29-04-2014.- El Pleno aprobó con 432 votos el dictamen que modifica los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y el 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para ampliar el tipo penal de cohecho a los servidores públicos extranjeros y combatir esta conducta.

El documento, remitido al Senado de la República, precisa los supuestos de los delitos de cohecho con respecto a los servidores públicos mexicanos, de manera que cometerá este ilícito quien solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva para hacer o dejar de realizar un acto inherente a su empleo, cargo o comisión, o se ofrezcan de manera espontánea para que éstos hagan u omitan un acto.

Indica que en el caso de un servidor público extranjero, cometerá este delito cuando busque el beneficio de quien ofrezca dinero o dádivas, o a través de un tercero, para la gestión de tramitación o resolución de cualquier asunto.

Determina que el Programa Federal de Protección a Personas tendrá aplicación cuando las disposiciones de los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, establezcan expresamente la obligación de proporcionar ese resguardo.

Menciona que el objetivo es solventar los acuerdos internacionales con relación al delito de cohecho, el cual es una forma de corrupción establecida en los tratados internacionales, y mejora los instrumentos legales que permitirán combatir estas conductas de servidores públicos extranjeros.

En los posicionamientos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún (Nueva Alianza) resaltó que el dictamen imprime claridad y sentido al tipo penal de cohecho cometido por servidores públicos extranjeros, pues permitirá hacer más viable la acreditación del tipo penal.

Mencionó que el tema de la corrupción ha cobrado relevancia en los últimos años, obligando a los Estados a tomar medidas de cooperación destinadas a abatir y combatir de manera contundente esta práctica, pero “a pesar de los esfuerzos institucionales por fortalecer su combate, continúa floreciendo”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) refirió que este dictamen no sólo es positivo sino prudente, pues hace unos días se conocieron actos de corrupción de la empresa trasnacional Walmart, que habría sobornado a algunos funcionarios públicos en México para obtener algunos permisos.

Subrayó que el cohecho mina no solamente el buen gobierno, sino también el desarrollo económico, y distorsiona las condiciones competitivas internacionales. “Las reformas vienen a cerrar el círculo para que la denuncia de este delito no se quede solamente en el aire, sino tengamos ciudadanos que puedan venir a denunciar a aquellos funcionarios públicos que son corruptos”.

En tanto, la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) destacó que el dictamen busca solventar los acuerdos internacionales en relación con el delito de cohecho, el cual es una forma de corrupción establecida en ellos, particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Con estas reformas, dijo, se extiende la protección a los casos considerados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; establece la obligación en materia de corrupción, por lo que se garantiza la seguridad e integridad de las personas, como denunciantes, testigos, víctimas y sus familias, e impulsa a su vez la participación en dichos procedimientos, para lograr la acreditación de los tipos delictivos y la identificación de los responsables.

Del PVEM, el diputado Felipe Arturo Camarena García argumentó que este dictamen tiene la finalidad de dar un carácter más operativo al conjunto de instituciones administrativas y judiciales, para poder sancionar el delito de cohecho, tanto en su vértice activa como pasiva.

La modificación, resaltó, complementa el tipo penal de mérito; amplía el margen para evitar el cohecho a los servidores públicos internacionales, y establece que incurrirá en este delito quien deje de realizar un acto relacionado con sus funciones, circunstancia que en la actualidad no se prevé en la redacción.

A su vez, la diputada Alfa Eliana González Magallanes (PRD) se pronunció por combatir esta práctica y fomentar acciones que vayan en contra del cohecho en todos los niveles de gobierno, y recordó que uno de los mayores problemas en el país son los actos de corrupción.

Refirió que de acuerdo con el Informe 2013 de Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar 106 de 177 países, junto a naciones como Argentina y Gabón. “La corrupción en el sector público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial, especialmente en áreas como los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales”, abundó.

La diputada Esther Quintana Salinas (PAN) expresó que con este dictamen se combate ese cáncer que se llama corrupción y que forma parte de la vida del país, en los ámbitos público o privado, por lo que apoya reformas que abonen a minarlo y adecuar la ley a la realidad.

Se manifestó por que estos cambios se traduzcan en una efectiva persecución y sanción de aquellos que se dicen servidores públicos y que no son más que “una rastra de pillastres y sinvergüenzas”, e hizo votos por dar los instrumentos a quien persigue los delitos y a quien aplique las sanciones, para que lo haga de manera más eficaz y eficiente.

Por el PRI, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón sostuvo que la corrupción es uno de los fenómenos que más contribuyen a demeritar la vida pública y la calidad de la democracia, y que el dictamen no sólo busca hacer más sencilla la acreditación del tipo penal de cohecho, sino contribuir a una mejor gobernabilidad a través de la moralización del servicio público y de quienes lo integran.

Con estas reformas, agregó, no se estará encuadrando y tipificando el delito de cohecho solamente por la acción, sino también por omisión también será motivo de penalización. “No podemos permitir que circunstancias como éstas sigan pasando. Se busca revalorar la importancia del servicio público y prevenir la comisión de ilícitos al amparo del poder”.

En pro del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) manifestó que en México está profundamente enraizado el tema de la corrupción, y “nos parece que esta reforma, si bien es un esfuerzo importante en materia penal, es insuficiente. Se tiene que atender de fondo este problema”.

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