29-04-2014.- La Cámara de Diputados aprobó con 293 votos a favor, 96 en contra y una abstención, reformas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y al Código Penal Federal, con el objetivo de duplicar las sanciones vigentes para quienes cometan este ilícito y aplicarles hasta 140 años de prisión.

Las modificaciones a los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley y al artículo 25 del Código, se enviaron al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Entre los cambios se contempla que a quien prive de la libertad a otro para obtener rescate, detenerlo en calidad de rehén, causarle daño o cometer secuestro exprés, se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa.

Estas penas se agravarán de 50 a 90 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa si la privación de la libertad de una persona se realiza en camino público o lugar desprotegido; a quienes la lleven a cabo en grupo de dos o más personas y se realice con violencia se allane el inmueble en el que se encuentre; la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60 años de edad, o que sea mujer en estado de gravidez.

De 50 a 100 años de prisión y de ocho mil a 16 mil días multa, si en la privación de la libertad los autores son o han sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas, o se ostenten como tales sin serlo.

Asimismo, que los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; que en contra de ella se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; o que durante o después de su cautiverio, muera debido a cualquier alteración de su salud, la consecuencia de la privación de la libertad.

Además, si la víctima de los delitos previstos en la presente ley es privada de la vida por los autores o participes de los mismos, se les impondrá una pena de 80 a 140 años de prisión y de 12 mil a 24 mil días de multa.

Las modificaciones también plantean que si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de cuatro a 12 años de prisión y de 100 a 300 días multa.

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión, la pena será de 18 a 32 años de prisión y de 600 a mil días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros 10 días, sin lograr alguno de los propósitos, y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de 16 a 30 años y de 500 hasta mil días multa.

Se adiciona el Código Penal Federal, un tercer párrafo al artículo 25 para establecer que el límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años, no aplicará para los delitos que sancione la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro.

Al fundamentar el dictamen, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que nuestro país durante los últimos meses ha sufrido una escalada de secuestros. “Mientras otros delitos de alto impacto se han reducido, tanto el secuestro como la extorsión han aumentado dejándonos ver que el crimen organizado ha redirigido sus esfuerzos hacia actividades distintas de los homicidios”.

Explicó que el objetivo de la reforma consiste en la duplicación de penas a los delitos en materia de secuestro, ya sea el tipo simple, el llamado secuestro exprés, la toma de rehenes, la simulación, la obstrucción de investigación, así como los tipos derivados en cuestión de circunstancia, sujeto activo o relación.

Aclaró que “no basta con un mero aumento en las penas, por lo que estamos convencidos de que esta previsión es un complemento a los demás esfuerzos para prevenir, castigar y sancionar el secuestro y sus derivados, ya que no dejamos del lado el hecho de que este delito cuenta con una cifra negra altísima y que la impunidad es la verdadera causa de la proliferación de estos delitos y no sólo la sutileza de los castigos”.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza) refirió que de acuerdo con la organización Alto al Secuestro, del primero de diciembre de 2012 al 31 de marzo del 2014, se han registrado tres mil 808 secuestros, alrededor de 238 mensuales en promedio.

Mientas, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que las denuncias por este delito aumentaron 11.2 por ciento durante enero y febrero de este año respecto al mismo periodo de 2013. Por ello, consideró urgente que los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno “redoblemos esfuerzos en materia de seguridad pública para poder brindar un México donde se pueda caminar con confianza”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró necesario castigar a quienes cometen delitos de alto impacto como éste, pero también tener una cultura de la prevención y, sobre todo, de la legalidad. Es decir, “de qué nos sirve aumentar las penas si los secuestradores no son detenidos y si en muchos estados las autoridades encargadas de la seguridad pública están relacionadas con los grupos que secuestran”.

Por ello, aclaró que apoya la penalidad agravada a los secuestradores, pero “nos abstendremos en este tema del secuestro, porque estamos en contra de los criminales, pero no podemos engañarlos y tratar de darle vuelta al sistema jurídico mexicano engañándonos y tratando de decir que 140 años no es una cadena perpetua cuando ya 70 es una pena elevada”.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) subrayó que el sólo incremento de las penas por sí solo no tendría ninguna repercusión y como se pretende “resulta ser a todas luces antinatural. Recordemos que el promedio de vida de nuestra sociedad es de 75 años, requiriendo tener 18 años la persona para ser imputable”.

Reiteró la necesidad de hacer acciones que verdaderamente permitan desterrar la comisión de todo tipo de delitos y particularmente el secuestro, como también a la impunidad e impulsar un verdadero sistema penal, que abarque desde la prevención, la procuración, la administración de justicia y la reinserción social con profesionalismo, con eficacia y con eficiencia.

Por el PVEM, el diputado Felipe Arturo Camarena García se pronunció a favor del aumento de una sanción a un delito lacerante y “que no solamente lastima a quien es víctima directa del delito de secuestro, sino también a sus familias y a la sociedad”.

Consideró que es obligación de los legisladores hacer leyes que sean un ejemplo para quienes han caído en la delincuencia. Pidió el apoyo para esta reforma y “que haya un castigo severo a quienes han delinquido y han lacerado con este delito de la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro”.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD) subrayó que el secuestro es uno de los delitos más graves que aquejan a la población, que debe ser severamente castigado de acuerdo a la ley.

