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Bolet√≠n N°. 3310 Avalan aumento de multas por posesi√≥n, portaci√≥n y acopio ilegal de armas de fuego
  • Respecto a este tema, desde 1972 no se hab√≠a reformado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
  • Evoluci√≥n de din√°micas delictivas obliga actualizaciones legales

 

01-04-2014.- Con el objetivo de prevenir su uso indebido en territorio nacional y salvaguardar la seguridad p√ļblica, la C√°mara de Diputados aprob√≥ con 386 a favor, 22 abstenciones y un voto en contra, aumentar las multas por posesi√≥n, portaci√≥n, acopio, fabricaci√≥n e importaci√≥n ilegales de armas de fuego, cartuchos y explosivos.

 

Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para especificar las ilegalidades de aquellas exclusivas para uso de las fuerzas del orden nacional y de las que no están calificadas como tales, así como de los actos irregulares vinculados con ambas.

 

En la fundamentaci√≥n del dictamen, el diputado Genaro Ru√≠z Arriaga (PRI) destac√≥ que desde la expedici√≥n de esta ley, en 1972, √ļnicamente se han hecho reformas para tipificar nuevas conductas como delitos; sin embargo, ‚Äúlas diversas sanciones establecidas en ella, la pena corporal y la sanci√≥n pecuniaria, se han mantenido iguales‚ÄĚ.

 

En ese sentido, ‚Äúla evoluci√≥n de las din√°micas delictivas requiere de cambios y actualizaciones legales para enfrentarlas con mayor eficacia, pues se afecta o pueden afectar bienes jur√≠dicos fundamentales para las personas, como son la vida y la seguridad‚ÄĚ, sostuvo.

 

Afirmó que existe evidencia de que la propagación de armas tiene impacto negativo en la seguridad, en los derechos humanos y sociales, y en la vida de las personas, sobre todo en zonas con elevados niveles de criminalidad y violencia, además de que el tráfico de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto para las instituciones del orden.

 

Asimismo, subray√≥ la necesidad de revisar las sanciones econ√≥micas dispuestas en la ley, toda vez que con motivo de la amplia disponibilidad de armas de fuego en poder de los particulares, inclusive para su propia seguridad, los √≠ndices de criminalidad aumentan, ‚Äúm√°xime que las sanciones en materia de portaci√≥n de armas son de poca cuant√≠a, con relaci√≥n al da√Īo que pueden provocar a la sociedad‚ÄĚ.

 

El dictamen, elaborado por la Comisión de Defensa Nacional, surge de la minuta enviada por el Senado de la Republica para reformar los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se conservan las penas carcelarias especificadas, pero aumentan las sanciones pecuniarias conforme a lo siguiente:

 

Se precisó una multa de hasta 120 días de salario mínimo a quienes posean armas sin haberlas declarado ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los que almacenen armas, cartuchos o municiones en lugares no autorizados, y a quienes posean cartuchos en cantidades superiores a lo debido.

 

Las sanciones respecto a las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, serán: de 60 a 720 días de multa a quien las porte sin el permiso correspondiente, de 40 a 600 días a quien las posea en tales condiciones, y de 360 a 720 a quien acopie de igual forma armas de la misma categoría. El rigor de la multa dependerá del tipo de artefacto involucrado.

 

Para el caso de las que no son de uso exclusivo de las fuerzas de la defensa nacional, se establecen sanciones de 120 a 240 días de multa -dependiendo del tipo-, a quien las porte sin tener la licencia correspondiente.

 

Se multar√° de 60 a 180 d√≠as al funcionario p√ļblico que no informe cuando asegure o recoja un arma ilegal, y de 180 a 720 d√≠as a quien, obligado por sus funciones, no evite la introducci√≥n al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ej√©rcito, Armada y Fuerza A√©rea.

 

Una sanción de hasta 720 días de multa a quien participe en la introducción clandestina de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y de 180 a 360 a aquellos que cometan el mismo ilícito con armas que no sean de esta categoría.

 

A los comerciantes que no comprueben la procedencia legal de las armas, municiones y explosivos que venden, se les aplicará una multa de 100 a 500 días, y a quienes fabriquen, exporten o hayan hurtado armas de las fuerzas de la seguridad y de la defensa nacional, de 250 a 650 días.

 

Por √ļltimo, se impondr√° una sanci√≥n de 50 a 300 d√≠as de multa a los que, sin permiso, compren explosivos, y hasta 180 a quienes manejen f√°bricas y almacenes legales de armas que no implementen las condiciones de seguridad a que est√©n obligados.

