• Señala la diputada Mirza Flores que el objetivo es que los servidores y servidoras públicas estén obligados a observar y mantenerse actualizados en esa materia
• Informa que la iniciativa fue presentada por la ex diputada Fabiola Loya Hernández, ahora subsecretaria de Derechos Humanos de Jalisco

Palacio Legislativo, 15-03-2022 (Notilegis).- La diputada Mirza Flores Gómez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MC, afirmó que la “Ley Fátima” establece la necesidad de obligar la capacitación con perspectiva de género de las y los servidores públicos en todos los niveles de gobierno, especialmente en la atención de denuncias.

En conferencia de prensa con diputados de su bancada, la abogada del caso de Fátima, Ana Katiria Suárez Castro y familiares de la menor, y Fabiola Loya Hernández, ex diputada federal y subsecretaria de Derechos Humanos de Jalisco, Flores Gómez indicó que ésta última fue la proponente de dicha iniciativa la legislatura pasada.

“El pasado 8 de marzo, aquí en la Cámara de Diputados, se logró aprobar en consenso una iniciativa importante que presentó la subsecretaria de Derechos Humanos de Jalisco, antes diputada, Fabiola Loya. Rescatamos la importancia de esta necesidad de la capacitación de servidoras y servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno, sobre todo en la atención de delitos contra niñas, niños y mujeres en el país”.

Detalló que se aprobó una adición al primer párrafo del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia e igualdad de género para la efectiva aplicación de dichos principios.

A su vez, Loya Hernández explicó que la iniciativa se creó por una necesidad imperante de establecer la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género en todos los niveles de gobierno.

Recordó que el 11 de febrero de 2020 asesinaron a Fátima, “una niña que hubiera podido ser salvada si existiera la obligatoriedad en todas las leyes de manera armónica la perspectiva de género”.

Comentó que contactó a la señora Sonia, tía de Fátima, quien después de tres días encontró el cuerpo de la menor, “gracias a que ellos estuvieron moviendo el sistema, porque no se mueve el día de hoy sino está en la obligatoriedad de las leyes, estuvimos en pláticas con ella y su familia para hacer un análisis de ese caso y nos dimos cuenta que hay una violación sistemática de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres al momento de haber una denuncia”.

Loya Hernández refirió que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), hay 93 mujeres que no se atreven a denunciar de cada 100, porque “son revictimizadas en el momento de llegar a la instancia conducente a hacer la denuncia correspondiente porque no hay sensibilidad, perspectiva de género ni de derechos humanos”.

Por su parte, Sonia, tía de Fátima, señaló que si los servidores públicos hubieran cumplido con su deber la niña no hubiera sido torturada, violada y asesinada.

“El problema que tenemos es real y se llama feminicidio, y quiere decir que todos los días nos matan, que no importa el lugar, la edad ni las circunstancias; como Fátima, por desgracia hay muchas más y hoy nosotros somos una familia que ha luchado desde que desapareció no solo para encontrar justicia, sino para que esta ida en muerte no la viva ninguna persona más en México”, expresó.

Finalmente, Ana Katiria Suárez Castro, la abogada del caso de Fátima, consideró que es una necesidad colocar en esta reforma de ley en un ámbito vinculativo; esto quiere decir que tengamos forma de exigirle que cumplan con esta capacitación y sensibilización para poder tener casos de violencia de género, una niña es una mujer.

“Ante autoridades carentes de sensibilidad en la perspectiva de género, que es un problema social, no podemos suponer que ningún funcionario o funcionaria pública tiene en su interior la voluntad de ejercer dichas facultades, que su encargo les encomienda solamente con su voluntad, porque ya vimos que no es así. Tenemos juezas y jueces que no saben todavía cómo emitir una frase de lo que significa juzgar o investigar con perspectiva de género”, concluyó.

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