes asumió el control de prácticamente todos los pueblos y ciudades de Afganistán.

 

Consideró sumamente preocupante la situación de mujeres como Zarifa Ghafari, de 29 años y reconocida internacionalmente por sus logros a favor de la ciudad Maidan Shar, de unos 50 mil habitantes y de la cual es alcaldesa, quien recién declaró que sólo está a la espera de que los talibanes vayan por personas como ella y las maten.

 

Confió en que la comunidad internacional logre protegerla y a las otras personas a las que ella se refiere, de un régimen que practica amputaciones, trabajos forzados y violaciones en agravio de las mujeres.

 

En otro tema, anunció que en breve se pondrá a disposición un documento para que lo firmen las y los interesados en apoyar la equidad de género en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

 

Cuestionó que a pesar de que las mujeres serán prácticamente el 50% de los 500 integrantes de esta Cámara en la próxima Legislatura que inicia en septiembre, se les excluya de las presidencias de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Mesa Directiva y de las comisiones relevantes, como las de Presupuesto, Hacienda y Puntos Constitucionales.

 

Demandó sustituir esa pretensión con congruencia respecto a los discursos donde los partidos dicen estar a favor de la equidad y propuso un acuerdo en el que se establezca que se debe sumar una mujer más a la Jucopo por cada grupo parlamentario en calidad de vicecoordinadora, quien tendrá derecho a voz y voto en las mismas condiciones que los coordinadores.

 

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