• También de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns y la jueza de control, Alejandra Castañeda Priego, por detención arbitraria de Rogelio Franco

Palacio Legislativo, 23-03-2021 (Notilegis).- Diputadas y diputados del PRD, encabezados por su coordinadora, Verónica Juárez Piña, presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns y la jueza de control, Alejandra Castañeda Priego, por la detención arbitraria de Rogelio Franco Castán, candidato plurinominal del PRD a diputado federal.

“A esta acción que se ha estado presentando han antecedido muchas otras en virtud de que la militancia del PRD ha sido en múltiples ocasiones violentada, agredida, atemorizada, entre otras cosas”, indicó en conferencia de prensa.

Juárez Piña recordó que el pasado 13 de marzo agentes ministeriales detuvieron de manera arbitraria a Rogelio Franco Castán, a quien “acusaron en un principio de violencia intrafamiliar y que en estos días se ha dado a conocer que sí existía, pero de parte de la madre de las hijas de Franco”

“Franco Castán presenta un amparo en donde muestra que había una suspensión, en torno a la orden de aprehensión, que los ministeriales tenían consigna. Cuando se rehúsa de esta arbitrariedad lo someten y detienen, después de algunas horas se le finca un delito por ultrajes a la autoridad y ahora nuestro compañero está detenido, le dictaron ocho meses de prisión preventiva justificada, porque consideran que la presencia en libertad de Franco causa daño a la sociedad”, relató.

La lideresa parlamentaria consideró que la detención de Franco Castán es una persecución política, “nuestro compañero va en el segundo lugar del PRD de la lista plurinominal de la tercera circunscripción y al ser un político activo en Veracruz, lo que le queda a este gobierno represor, en vez de ganarnos en las urnas, es eliminar a cualquier contendiente que resulte para ellos sea peligroso”.

“Nosotros estamos presentando esta demanda de juicio político, porque creemos que los funcionarios que hemos citado han creado un clima de violencia política en contra de los perredistas y eso evita, además el ejercicio de los derechos políticos”.

Juárez Piña confió en que la Comisión de Examen Previo pueda dar el trámite correspondiente, y que en un acto de congruencia, inicie la demanda de juicio político en contra de los funcionarios en comento.

A su vez, el diputado Antonio Ortega Martínez dijo que el proceso será largo porque se requiere cumplir con los derechos, audiencias y la presentación de todos los alegatos de las partes.

“El gobernador Cuitláhuac García no tuvo imaginación y recurrió a un método viejo, que la transición democrática en nuestro país dejo atrás, de perseguir a los opositores con acusaciones falsas, ridículas y cómicas. Nosotros tendremos 100 magníficos días que nos van a servir para exhibir la incongruencia, la falsedad y un farragoso proceso para ellos”.

Por último, Juárez Piña hizo responsable a Cuitláhuac García y a su gobierno de cualquier circunstancia que pueda sufrir y ser víctima Franco Castán, en virtud de que fue trasladado al reclusorio de Amatlán de los Reyes uno de los más violentos del país, en donde se encuentra internada gente peligrosa como “El Porky” y “Sarita de Alvarado”, que detuvo en ejercicio de sus funciones, como secretario de gobierno de Veracruz.

“Me parece muy delicado, nosotros vamos a seguir manifestándonos, acudiremos a cualquier tribunal para defender a nuestro compañero. Le decimos a Cuitláhuac García que la justicia no debe ser selectiva y que lo que está haciendo a nuestro compañero se parece mucho a los que decía él combatir”.

Por su parte, Camerino Eleazar Márquez Madrid comentó que la dirección nacional ejecutiva del PRD está acompañando todas y cada una de las acciones, principalmente las político-jurídicas que tienen que ver con la liberación inmediata de Rogelio Franco.

“Nos parece aberrante la manera en que pretenden obstruir sus derechos políticos electorales ordenando una absurda detención sobre un supuesto delito, por el cual no está detenido, sino por ultraje a la autoridad, un delito que recientemente está en el Código Penal de Veracruz, que no es un delito grave y no suspende los delitos políticos electorales, la cuantía por el daño material no rebasa los 400 pesos”, apuntó.

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