• Adriana Bustamante considera que se necesita ejecutar acciones para prevenir el impacto ambiental en los territorios donde hay minas y establecer estrategias con información científica traducidas en una propuesta legislativa para prevenir impactos económicos y sociales

Palacio Legislativo, 31-05-2022 (Notilegis).- La diputada Judith Tánori Córdova (Morena) afirmó que es necesario realizar una legislación para que la industria minera asuma sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales.

Durante la presentación del informe “Y después de la mina ¿qué? Hacia una política sobre cierre de minas”, indicó que dicho documento tiene el objetivo de dialogar y definir las acciones para realizar un análisis y legislar en la materia.

Tánori Córdova indicó que el informe analiza las leyes actuales en materia minera y visualiza la problemática de la falta de una política de cierre de minas, los riesgos que existen, por ello examina las regulaciones internacionales, con el fin de que “quienes generamos leyes tengamos una base para empezar a partir de las experiencias externas en nuestra realidad”.

Señaló que es necesario realizar una ley integral en la materia, que beneficie a las personas que vivan cerca de una mina, que genere conciencia para que los procedimientos de cierre de minas comiencen incluso antes de los permisos para la explotación minera; los trabajos de remediación deben ser evaluadas por las autoridades atravesando las etapas de la exploración de una mina.

La legisladora por Sonora expuso que en México la minería metalúrgica representa una de las actividades más importantes en materia económica, ya que contribuye con el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se ubica entre los 10 principales productores de 17 diferentes minerales.

Sin embargo, dijo que hablar sobre la minería como una de las actividades económicas más importantes del país implica necesariamente hacer una revisión de la regulación integral a estas actividades extractivas y reconocer que las deficiencias legislativas han convertido a dicha actividad en una de las principales causales de emergencias ambientales y sociales en el país.

Recordó que en los 90 se realizaron modificaciones que cambiaron la legislación de forma negativa en materia ambiental, económica y social.

Por lo anterior, reiteró que se requiere una legislación que permita el desarrollo económico, al tiempo que garantice a la población el pleno ejercicio de su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar que garantice la salud y trabajo.

Resaltó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha otorgado ninguna concesión a empresas mineras y se ha impulsado una ley para que no puedan poseer áreas protegidas.

Refirió que durante los años del neoliberalismo, la minería tuvo importantes cambios legislativos que impactaron de manera negativa en los derechos de las y los mexicanos, así como en las obligaciones gubernamentales y empresariales involucradas en la industria minera.

Mencionó que el país requiere una legislación que permita el desarrollo económico “al tiempo que garantice a la población el pleno ejercicio de su derecho a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

Adelantó que ya se está trabajando en una iniciativa en materia de cierre de minas a partir de diversas investigaciones realizadas por la CEPAL y de legislaciones internacionales. Además de contar con la colaboración de diversas dependencias y sociedad civil especialistas en la materia.

“En concordancia con los principios de la 4T, tenemos que garantizar legislativamente una minería con prioridades y principios sociales, que garanticen el bienestar medioambiental, laboral y económico de trabajadores y comunidades aledañas”, apuntó la legisladora.

Por su parte, la diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena), coordinadora temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la bancada, consideró que se necesitan ejecutar acciones para prevenir el impacto ambiental en los territorios donde hay minas y establecer estrategias con información científica traducidas en una propuesta legislativa para prevenir impactos económicos y sociales.

Aseguró que las diputadas y diputados de su grupo “estamos para avanzar en estos temas y proteger nuestro medio ambiente, ya que es imprescindible incluir principios de derecho ambiental, como son la prevención, precaución y el concepto del que contamina paga y remedia, porque no podemos dejar en un tema de multas”.

Explicó que la instalación de una mina significa la transformación de estilos de vida, por lo que se requiere realizar acciones para mitigar los impactos que afectan de manera importante el estilo de vida de las poblaciones, “no podemos permitir que el cierre de mina sea un sinónimo de indiferencia, impunidad para nuestras comunidades”.

Dijo que actualmente la legislación ambiental contempla que las empresas deben de presentar un programa de cierre que debe restaurarse y remediar el sitio, pero “la realidad es que en la legislación minera se omite este paso muy tramposamente que estamos dispuestas a revertir avasalladoras de los derechos humanos y poblaciones indígenas”.

