• De enero a marzo de 2022 se han registrado desplazamientos forzados en Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Chiapas; casi 20 mil personas de 42 municipios, fueron desplazadas de julio a diciembre de 2021, y en cinco de estas seis entidades la principal causa fue el crimen organizado, señala el diputado Miguel Ángel Torres
• Desde abril del 2019, el Senado de la República mantiene detenida una reforma al Código Penal Federal aprobada por Cámara de Diputados para tipificar como delito el desplazamiento interno forzado e impone pena de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien incida en dicha infracción, afirma

Palacio Legislativo, 31-05-2022 (Notilegis).- El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de Derechos Humanos y gobiernos locales, a elaborar un diagnóstico y se desarrolle un “Plan Nacional” para frenar el desplazamiento forzado motivado por la violencia en México.

A través de un comunicado, el legislador federal por Zacatecas indicó que con base en monitoreos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), tan solo de julio a diciembre de 2021 19 mil 716 personas fueron desplazadas de sus tierras en 42 municipios de Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Chiapas, por causa del crimen organizado en cinco de esos estados. Para este año, se tienen indicios de siete desplazamientos nuevos en territorios de esas entidades durante el periodo enero-marzo.

Indicó que aun cuando la problemática ha sido reconocida por el Estado mexicano, se carece de una radiografía, un diagnóstico real del problema. Menos aún, precisó, hay un registro nacional de desplazados ni políticas para frenar el fenómeno.

“Además de ser una violación autónoma de derechos humanos por impedir la garantía de circular libremente y elegir el lugar de residencia, el desplazamiento interno forzado implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, argumentó y citó datos del INEGI que, en su Censo de Población y Vivienda 2020 incluyó una pregunta sobre el motivo de la migración de las personas que cambiaron de municipio o estado en el país en los últimos cinco años.

El censo concluyó que 251 mil 513 personas lo hicieron por la “inseguridad delictiva o violencia del país”, en tanto que 24 mil 175 personas cambiaron de municipio o estado por causa de los desastres naturales,

“Diversas organizaciones exponen que la inseguridad y la violencia a raíz de la fallida guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, se ha mantenido en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la política bipolar de “abrazos y no balazos”, por un lado, y la militarización de la Guardia Nacional, por el otro, de lo cual se ha generado un éxodo de casi 350 mil mexicanos obligados al desplazamiento forzado en México”, planteó.

“La CMDPDH agrega que este desplazamiento forzado a causa de la violencia tiene como focos principales los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, entidades donde operan los cárteles de Jalisco Nueva Generación, del Pacífico, y la Familia Michoacana. Sin embargo, el problema también se está manifestando cada vez más en Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Durango y Coahuila”.

Lo grave, afirmó, es que instancias como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) carecen de una radiografía, un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno, ni hay un plan nacional para atender a estos cientos de miles de mexicanos que, en muchos casos, cruzan la frontera norte para huir de la violencia imparable e impune que tenemos.

El legislador recordó que desde el 10 de abril del 2019 la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado de la República una reforma al Código Penal Federal para tipificar el desplazamiento interno forzado como delito, pero dicha minuta se mantiene sin dictaminar ni aprobar.

En ella se impone una pena de “seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien incurra en el delito de desplazamiento forzado interno, que consiste en ocasionar que una persona o grupo de personas abandonen su lugar de residencia, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo.”

Asimismo, citó que el 29 de septiembre del 2020 la Cámara de Diputados aprobó igualmente una reforma con Proyecto de Decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual también se encuentra en espera de dictaminar y aprobar en el Senado de la República.

Ambas, concluyó, “son reformas importantes para tipificar y sancionar a los grupos delictivos que violentan las comunidades y que obligan a huir a sus habitantes; las cuales se fortalecerían con una ley general para obligar al Estado mexicano atender esta triste e impune realidad, de ahí la importancia de nuestra propuesta”, citó.

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