• Diputado Dávila Delgado ofrece impulsar iniciativas con el Senado para combatir el problema
• Para trasnacionales, es más rentable la enfermedad que la salud: Sansores Sastré
• Pide INSP a diputados aplicación estricta de reglamento contra alimentos “chatarraâ€� y más impuestos a los procesados

04-12-2014.- Aplicar estrictamente la regulación que prohíbe la venta de alimentos chatarra en escuelas y alza de impuestos a productos procesados, solicitó el Instituto Nacional de Salud Pública a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ante la incidencia de la obesidad y sobrepeso que padece el 70 por ciento de la población mexicana.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), presidente de la instancia legislativa, manifestó su compromiso para impulsar iniciativas y puntos de acuerdo, en coordinación con el Senado de la República, a fin de conjuntar acciones y resolver el problema de obesidad, tan grave para México y sus habitantes.

Además, cumplir con la obligación de construir un marco jurídico sustentado en la educación nutricional a partir de la familia, para contribuir a fomentar la prevención y una concientización que cambie los hábitos de consumo de alimentos, primordial para romper la inercia de sobrepeso que se padece. Eso exige, afirmó, la participación de los tres órdenes de gobierno.

El legislador sostuvo lo anterior durante una reunión de trabajo sobre “Políticas públicas en obesidad y sobrepeso� con el Instituto Nacional de Salud Pública, representado por Juan Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, y la organización El Poder del Consumidor, presidido por Alejandro Calvillo.

Al participar, el diputado Antonio Sansores Sastré (PRD), secretario de la Comisión de Salud, apuntó que “la obesidad llegó para quedarse, porque ni legisladores ni los gobernantes cumplen con sus obligaciones para erradicarla; además, a las empresas transnacionales de alimentos no les importa si hay gente con salud o no, ya que están interesadas en las ganancias. Resulta más rentable la enfermedad que la salud�.

Cuestionó la “supuesta autoregulación� ejercida por las compañías de alimentos, tanto nacionales como extranjeras, ya que no se puede ser juez y parte. Se pronunció por aplicar penas corporales en lugar de las administrativas, a quienes no cumplan con un etiquetado sencillo que ofrezca una verdadera evaluación de nutrientes.

“No es permisible que existan empresas autoregulables, porque las normas y reglamentos se violan�, advirtió.

Refirió que Tabasco ocupa el primer lugar en obesidad infantil en México, pese a tener una economía petrolizada que no ha atendido los problemas de salud de los ciudadanos. “Las instituciones de educación y salud no hacen su tarea frente a un problema de salud pública como el sobrepeso y obesidad�, señaló.

Aseguró que parte de la solución se encuentra en la aplicación del presupuesto, ya que del impuesto a las bebidas endulzadas, se estableció que el 5 por ciento se destinará a la instalación de bebederos de agua en las escuelas públicas; sin embargo, no se ha realizado.

Extrañamiento a la Secretaría de Salud

La diputada Leslie Pantoja Hernández (PAN) propuso que la Comisión de Salud intensifique la presentación de exhortos, mediante puntos de acuerdo, e incluso de extrañamientos para que el Ejecutivo federal aplique estrictamente la reglamentación general para combatir la obesidad y sobrepeso en las escuelas de educación básica y en el etiquetado de alimentos.

Recomendó escuchar las sugerencias de académicos y especialistas que sean sustento para diseñar iniciativas que contribuyan a atacar frontalmente este fenómeno y lograr resultados positivos, porque “la población lo pide a gritos ante el deshonroso primer lugar en obesidad infantil que tiene México�.

Este problema de salud, continuó, “ya no está para ponerlo a consideración del gobierno federal, sino debe ser un extrañamiento con el afán de hacer la parte que toca a cada instancia y cumplir con la obligación, como legisladores, ya que somos la voz de todos los mexicanos para hacer lo que corresponde�, precisó.

A su vez, la diputada Marcelina Orta Coronado (PAN) resaltó que es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal aplicar los reglamentos en escuelas públicas para abatir el consumo de productos no sanos. Pese al aumento en el impuesto a los refrescos, agregó, se siguen consumiendo por falta de conciencia y porque no se cumplen las prohibiciones.

“El problema no se resolverá si los tres órdenes de gobierno no caminan de la mano y aplican el marco jurídico para exigir a las instituciones públicas el cumplimiento de las reglas y para que funcionen las iniciativas aprobadas por los legisladores, con el propósito de prevenir y atacar la obesidad. Falta mucho por hacer y las estadísticas lo muestran�, advirtió.

La diputada del PRI, María Elia Cabañas Aparicio, secretaria de la instancia legislativa, indicó que debe privilegiarse la prevención en el marco de salud pública, mediante la orientación nutricional hacia las madres de familias, las cuales son en su mayoría las responsables de decidir la alimentación del núcleo.

Alimentación balanceada, opción viable

Juan Rivera Dommarco, representante del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), sostuvo que los mexicanos viven en un ambiente que promueve la obesidad e interfiere con una alimentación sana, ya que es más fácil tomar refrescos que agua; comer productos grasosos y sabrosos que ingerir una fruta o verdura.

“La educación es necesaria, pero no suficiente, porque no hay disponibilidad de alimentos frescos, pero sí pastelitos y refrescos; otro agravante para una dieta balanceada es la falta de recursos de millones de familias sumidas en la pobreza; la publicidad es la “gran educadora� y se carece de campañas gubernamentales que contrarresten su impacto.

Por ello, es relevante la regulación y la legislación. “El Poder Legislativo juega un papel fundamental para que la alimentación saludable se convierta en una opción viable, fácil de obtener y consumir. El marco jurídico debe facilitar este acceso�, precisó.

Lamentó la falta de aplicación de las regulaciones aprobadas para frenar la obesidad en escuelas de educación pública. Lo atribuyó a que no se estableció al responsable de aplicarlas, y “cuando se diluye la responsabilidad en un comité escolar y no en un funcionario público, y se habla de sanciones en contra de quien no cumpla, las cosas no funcionan�.

Advirtió la falta de integración de las políticas públicas contra el sobrepeso; sugirió restricciones publicitarias, ya que un pastelito procesado contiene 400 calorías, mientras una fruta entre 20 a 40 calorías por 100 gramos.

Propuso que la industria no participe en el diseño de regulaciones, porque se ha demostrado que no son claras, sencillas ni eficientes para orientar un consumo saludable y balanceado.

Engañoso etiquetado nutricional de alimentos

Por su parte, Alejandro Calvillo, a nombre de El Poder del Consumidor, señaló que el etiquetado de alimentos es engañoso y confuso. Refirió que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sólo tres funcionarios definieron los formatos y contenidos de dichas etiquetas, dos eran abogados y uno especialista en medio ambiente.

No se contó con un grupo de expertos en el sector alimenticio que lo diseñara, como sucede en otras naciones. Por tanto, el etiquetado frontal lo logran entender menos del 6 por ciento de los estudiantes de nutrición y los consumidores se encuentran en absoluta indefensión.

Los néctares, ejemplificó, carecen de una norma oficial mexicana que los regule, pese a que contienen grandes cantidades de azúcar. Apuntó, además, graves contradicciones entre la autorización nutricional y la aplicación de impuestos por contener altos niveles de dulce, y pese a ello, se permite que sea publicitado un producto como nutritivo.

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