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comunicaciónsocial
Nota N°. 3125 Pide PRD sancionar a personal de reclusorios que atente contra integridad sexual de familiares de internos
  • La diputada Fabiola Rafael Dircio presenta un punto de acuerdo ante la Comisi贸n Permanente del Congreso de la Uni贸n

 

Palacio Legislativo, 07-07-2022 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD, a trav茅s de la diputada Fabiola Rafael Dircio, exigi贸 que se sancione al personal de Centros de Readaptaci贸n Social federales, estatales y municipales que incurran en delitos contra la integridad sexual de gente privada de su libertad y/o sus familiares.

 

En un comunicado, la legisladora inform贸 de la presentaci贸n de un punto de acuerdo ante la Comisi贸n Permanente del Congreso de la Uni贸n para que 茅sta haga un exhorto en ese sentido a las secretar铆as de Gobernaci贸n (Segob), y de Seguridad y Protecci贸n Ciudadana (SSPC), as铆 como al 脫rgano Administrativo Desconcentrado Prevenci贸n y Readaptaci贸n Social, y a la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN).

 

Asimismo, propone se exhorte a la Subsecretar铆a de Derechos Humanos, Poblaci贸n y Migraci贸n, de la Segob; al 脫rgano Administrativo Desconcentrado Prevenci贸n y Readaptaci贸n Social, y a la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que elaboren e implementen, a la brevedad, un protocolo de prevenci贸n, atenci贸n y sanci贸n de delitos contra la integridad sexual de las personas privadas de su libertad y/o de sus familiares.

 

La legisladora federal por Guerrero sostuvo que dentro de los reclusorios hay delitos perpetrados en contra de familiares de los internos, en particular contra las mujeres que los visitan, quienes sufren violencia sexual y psicol贸gica por parte de custodios y/o directivos de los centros penitenciarios, incluso de otros internos que, como mecanismo de extorsi贸n y ante la falta de recursos econ贸micos, utilizan la violencia sexual contra las parejas, madres, hijas o visitantes mujeres de otros internos.

 

鈥淟as vejaciones que sufren van desde obligarlas a desnudarse, asumir posturas forzosas, revisi贸n en sus genitales, o abuso sexual, y en algunos casos violaciones.

 

鈥淨ueremos que se atienda el tema y se haga eco en favor del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en cualquier parte de su proceso, sobre todo para garantizar ese respeto a las mujeres que los visitan y han sufrido vejaciones a su intimidad. Y decirles que denuncien, que en el Grupo Parlamentario del PRD estamos para apoyarlas y mi oficina estar谩 disponible para darles acompa帽amiento鈥, abund贸.

 

Rafael Dircio tambi茅n alert贸 que, en alguna de las etapas de su proceso penal, 36 de cada 100 personas privadas de su libertad son v铆ctimas de, al menos, un acto de corrupci贸n.

 

De dicho porcentaje, 17 de cada 100 han sido transgredidas al interior de los centros penitenciarios, siendo Estado de M茅xico, Ciudad de M茅xico, Guerrero y Puebla las entidades federativas m谩s se帽aladas por actos de corrupci贸n; seguidos de Michoac谩n, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo e Hidalgo.

 

Lo anterior, especific贸 la perredista, fue evidenciado en diciembre de 2021 en la Encuesta Nacional de Poblaci贸n Privada de la Libertad 2021, efectuada por el Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a (Inegi).

 

A nivel nacional, de acuerdo con la encuesta referida, casi 90 de cada 100 pagos ilegales para obtener un bien o servicio dentro de un centro penitenciario fueron entregados a los custodios, y el 96.4 por ciento de la poblaci贸n total que pag贸 por ello no present贸 queja o denuncia ante las autoridades. El 33.6 por ciento no denunci贸 ya que se considera a la corrupci贸n una 鈥減r谩ctica com煤n鈥 y un 29.9 por ciento por miedo a represalias.

 

La legisladora perredista enlist贸 algunos de los servicios m谩s recurrentes por los que los presos deben pagar al interior de las c谩rceles, entre los cuales destacan: pago por pase de lista (en un 55 por ciento), por agua potable (31.9 por ciento), medicamentos (30 por ciento), comida (21.6 por ciento), utilizar mingitorios y regaderas (18.1 por ciento).

 

Destac贸 que es obligaci贸n y responsabilidad de las autoridades encargadas de los 447 centros penitenciarios del pa铆s dotar a la poblaci贸n privada de su libertad de dichos servicios b谩sicos. Las 447 c谩rceles se distribuyen en cinco federales, 330 estatales, 103 municipales y nueve del Gobierno de la Ciudad de M茅xico.

 

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