Sin embargo, agregó, “pensamos que reformas como la que hoy se presenta no son el medio idóneo para combatir el problema, por una sencilla razón. Si se mantiene la misma tasa de impunidad, es decir, si las autoridades aprehenden a un secuestrador entre 300, de nada sirve aumentar las penas al doble o al triple de su duración”. Por elllo que anunció su voto en contra del dictamen.

Del PAN, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos resaltó que hay un crecimiento exponencial en lo que va del sexenio en materia de secuestro, se ha incrementado un 492 por ciento, hay un promedio diario de 4.6 secuestros en el país.

Enfatizó que es importante sancionar con mayor rigor a los delincuentes, pero será siempre más importante que se abata la impunidad, “porque de nada sirven los esfuerzos para otorgar leyes y penas severas cuando en la práctica no se llevan a cabo o cuando las corporaciones policiacas se encuentran infiltradas con el crimen”.

La diputada Ana Isabel Allende Cano (PRI) precisó que se propone un aumento sustancial de las penas corporales para aquéllos que cometan el delito de secuestro, dándose así respuesta a las demandas expresadas de nuestra sociedad. “Lo que se nos está exigiendo es que le arrebatemos las calles a los delincuentes y se las devolvamos a los ciudadanos”.

Esta reforma, dijo, constituirá una herramienta importante para el combate a este delito, ya que quienes incurran en esta conducta física purgarán una pena mayor, pensando acorde a los daños que sufren no solo las víctimas sino sus familiares y la sociedad en su conjunto.

Durante la discusión, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) mencionó que de acuerdo con la OCDE los mexicanos tienen una esperanza de vida por 73.4 a 74.2 años; por lo tanto, “se proponen sanciones que devienen en inútiles en la realidad o en la vida de los delincuentes pues no podrán compurgarse a no ser que algunos recién nacidos se dediquen al secuestro”.

El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) señaló que su partido “tiene que reconocer sus propuestas ante la sociedad y darles cara en iniciativas como ésta, por eso expresamos nuestro reconocimiento político a quien nos acompaña hoy en este dictamen”.

Por su parte, el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD) aclaró que es con justicia social como se podrá abatir cada vez con mayor efectividad la necesidad de las personas para cometer delitos de este tipo. “No permitamos que haya tanta impunidad, vigilemos que las sentencias se apliquen con precisión”.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM) subrayó que este tema es realmente trascendente para el país y la sociedad, quien se encuentra hoy con miedo de salir a trabajar porque un grupo de personas puedan privarle de su libertad o quitarle la vida. “Estoy seguro que hoy nos apoyarán en esta iniciativa que propusimos y que con el apoyo de todos ustedes haremos realidad para México un país más seguro”.

En tanto, la diputada Zuleyma Huidobro González (MC) destacó que “el aumento de la pena es uno de los recursos más falsos para prevenir los crímenes y delitos en la sociedad. La delincuencia en el país, es un asunto que debería tratarse con el combate a la pobreza, educación, cultura, salud pública, políticas de prevención, capacitación, empleo, igualdad de acceso a las oportunidades, y no tratar de resolverlo con el aumento de penas”.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) indicó que la impunidad, efectivamente, es una de las cuestiones “que no hemos podido resolver”, pero también “a la sociedad le tenemos que dar una muestra de dureza para estos delincuentes que no se tientan el corazón, no solo para secuestrar a nuestros hijos sino para matarlos”.

En su turno, el diputado Roberto López Suárez (PRD) sostuvo que su grupo parlamentario ha dicho con toda claridad que “haremos todo lo necesario para que en la Cámara se legisle con toda claridad, pero de ninguna manera vamos a promover sanciones que ayuden a promover la violación a los derechos humanos”.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI) resaltó que este delito, como otros, son multifactoriales y que por consecuencia su erradicación y combate deben hacerse a través de una serie de estrategias de diversa naturaleza y una de esas es elevar la penalidad de este delito tan grave que tanto “nos ofende y lastima”. Aseguró que la pena de 140 años no es violatoria de los derechos humanos.

De Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde Luján resaltó que la disminución de los índices delictivos no tiene una relación directa probada con el incremento de penas, pero “sí la tiene con el aumento de seguridad pública, con la eliminación de la corrupción, con la disminución de índices de marginalidad económica, con el aumento del empleo, su estabilidad y promoción, con la educación y las opciones de superación”.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) consideró que el secuestro es un crimen abominable y sobre la elevación de las penas dijo: “No veo a ningún secuestrador diciendo: hace un mes si yo secuestraba me daban 60 años, ahora me van a dar 140, mejor ya no lo hago. Perdón, 60, 100, 120, 140, 200 es exactamente lo mismo. No va a ahuyentar nada, y lo único que estamos haciendo es aprobar una medida realmente populista”.

A su vez, el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (PRD) resaltó que no es aumentando la pena como se va a resolver el problema del secuestro. “Lo vamos a inhibir si nos dicen cómo vamos a combatir la corrupción que existe en el sistema de impartición de justicia. Ahí está el problema de fondo”, afirmó.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) expresó que el secuestro es una de las conductas antisociales más lacerantes e hizo votos por que su combate sea integral con un aumento lógico de las penas y con la capacitación de las policías y la dotación de los equipos tecnológicos que les permitan ubicar el lugar donde se está realizando la comisión del delito y también a los presuntos delincuentes.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana miércoles 30 de abril, a las 11:00 horas.

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