03-12-2014.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 371 votos, reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, a fin de dar una máxima protección a quienes son víctimas de este delito.

El dictamen a la minuta, devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, sustituye la denominación de dicha norma por la de Ley General en materia de Trata de Personas.

Las reformas establecen que cometerá el delito de trata quien explote a una persona ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.

Se impondrán de 10 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien, para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.

Asimismo, se impondrá la misma pena a quien tenga o mantenga a una persona en condición de servidumbre, a través de cualquier acción dolosa, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, abuso de poder, entre otras.

También se sancionará con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, a quien explote la prostitución ajena, a través de cualquier acción dolosa. Además, de 10 a 25 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días multa, a quien explote a una persona para realizar actos de mendicidad forzosa.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que se modificaron diversos artículos de la minuta enviada por el Senado de la República, ya que se estimó que esto permitirá dotar al Estado de mejores instrumentos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes contra la humanidad.

Resaltó que una de cada tres víctimas de trata de personas en el mundo es menor de edad. En términos cuantitativos, se estima que este delito genera ingresos anuales por más de 32 mil millones de dólares.

De acuerdo con la ONU, agregó, 27 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito. Además, se calcula que de 2 a 4 millones de personas son captadas anualmente para estos fines, de las cuales entre 800 y 900 mil son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a algún tipo de explotación.

La trata de personas, dijo, “es un problema que lacera y lastima a cada país en el mundo, y México, infortunadamente, es uno de aquellos en los que con mayor crudeza y crueldad se padece”.

Al fijar el posicionamiento de su partido, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) comentó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, en 2012, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55 por ciento eran mujeres y niñas.

Por su parte, agregó, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estima que cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en nuestro país. Por ello, dijo, las reformas serán una legislación vigorosa que posibilitará a las autoridades de procuración e impartición de justicia contar con un marco jurídico eficaz en aras de castigar a quienes cometen esta terrible conducta delictiva.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) precisó que la trata de personas es la captación, traslado, entrega o recepción de una persona con fines de explotación, no solamente sexual sino también laboral e inclusive para el tráfico de órganos. Advirtió que en México existen 363 municipios en condiciones de alta vulnerabilidad para la trata de personas y las entidades con mayor riesgo son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.

Enfatizó que con estas reformas se establecen las bases para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se señalan los tipos penales en materia de trata; amplía la competencia de la Federación para perseguir el delito y, sobre todo, prevé la obligación de establecer fondos para la protección y asistencia de las víctimas.

El diputado Francisco Coronato Rodríguez (MC) resaltó que el tráfico de personas a nivel mundial es el tercer negocio más lucrativo después del comercio de armas y de drogas. De acuerdo con el INEGI, el 45 por ciento de las personas que son víctimas del delito de trata son indígenas.

Explicó que los principales cambios con estas reformas, está el de una nueva estructura de la Ley General en materia de trata de personas, donde se contienen los delitos y disposiciones generales de carácter penal. También se establecen los derechos de las víctimas, la prevención del delito y la Comisión Intersecretarial, donde las entidades federativas deberán armonizar su legislación.

Por el PVEM, el legislador Antonio Cuéllar Steffan indicó que entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de este delito, sólo 35 fueron condenados, lo que significa que las acusaciones no se entablaron de manera correcta o que quienes pudieron haber sido procesados aludieron a la defensa de sus derechos a la exacta aplicación de la Ley Penal para ser exonerados del delito.

Enfatizó que entre los avances que contiene el dictamen, está la justa identificación de los requisitos que la Ley de Trata exige para acreditar este delito. “Con esto será menos complejo para las autoridades ministeriales y judiciales establecer una relación causal entre la conducta punible y el bien jurídico tutelado”.

Del PRD, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem sostuvo que el mayor problema de la actual legislación es la falta de aplicación de la ley contra los actos de trata. “No es sólo la indiferencia de las autoridades, sino la complicidad de muchos servidores públicos en un negocio que genera enormes ganancias”.

