• La diputada de Morena impulsa un punto de acuerdo para crear una comisión especial que coadyuve con la FGR en el caso de espionaje con el malware “Pegasus”

Palacio Legislativo, 27-07-2021 (Notilegis).- La diputada federal por Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura (Morena), informó que presentará un amparo contra el Programa de Verificación Responsable, que impuso el gobierno de esa entidad federativa, y que entrará en vigor a partir del 1 agosto, ya que viola el derecho al libre tránsito.

“El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del estado de Jalisco es una medida irresponsable por representar un impacto económico a las familias de menores recursos en tiempos de pandemia, viola el derecho fundamental de libre tránsito de quienes decidan conducir o conduzcan con placas foráneas en suelo jalisciense”, dijo en rueda de prensa, en el Senado de la República, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aseguró que este recurso jurídico podrá ser utilizado por las y los conductores que deseen transitar en los límites del territorio jalisciense y cuenten con placas foráneas, lo anterior para evitar sanciones o el retiro del vehículo por no contar con el distintivo de la Verificación Responsable.

Ante esta medida impuesta por el gobierno de Enrique Alfaro, la legisladora federal consideró que poner a Jalisco en esta situación vulnerable tendrá efectos económicos y sociales que se verán cristalizados a corto y mediano plazo por lo que invitó a las y los ciudadanos que circulan frecuentemente en el Estado cuyas placas son foráneas, a recurrir al recurso de amparo como una medida de protección ante las posibles sanciones que impondrá la autoridad de esta entidad de no contar con la Verificación Responsable.

Señaló que el programa de Verificación Responsable quedó publicado desde el pasado 10 de julio de 2021 en el Periódico Oficial y establece un Pase de estancia temporal que deberá tramitar —con carácter de obligatorio— todo usuario que requiera transitar dentro de los límites de Jalisco, que cuente con placas foráneas y desee evitar sanciones o el retiro del vehículo por no contar con el distintivo que acredite que ya realizó este trámite.

Pérez Segura precisó que la legislación es clara y el artículo 11 constitucional destaca que: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

“El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”, subrayó.

Por tal motivo y al considerar que el programa de Verificación Responsable resulta limitativo y restrictivo de la libertad de tránsito, Pérez Segura explicó que el amparo que promueve será de libre acceso y estará a disposición de todas y todos los ciudadanos que quieran acceder a él por medio de una plataforma electrónica que dará a conocer.

En otro tema, la diputada jaliscience informó que impulsa un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la finalidad de crear una comisión especial que coadyuve con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relativas al caso de espionaje a periodistas, activistas sociales y opositores políticos con el malware “Pegasus”, en el sexenio pasado.

La legisladora subrayó que Gobierno Federal erogó 32 millones de dólares para la adquisición de “Pegasus” y alrededor de 300 millones de dólares para su mantenimiento, y al ponerlo en marcha violó derechos humanos.

“Es preciso que la sociedad mexicana conozca a fondo todo lo relacionado con el proceso de compra de software, su mantenimiento y también los fines que se dio a dicha información. Es necesario que exista información objetiva y pueda ser dada a conocer a la opinión pública y, sobre todo, se sancione ejemplarmente a quienes hayan realizado esa adquisición”, añadió.

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