Palacio Legislativo, 22-01-2022 (Notilegis).- La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) aseveró que es urgente que el Gobierno de Nuevo León instrumente los mecanismos necesarios para garantizar que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a la población.

En un comunicado dijo que a pesar de que en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana del estado hubo una disminución notable de la movilidad durante la contingencia del Covid-19, hasta en un 60 por ciento, ésta no se reflejó en una baja de la contaminación, como lo reportan las cifras de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, por lo que habría que replantear las fuentes que la generan, como las pedreras, la refinería de Cadereyta y las termoeléctricas, entre otras.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recordó a través de un punto de acuerdo que las pedreras, empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción, cuentan con una problemática muy clara:

“La cantidad de contaminantes que vierten en el aire; el uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y contaminan el suelo; no hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar, además de que están devastando las montañas de Nuevo León. Las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región”, aseguró.

Otro aspecto que llama la atención en torno a las pedreras, dijo Guerra Castillo, es que si bien hay 48 con registro oficial en Nuevo León, la Asociación de Extractores de Caliza de la entidad tiene agremiadas a 65 empresas, lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.

Asimismo, la propuesta presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señala que el llamado “impuesto verde”, impulsado por el Ejecutivo del estado, el cual entró en vigor el primer día del 2022, con la finalidad de gravar las actividades contaminantes de las empresas y destinarlo a mitigar el daño ecológico que causan, así como incentivarlas para que inviertan en tecnologías y prácticas que sean amigables con el medio ambiente en vez de pagar el impuesto, no ha funcionado en el caso de las pedreras.

“En un acto de total abuso, estas empresas decidieron encarecer sus productos para que el consumidor final sea quien verdaderamente pague el ‘impuesto verde’. Si consideramos que las pedreras venden materiales de construcción, el aumento en el precio de estos productos ha provocado que las viviendas se encarezcan y que el ciudadano de a pie termine pagando un impuesto que le corresponde a quienes contaminan el medio ambiente y que además le provocarán afectaciones a la salud, las cuales terminarán siendo atendidas por los servicios de salud del estado y con recursos del gobierno”.

Por lo anterior, urge que las autoridades competentes del Gobierno de Nuevo León actúen inmediatamente para garantizar que el “impuesto verde” sea cubierto por las empresas contaminantes, mas no así por los ciudadanos y los sectores más vulnerables de la población, que de manera directa ya constatan una afectación en su economía con el aumento de precios en los materiales para construcción.

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