Aclaró que a menudo se confunde la actividad de la trata, que está a cargo de redes criminales nacionales e internacionales, de los delitos que después se cometen contra las víctimas. Por esto, con la ley en vigor resulta muy difícil acreditar ante un juez todos los supuestos para castigar la trata. Por ello, dijo, se armonizan los derechos de las víctimas con la Ley General de Víctimas y se establecen mecanismos específicos para brindarles una reparación integral.

En tanto, la diputada Esther Quintana Salinas (PAN) mencionó que con las reformas se castigará con pena de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a quien consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación. Con ello, dijo, “le estamos dando al Ministerio Público todos los instrumentos para que a este delito le piensen dos veces antes de cometerlo”.

Afirmó que también se incluyó una de las más habituales manifestaciones en las que se realiza la trata de personas con fines de explotación sexual, que es la forma en que opera comúnmente el crimen organizado, ya que la víctima es engañada con promesas de trabajo bien remunerado, o amenazada o coaccionada, y se le somete para desarrollar actividades como trabajo sexual, doméstico u otros, que permitan su explotación.

El diputado priista Fernando Donato De las Fuentes Hernández señaló que con las modificaciones se penalizan delitos subsecuentes a la explotación de una persona como la pornografía proveniente de la trata en sí misma en una cadena delictiva. Además, se sanciona el delito asociado a la trata como el arrendamiento o comodato de un bien inmueble con conocimiento de que será usado para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley.

Consideró un gran acierto que el fondo destinado a asistir, apoyar y a resarcir el daño de las víctimas del delito de trata de personas, se integra al fondo contemplado en la Ley General de Víctimas, ya que cuenta con recursos dentro del Presupuesto.

En la discusión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que en México hay entre 16 mil y 20 mil niñas y niños que son esclavos sexuales y es un país de origen, tránsito y destino de víctimas para la trata de personas. Además, detrás de esta operación criminal hay todo un sistema ilícito de ganancias generadas, que ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares, superado sólo por el narcotráfico y el tráfico de armas.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) mencionó que México es el segundo país que provee más víctimas de trata a Estados Unidos, superado solamente por Tailandia, siendo las víctimas más vulnerables los niños y las mujeres, y la mayoría provienen de contextos de vulnerabilidad como pobreza, orfandad, desigualdad social y situaciones de violencia.

Ricardo Monreal Ávila, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó que a pesar de que en México se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, esta no ha funcionado. Añadió que el país está padeciendo este fenómeno internacional, pues lo vemos desde la frontera sur hasta la norte, y en áreas con una urbanización importante como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y Nuevo León.

Por Acción Nacional, el legislador Juan Jesús Aquino Calvo argumentó que este dictamen es de vital importancia para la sociedad, pues su propósito es continuar con el abatimiento de un delito que lacera profundamente al país. Abundó que de acuerdo con la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Chiapas, por su condición fronteriza, es una de las entidades más vulnerables a la trata de personas.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano) cuestionó cómo se garantizará que este dictamen muestra avances, “cuando se ha visto y sabemos que en este país impera la corrupción. Y si a un alto funcionario de gobierno le gusta una jovencita migrante, la toma, y esa no es ninguna mentira”.

Sin embargo, destacó la inclusión de conceptos como explotación infantil, trabajo forzoso, realización de ensayos o experimentos biomédicos, reclutamiento forzado o utilización de una persona menor de edad para conflictos armados.

Del PRI, la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song manifestó que con el dictamen se visibiliza este delito, pues la trata de personas es el tercero o segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo. “Permite que finalmente sea visible y quien comete el delito sea sancionado con la severidad de quien lastima y vulnera a una población que se encuentra en grave situación de fragilidad”.

Discusión en lo particular

En lo particular, el Pleno aprobó con 301 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones, en términos del dictamen, los artículos 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 28, 28 bis, 30, 31 y 36 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos.

Además, con 255 votos en pro, 77 en contra y 4 abstenciones, se aprobó, en términos del dictamen, la reserva impulsada por la diputada Leticia López Landero (PAN), a los artículos 84 y 86 de dicha ley.

-- ooOoo –