- El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento señala la importancia de crear una nueva Ley General de Aguas y el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica
Palacio Legislativo, 16-10-2021 (Notilegis).- El gran reto de la LXV Legislatura será garantizar el abasto de agua potable y limpia para todos los mexicanos y sin contaminar el medio ambiente, afirmó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el diputado Rubén Muñoz Álvarez (Morena). “Uno de los temas estratégicos y más importantes para cualquier país, para su desarrollo y para darle oportunidad de crecimiento a sus regiones y municipios, es atender una nueva política pública del agua, que garantice el acceso a este recurso a todos sus habitantes”, aseveró en entrevista. En ese sentido, subrayó que la Comisión que preside tendrá la obligación de diseñar y concretar la estructura legal que ha quedado pendiente desde el 2012 que reglamenta al artículo cuarto de la Constitución Política, donde se establece que el acceso al agua es un derecho de todos los mexicanos. Ley General de Aguas Muñoz Álvarez señaló la importancia de trabajar en la revisión y diseño de una nueva Ley General de Aguas para resolver la gran demanda que tiene México actualmente y en la creación del Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica, financiado con los propios recursos que provengan de la administración del agua. “El censo 2020 arrojó que somos ya 126 millones de mexicanos y el 10 por ciento de la población nacional no cuenta con este recurso natural, por ello debemos establecer las bases jurídicas para darle agua a toda esa población de nuestro país que tiene el derecho al agua, pero carece del servicio”, apuntó. Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica Expuso que con la tasa de crecimiento que tiene México, en 25 años se incrementará la población en 50 millones más, por lo que es preciso crear el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica que permita tener agua para todos. “Pretendemos discutir la creación de este fondo con las autoridades de los tres niveles de gobierno y demostrar que de esos recursos que hoy día no se cobran por el usufructo del agua, por la explotación del recurso, se puede hacer una recuperación de entre 25 y 30 mil millones de pesos extraordinarios para fortalecer el presupuesto federal”, explicó. Añadió que el objetivo es que esos recursos extraordinarios fortalezcan la gran obra hidráulica que se dejó de hacer en los últimos 40 años, a fin de garantizar el abasto de agua para las siguientes generaciones y las distintas regiones del país. “Buscaremos fortalecer los proyectos estratégicos, revisar por qué muchos de ellos no han podido ser implementados, analizar la problemática de estados como Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, que tienen una condición de estrés hídrico y comenzar a establecer los planes hidráulicos estatales”, indicó. Asimismo, destacó, se estudiará el impacto y contaminación que generan los sectores industrial, comercial y de servicios en la administración y tratamiento del agua, y las posibles sanciones a las que podrían hacerse acreedores. Nueva política pública del agua, necesidad universal y nacional Resaltó que para el análisis, discusión y diseño del marco jurídico para la nueva política pública del agua, la Comisión que encabeza promoverá la realización de un Parlamento Abierto, pues nadie es poseedor de la verdad, además de que este tema no es de partidos, es una necesidad universal y nacional. “Tenemos que establecer este diálogo con todas las fracciones parlamentarias para enriquecer las propuestas, sin tomar posiciones extremas, poniendo a México en el centro de la preocupación, consultar a la sociedad, a los funcionarios, a la comunidad científica, académica, a los empresarios, a los expertos, entre otros”, señaló. Dijo que entre los actores que estarían convocados se encuentran la Comisión Nacional del Agua, las secretarías relacionadas con la materia, las asociaciones Mexicana de Hidráulica, Nacional de Administradores de Agua, Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, al movimiento social Agua para Todos, al Consejo Consultivo del Agua, a la comunidad científica de la UNAM, del IPN, del Colegio de México y de las universidades regionales que han expresado los distintos aspectos tiene que tener la nueva legislación. “Pretendemos proponer una nueva agenda legislativa donde primero acordemos los objetivos que nos son comunes y luego el espacio para aquellos puntos que nos generan discrepancias o desacuerdos. Diálogo, equilibrio, opinión y Parlamento abierto serán parte de la tarea que la Comisión llevará a cabo con el concurso de todas las fuerzas políticas”, finalizó. ** |
