• Proponen iniciativa para blindar financiamiento a enfermedades catastróficas, ante insistencia de Morena de utilizar los últimos fondos de salud en el PEF

Palacio Legislativo, 21-09-2021 (Notilegis).– El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) afirmó que con el pretexto de obtener recursos en la Ley de Ingresos de la Federación para 2022, el Gobierno Federal y Morena nuevamente quieren saquear el Fondo de Salud que garantiza la atención de enfermedades graves y costosas para la población sin seguridad social.

Por medio de un comunicado, señaló que en un artículo transitorio en la Ley de Ingresos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se establece que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) va a transferir a la Tesorería de la Federación los remanentes de este fideicomiso.

Indicó que si se considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que se tienen acumulados 66 mil millones de pesos en dicho instrumento financiero al segundo trimestre de 2021, la afectación para los mexicanos sería desastrosa, nos podríamos quedar sin dinero para el tercer nivel de atención.

Los recursos acumulados en el fondo de salud, 66 mil millones de pesos, se han convertido en el botín que el Gobierno Federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familiasmexicanas, señalan legisladoras y legisladores del PAN y PRI en una iniciativa que presentaron en la Cámara de Diputados.

Diputados encabezados por Éctor Jaime Ramírez Barba del PAN, Frinné Azuara del PRI, además de la bancada del PAN de Guanajuato: Villarreal García Ricardo, Valenzuela González Carlos Alberto, Romero Hicks Juan Carlos, Cifuentes Negrete Román, Espadas Galván Jorge Arturo, Arriaga Rojas Justino Eugenio, Balderas Hernández Itzel Josefina, Esquivel Arrona Ana María, González Márquez Karen Michel, Gutiérrez Valtierra Diana Estefanía, Mandujano Tinajero Esther, Montes Estrada Berenice, Núñez Cerón Saraí, Torres Graciano Fernando y Tovar Vargas José Salvador, presentaron una iniciativa que modifica la Ley General de Salud, para blindar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, prohibiendo que se utilice en otros fines distintos a la atención de enfermedades y exigir una mayor transparencia de su uso.

Hacienda debe explicar cuánto dinero le van a quitar a este fondo que garantiza medicamentos y tratamientos a quienes no cuentan con afiliación a una institución de seguridad social; o si de plano piensan usar la totalidad de la reserva y liquidarlo, como ya hicieron con cientos de fideicomisos, como el FONDEN, el año pasado, cuestionaron las y los legisladores de oposición.

En el Paquete Económico de 2022 el Gobierno Federal presume un incremento de gasto para la Secretaría de Salud en 27.6% en términos reales, sin embargo, sería un grave retroceso si para alcanzar esta cifra se compromete el patrimonio del país a futuro y nos quedamos sin recursos para atender a la población sin seguridad social en los próximos años, como todo indica va a suceder, por la irresponsabilidad y ambición de Morena en el manejo de los fideicomisos.

Con el Seguro Popular el propósito de este fondo era garantizar el financiamiento de enfermedades como los cánceres infantiles y el cáncer de mama. Sin embargo, con la reforma de Morena al sistema de salud de 2019, este fondo se ha convertido en la “caja chica” del Gobierno Federal para obtener recursos adicionales de manera fácil.

En 2019 le quitaron 40 mil millones de pesos al Fondo cuando se creó el Insabi, en 2021 otros 33 mil millones en el Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso. Por lo que el Ejecutivo Federal ha tenido transferencias extraordinarias de hasta 73 mil millones de pesos, cuyo origen es el patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar.

Sin embargo, no hay resultados, con el proceso de desaparición del Seguro Popular muchos enfermos tienen que pagar para atenderse y muchos otros fallecieron sin haber recibido el tratamiento por la falta de financiamiento.

Sepultada quedó la promesa del Presidente de cobertura universal, el Insabi no cubre ni aquello que sí garantizaba el Seguro Popular; con éste había garantía de atención a 66 enfermedades, las más graves y frecuentes en la población (cánceres, infartos, enfermedades respiratorias, atención a la primera infancia).

Hoy, con la 4T, la atención, incluso para población vulnerable como los niños con cáncer, disminuyó dramáticamente, dijo el diputado Ramírez Barba.

El Presidente se había comprometido a cubrir al menos 33 enfermedades más con recursos de este Fondo, pero solo ha entregado dolor y muerte a los pacientes; no hay una sola intervención médica adicional en este gobierno.

En todo el país hay 66.7 millones sin seguridad social que deberían estar atendidas por el Insabi y con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. ¿Qué va a pasar con esta población cuando se terminen los recursos que Morena derrocha?, cuestionó.

En reiteradas ocasiones el Ejecutivo Federal ha intentado eliminar este Fondo para utilizarlo con fines discrecionales, pero la oposición lo ha detenido. Por ello, esta reforma pretende blindar los recursos del Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar para que no se utilicen para otros fines que la atención a enfermedades y exigir una mayor transparencia de su uso.

Se establece que el Insabi debe presentar semestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre los recursos acumulados del patrimonio del Fideicomiso. Además, la Auditoría Superior de la Federación iniciará los procedimientos de responsabilidades administrativas, penales u otras que correspondan, ante posibles

desvíos.

Por otra parte, para garantizar su sostenibilidad financiera, el Gobierno Federal aportará anualmente al fondo, al menos, una cuota social por cada persona sin seguridad social para garantizar su atención; ello garantizaría recursos disponibles por cada persona beneficiaria del Insabi.

El Fondo de Salud estaría obligado a mantener los recursos necesarios para garantizar el financiamiento de la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos para un periodo de cinco años, por lo que no podrá ser la “caja chica” del Gobierno Federal. Además, se propone que se amplié en 33 nuevos padecimientos el catálogo de enfermedades cubiertas.

-0-