• Señala que se garantiza autonomía constitucional del organismo electoral que se propone; en la integración del eventual Instituto Nacional de Elecciones y Consultas el Poder Legislativo Federal ya no tendría participación
• Propone la reducción del número de consejeras y consejeros electorales, para pasar de 11 a siete, mismos que serían elegidos por voto directo de la ciudadanía. Durarían en su cargo seis años, y no nueve. Además, no podrán ser reelegidos
• Plantea que para hacer válida una consulta sobre revocación de mandato deberá haber una participación de, por lo menos, 33 por ciento de los electores, y no del 40 por ciento como actualmente está establecido

Palacio Legislativo, 29-04-2022 (Notilegis).- La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados ayer jueves, entre otros aspectos, garantiza la autonomía constitucional del nuevo organismo electoral que se propone crear: el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

De acuerdo con el documento, ese instituto sustituiría plenamente al Instituto Nacional Electoral y sería la única autoridad administrativa electoral del país, absorbiendo las funciones de los organismos públicos locales electorales (OPLE), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales del país.

La iniciativa presidencial reforma los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Carta Magna.

Estipula —en el Apartado A de la fracción V del artículo 41— que “el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es un organismo público autónomo, en los términos que establezca la ley, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los partidos políticos nacionales y la ciudadanía�.

Con dicha redacción se excluye al Poder Legislativo Federal de la integración del INEC. Actualmente ese Poder forma parte del INE.

Se indica que la austeridad será otro principio rector en el ejercicio de la función del nuevo organismo electoral, junto a los que ya están reconocidos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En ese sentido, propone la reducción del número de consejeras y consejeros electorales, para pasar de 11 a siete, mismos que serían elegidos por voto directo de la ciudadanía. Durarían en su cargo seis años, y no nueve. Además, no podrán ser reelegidos.

Las y los candidatos a consejeros electorales serán propuestos por los tres Poderes de la Unión de forma paritaria. El Poder Ejecutivo postulará 20 personas; el Poder Legislativo, también 20, y el Poder Judicial, otras 20. No se señalan candidaturas independientes para este caso.

Para el caso de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se indica que estos también serán electos por voto popular, y sólo durarán seis años en su cargo, en lugar de nueve.

Las candidaturas también serán propuestas por los tres Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo postulará a 10 personas; el Legislativo, 10, y el Judicial, otras 10. Tampoco se mencionan las candidaturas independientes.

La iniciativa del Ejecutivo también propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias, y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes.

El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral con la fórmula actual de distribución del dinero. De acuerdo con la iniciativa, esto representa una disminución del 66 por ciento del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta.

Sobre el tema de la consulta sobre revocación de mandato, la iniciativa plantea que para hacer válida un ejercicio de ese tipo deberá haber una participación de, por lo menos, el 33 por ciento de los electores, y no del 40 por ciento como actualmente está establecido.

Se plantea la reducción de diputados y senadores, mediante la eliminación del número de las y los legisladores plurinominales. La Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, en lugar de 500, y el Senado de la República quedaría integrado por 96 escaños, en vez de 128.

También se eleva a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto.

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