• Se realiza segundo foro sobre el tema para nutrir el dictamen de comisiones unidas en la materia

09-04-2014.- Ante la corrupción, el Poder Legislativo tiene el compromiso de brindar a los ciudadanos un marco normativo acorde a los tiempos y a las necesidades sociales para que sea una herramienta útil que la combata, se manifestó en el Segundo Foro “Combate a la Corrupción, Reto del Congreso de la Unión”, organizado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción.

El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó la importancia de contar con mayores elementos aportados por académicos, ciudadanos e instituciones que permitan construir el dictamen a la minuta enviada por el Senado en materia de Anticorrupción.

La presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputada Areli Madrid Tovilla (PRI), afirmó que la corrupción es un cáncer social, cuyo combate exige actuar de manera coordinada y sistemática, por ello, el Poder Legislativo escuchará las opiniones con toda la pluralidad para construir un esquema jurídico. “El interés es sacar un instrumento que sirva a la sociedad”.

Moreno Rivera señaló la prioridad de avanzar en el combate a la corrupción, ya que durante 200 años la desconfianza de los mexicanos en sus instituciones ha sido constante. “La reforma constitucional lleva mucho tiempo y plantea diversas modificaciones que atienden vacios legales, pretendiendo establecer un Sistema Nacional Anticorrupción en los tres órdenes de gobierno”, aseveró.

Apuntó que la minuta senatorial contiene avances, como la creación de un órgano anticorrupción autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para garantizar su independencia y facilitar la realización de su trabajo de forma profesional e imparcial.

Sancionará faltas administrativas y tendrá facultad de atracción. Además, la Secretaría de Hacienda podrá realizar la investigación patrimonial de los funcionarios y, como parte de la tarea parlamentaria, indicó que en el Primer Foro se presentaron propuestas como sancionar no sólo a los servidores públicos, sino a los particulares que incurran en actos de corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá auditar en tiempo real el ejercicio del gasto y realizar informes parciales que se difundirán para fortalecer el mecanismo de disuasión contra la corrupción.

Por su parte, la diputada Madrid Tovilla dijo que se prevé la creación de la Ley General en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Combate a la Corrupción, la cual detallará las conductas, sanciones y responsabilidades, cuya aplicación se hará en los tres niveles de gobierno.

Sostuvo que la minuta senatorial contiene avances y es un instrumento que será capaz de avanzar en el ataque a la corrupción, y destacó que la autonomía del órgano es necesaria.

Refirió que se contempla un nuevo Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos, por lo que se modificarán los artículos 109, 113 y 114 constitucionales.

Indicó que el artículo 109 prevé tres tipos de sanciones, las derivadas de juicio político, las penales y las administrativas. Además, el proyecto de reforma contempla “la responsabilidad del Estado” por los daños que cauce con motivo de su actividad irregular en los bienes o derechos de los particulares, la cual será objetiva y directa, y se regulará de acuerdo a las leyes aplicables.

El diputado del PAN, Marcos Aguilar Vega, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, consideró que la minuta senatorial “está muy lejana de resolver el problema de corrupción que existe en el país. Es una reforma incompleta porque sólo refiere las responsabilidades administrativa y penal, sin atender la civil y política; son temas que no se tocan y atienden a las funciones de ciertos servidores públicos”, aseguró.

También del PAN, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, expresó su preocupación porque la minuta senatorial no resuelve de fondo la corrupción, y refirió que organismos internacionales sostienen que es muy difícil combatirla.

Por ello, recomendó la creación de un sistema integral que prevenga, detecte y sancione esta conducta, ya que la existencia de 240 órganos de control con igual número de criterios para identificarla, frena su ataque, explicó.

Al participar, Juan Javier Pérez Saavedra, auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que existe un ambiente que genera condiciones para que se produzca la corrupción, la cual es un problema de tal complejidad que su solución integral sólo será en el largo plazo.