Refirió que actualmente hay 503 proyectos mineros de explotación, 46 de exploración, 49 en desarrollo y el 12 por ciento de la superficie del país esta concesionado solo en el tema de minería, sabemos que hay estados que tienen concesionado el 40 por ciento de su territorio.

Refirió que México tiene un potencial minero muy importante, por lo que se deben tomar acciones sobre las profundas transformaciones ambientales que la minería implica como corrupción, daño ambiental y muerte.

Agregó que hablar de cierre de las minas es hacerlo de la última fase de un proyecto minero, en el que no se tiene una adecuada definición y regulación en el marco jurídico.

Por ello mencionó, es importante avanzar en estos temas y proteger el medio ambiente, así como incluir principios de derecho ambiental, como es la prevención.

“Necesitamos ejecutar acciones para prevenir este impacto en nuestros territorios y establecer estrategias. Que contemos con información científica, y traducir esto en una propuesta legislativa que muchos diputados vamos a defender en beneficio de los mexicanos”, expresó la diputada.

Finalmente, consideró que se debe crear un grupo de trabajo en la materia para realizar cambios en leyes y normas.

Por su parte, Dolores Rojas Rubio, fundadora de Heinrich Boell, indicó que en dicho informe se analizó de qué va, cómo afecta, cómo se puede regular, detener y palear los impactos negativos que deja la minería en México.

Señaló que el documento arrojó que hay un vacío en la normatividad para la minería ya que es laxa, pues “las empresas han quedado a deber en cuestión ambiental y cuando dejan las minas se olvidan de todo, por lo anterior se acercaron vía las asociaciones de la sociedad civil a los territorios donde hay dichas excavaciones, a fin de conocer los impactos sociales y ambientales”.

Letizia Silva, de Engenera, expuso que se deben normar las fases de las que se compone la minería como la prospección (exploración del terreno para descubrir la existencia de yacimientos), exploración, explotación, beneficio, limpieza del mineral y el cierre, ciclo que se ha normalizado, pero que se debe regular para evitar el deterioro social, ambiental y territorial.

Asimismo, dijo que en el informe se propone realizar una metodología para el cierre de las minas como informes periódicos, visitas de inspección que hace Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportes, planes de cierre respecto del impacto ambiental y monitoreo de los informes de las empresas, entre otros.

Letizia Silva comentó que en el documento se analizó qué sucede con el cierre y abandono de las minas en corto, mediano y largo plazo, el cual arrojó que los lugares donde hay dichas excavaciones tienen residuos tóxicos que no permiten que sobreviva nada y nadie se hace responsable de ello.

Detalló que el cierre de las minas o la no actividad no se ha regulado, por lo que las empresas pueden realizar prospección en diversos puntos del territorio sin importar las afectaciones por la falta de normas.

Finalmente, explicó que las recomendaciones según dicho informe es realizar un diagnóstico del impacto ambiental por la actividad minera, evitar la proliferación de pueblos fantasma, involucrar a las universidades y centros de investigación en sus planes de estudios que tengan que ver con la ingeniería de minas, además de otras disciplinas para realizar un cierre integral de mina tomando en consideración cuestiones de temas sociales.

Mario Martínez Ramos, ingeniero y testimonio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comentó que la corrupción que generaron las empresas mineras en 2010, desaparecieron dicho cerro por medio de la Minera San Xavier, la cual extraía oro y plata, y también puso en riesgo el patrimonio histórico, pese a los logros jurídicos de los defensores del medio ambiente y cultural de la entidad.

Por lo anterior, reiteró que se tiene que legislar en materia del cierre de minas más actualizada y eficiente, a fin de que sea planificado y sin afectaciones a los habitantes de la zona de la extracción.

Además, consideró que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente es obsoleta, porque no contempla normatividades en la materia, por lo que se requiere actualizar, a fin de proteger las zonas donde se realizan actividades mineras.

Finalmente, Aleida Azamar, de Hacia la transformación de la ley minera Comentarios Colectiva Cambiémosla YA, consideró que se debe modificar la legislación, porque no se garantiza el bienestar público, violenta los acuerdos nacionales e internacionales, entra en conflicto con la Constitución, no considera la consulta ciudadana, no se hacen análisis previos de la exploración, entre otros aspectos.

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