 

En el turno de posicionamientos, el diputado por Nueva Alianza, Fernando Bribiesca Sahag√ļn, afirm√≥ que en M√©xico existen 20 millones de armas ilegales, adem√°s de las 5.5 millones registradas en la Sedena, lo que representa un potencial da√Īino.

 

Asimismo, subray√≥ que el f√°cil acceso a estos artefactos y cartuchos, su tr√°fico e introducci√≥n ilegal a territorio nacional, abastece a los c√°rteles de la droga y a la delincuencia organizada, por lo que este dictamen ‚Äúresponde a las voces que claman un mayor control por parte de la autoridad sobre las armas que alimentan los il√≠citos‚ÄĚ.

 

Por parte de Movimiento Ciudadano, los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y Ricardo Mejía Berdeja, sostuvieron que la posesión ilegal de armas incide en el avance de delitos como secuestro y extorsiones, y en la formación de las policías comunitarias e intervenciones como las de la Secretaría de Gobernación en las entidades federativas.

 

Sostuvieron que el tr√°fico de armas, que representa un negocio de m√°s de 35 mil millones de d√≥lares al a√Īo, es un problema muy complejo, vinculado directamente con la capacidad operativa de la delincuencia organizada, la corrupci√≥n y colusi√≥n de los funcionarios p√ļblicos, que no se solucionar√° aumentando las multas.

 

Detallaron que, seg√ļn la Conferencia de las Naciones Unidas, por las fronteras de M√©xico ingresan diariamente alrededor de dos mil armas de grueso calibre y un n√ļmero no determinado de municiones que van a parar a manos del crimen organizado. Asimismo, existen seis mil 700 traficantes en 12 mil puntos de venta a lo largo de la frontera norte.

 

Reiteraron que esta reforma es insuficiente ante tales cifras, pero tambi√©n reconocieron que ‚Äúes un insumo para generar un uso debido y control de las armas‚ÄĚ.

 

En su turno en tribuna, Mario Francisco Guill√©n Guill√©n, del Verde Ecologista de M√©xico, destac√≥ que el hecho de que los ciudadanos, por derecho, se encuentren armados, ‚Äúno es lo m√°s adecuado, pues ello va en detrimento del monopolio leg√≠timo del uso de la fuerza de parte del Estado, lo cual se traduce en desconfianza de la poblaci√≥n hacia las instituciones pol√≠ticas y civiles de nuestro pa√≠s‚ÄĚ.

 

En consecuencia, dijo, resulta primordial para la seguridad p√ļblica que todas las armas en posesi√≥n de civiles sean declaradas y registradas ante la autoridad correspondiente, a efecto de tener un adecuado control sobre las mismas, evitando con ello que √©stas sean utilizadas con el prop√≥sito de atentar en contra de la vida y el patrimonio de la ciudadan√≠a.

 

Por parte del PRD, el diputado Francisco Tom√°s Rodr√≠guez Montero asegur√≥ que la toma de armas estos artefactos para proteger la integridad f√≠sica propia, de familias y bienes, emana de una justicia que ‚Äúno es eficiente, no es expedita y mucho menos es un derecho que el Estado mexicano garantice a cabalidad‚ÄĚ.

 

Ante ello, explic√≥ que el voto a favor del PRD de estas enmiendas son ‚Äúuna muestra de voluntad para coadyuvar con las autoridades en el restablecimiento de la seguridad‚ÄĚ; no obstante, se pronunci√≥ por implementar estrategias integrales para garantizarla y record√≥ que su grupo parlamentario har√° ‚Äúlos se√Īalamientos que correspondan con el objeto de contribuir en el restablecimiento de la paz social‚ÄĚ.

 

Por Acción Nacional, el diputado Sergio Augusto Chan Lugo coincidió en que el establecimiento de una multa no inhibe al delincuente para cometer una infracción ni al que reta al Estado de una manera sistemática.

 

Sin embargo, ‚Äúinhibe el que se haga mal uso de un derecho y que el acceso al ejercicio del mismo se haga con pleno orden cuando la sanci√≥n que pudiera enfrentar cualquier ciudadano sea cada vez m√°s grave o proporcional a la falta que se pudiera estar cometiendo‚ÄĚ, aclar√≥.

 

El decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos fue devuelto al Senado de la Rep√ļblica para los efectos de la fracci√≥n E del art√≠culo 72 constitucional.

 

-- ooOoo ‚Äď

 
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