Indicó que el Poder Legislativo Federal debe fortalecer el entramado institucional, con la creación de nuevas instancias y el reforzamiento de las existentes,

Agregó que es necesario fortalecer el marco jurídico para actualizar el sistema de control interno de cada ente ejecutor y modificar el marco de la ASF para que su trabajo sea insumo oportuno de la labor legislativa.

El director de Asuntos Internos de la Policía Federal, Edgardo Flores Campbell dijo que la discusión de la iniciativa en materia de combate a la corrupción permitirá discutir la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que se erige en sustitución de la Secretaría de la Función Pública.

“Es el momento oportuno de definir sus alcances porque, sin duda, un tema lacerante socialmente que seguirá vigente en los próximos años, es el combate al crimen y la inseguridad en muchas regiones del país”.

Llamó a no politizar ni partidizar el tema de seguridad porque merma acciones y el sentido de pertenencia de muchos policías, sobre todo en instancias locales.

En su oportunidad Sergio Huacuja Betancourt, del Instituto Nacional de Administración Pública, dijo que se debe hacer más rígido el sistema disciplinario para sancionar con eficiencia los actos que puedan atentar contra la probidad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión.

Indicó que en la discusión de la iniciativa de reformas en materia de lucha contra la corrupción y en materia de responsabilidades administrativas, los legisladores deben ser cuidadosos para estructurar esta clase de conductas.

En materia de juicio político, dijo que en el ámbito federal no ha habido uno que haya prosperado. “Es una figura absolutamente nugatoria; después de 214 años podríamos ir pensando en modificarlo”, sostuvo.

En el ámbito penal, se pronunció por reformar el código punitivo en lo que se refiere a los delitos de corrupción, pues en la legislación actual no está definido este acto para sancionarlo penalmente. También planteó que se establezcan los regímenes especiales en materia disciplinaria del sistema policial y el judicial, entre otros, así como homologar el sistema de lucha contra este fenómeno.

Ernesto González Cancino, de México Evalúa, señaló que las sanciones en esta materia son necesarias pero no suficientes, por lo que se pronunció por impulsar un adecuado balance entre las penas y la prevención y medidas, como el control social.

Consideró que la reforma en materia de transparencia “debe brincar a la siguiente generación” y manifestó su disposición para contribuir en su construcción, pues todas las reformas en materia educativa, fiscal, energética, de competencia, telecomunicaciones, para que tengan éxito requieren que funcione la de control de la corrupción.

Al participar Miguel Ángel Pulido Jiménez, director ejecutivo del Centro de Análisis y de Investigación (Fundar), sostuvo que “el resto de reformas estructurales de poco servirán si no se resuelve el problema de la corrupción. Estamos echando agua en una coladera pensando que es un recipiente capaz de retener los recursos públicos, los cuales se van a seguir fugando de las arcas”, advirtió.

La auténtica reforma estructural que México necesita es contra la corrupción, pero que no esté fragmentada; sin embargo la energía legislativa se canaliza para determinar las reglas con las que los propios partidos políticos tendrán acceso al poder, en contraste las discusiones para acabar con esa práctica, son técnicamente más deficientes y menos apasionadas en términos políticos.

Consideró que la corrupción al ser multifactorial requiere de un sistema perfectamente articulado en el marco normativo, las instituciones, los procedimientos y la asignación presupuestal. “Ninguna medida u órgano que se diseñe por más sofisticada y eficiente que sea, resolverá por sí sola el problema. Aunque tengamos la más flamante Comisión Anticorrupción no será suficiente para resolverla”, auguró.

Precisó que las reformas en la materia no han sido planeadas de manera integral y sistémica provocando mandatos encontrados no sólo hacia los servidores públicos sino hacia la posibilidad de que la ciudadanía participe en la fiscalización de los asuntos públicos. “Las propuestas tienen que evitar la fragmentación y encontrar los parámetros comunes para evaluar, calificar y sancionar la actuación de los servidores públicos”, expresó.

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