• Diputado Flores pide evitar violar el artículo 115 constitucional con la iniciativa para disolver ayuntamientos
• Legisladores se reúnen con el coordinador del Inafed de la Segob

03-12-2014.- Las propuestas del Ejecutivo federal en materia de seguridad son necesarias para recuperar la paz social y tranquilidad de las familias mexicanas que viven en regiones bajo control del crimen organizado, afirmó Antonio González Curi, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación.

Ante diputados de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, aseveró que plantear “la intervención del Estado en los municipios ante pruebas de infiltración del crimen organizado, responde a la realidad que atraviesa el país, ya que cuando los conflictos detonan, devienen en tragedias, en hechos dramáticos y lamentables que deben frenarse”.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores (PAN), secretario de la instancia legislativa, destacó la importancia de “evitar la violación del artículo 115 constitucional que rige las facultades de los ayuntamientos” respecto a la atracción de la Federación de las alcaldías ante la sospecha de colusión de la policía con el crimen organizado.

Solicitó también incrementar las actividades del Inafep, como organismo encargado de fomentar el fortalecimiento de los esquemas municipales y las facultades de los ayuntamientos, pero comentó que esto podría contraponerse con la propuesta presidencial.

Confío en que se tomen en consideración las propuestas y preocupaciones de los legisladores en torno a la reforma del Ejecutivo federal sobre seguridad y federalismo, a fin de trabajar coordinadamente y “lograr un cambio de timón sustancial, que es lo que México necesita”.

Al participar, el diputado Juan Carlos Uribe Padilla (PAN), secretario de la comisión, consideró que la propuesta del Presidente de la República “vulnera al federalismo”. Refirió que una función vital del Inafed es fortalecer las acciones del gobierno federal para respaldar a los municipios y no dar marcha atrás en su autonomía.

Por otra parte, el diputado Flores Flores cuestionó al funcionario federal sobre el saneamiento de las cuentas municipales, ya que cerca del 70 por ciento de los empleados de los ayuntamientos es de confianza y el presupuesto se destina básicamente al gasto corriente para pagar sus sueldos.

¿Cómo replantear un cambio administrativo o acotar funciones municipales cuando se tiene que pagar una nómina tan alta? ¿Existe un esquema para rescatar a las alcaldías endeudadas?, expuso.

Durante una reunión de trabajo, el coordinador del Inafed, Antonio González Curi, destacó que debe garantizarse la seguridad de ediles, servidores públicos municipales y de la propia policía local. Aseveró que, al margen de posiciones político-partidistas, el compromiso final de los funcionarios es con los ciudadanos.

“Ante el crimen organizado en regiones importantes del país, no es correcto ni conveniente dejar a los alcaldes y a las policías municipales con los riesgos que esta situación conlleva, porque no son pocas las ocasiones en que los cooptan con recursos financieros o atentan contra ellos de forma brutal en muchas ocasiones”, afirmó.

Sostuvo también que se requieren acciones tangibles para garantizar la seguridad de las familias mexicanas, de acuerdo con la realidad nacional, sobre todo porque más del 50 por ciento de los policías del país recibe salarios muy bajos de 5 mil pesos mensuales, pagados por los ayuntamientos.

Pacto nacional para reorganizar gasto estatal y municipal

Respecto a la deuda municipal, urgió a hacer una evaluación para diseñar políticas públicas que atiendan este fenómeno. “Hace falta un pacto, un acuerdo nacional para que el gobierno federal modifique la Ley de Coordinación Fiscal a cambio de que los gobiernos estatales y municipales reorganicen su gasto”.

Dijo que de los dos mil 495 ayuntamientos que existen en México, alrededor de 600 aglutinan un endeudamiento mayor a los 48 mil millones de pesos, a causa de las abultadas nóminas de los empleados, ya que la burocracia municipal ha crecido 47.5 por ciento del 2008 a 2012.

Lo anterior, junto con el pago de intereses de los empréstitos contratados, los servicios públicos que ofrecen, las excesivas áreas administrativas que tienen y la falta de austeridad, alientan la dispersión de acciones que confunde la administración municipal y estatal.

Es necesario establecer las prioridades en esas administraciones, para que no se distraigan los recursos financieros en rubros innecesarios. Si el gobierno federal otorga más presupuesto a los estados y ayuntamientos, lo debe hacer a cambio de que realicen un ejercicio de austeridad que garantice transparencia y mejoren la vida ciudadana, propuso.

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