• PRI pidió omitir “opiniones mediáticas que manejen mentiras como verdades”
• El pueblo espera información “clara y precisa” del fondo del asunto: PAN
• PRD considera vital dilucidar connivencia entre poder político y económico
• Informe final para el 31 de marzo del 2015

09-12-2014.- Se instaló formalmente la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro, y se determinó que en 48 horas integrará el plan de trabajo que direccione sus actividades; tendrá hasta el 31 de marzo del próximo año para emitir la opinión del caso.

Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI), presidente del grupo de trabajo, aseguró que se tiene una enorme oportunidad para que, con base en los argumentos legales y en un estudio integral de la licitación, se pueda cumplir con la encomienda del Pleno y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

“Representamos a 500 diputados y tenemos la obligación de obtener las evidencias, los documentos, la información, la técnica y, sobre todo, la oportunidad para disertar y construir el informe que se entregará” en la fecha acordada, precisó.

Durante la sesión de instalación, legisladores de los siete grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados emitieron sus posicionamientos en torno a las actividades y metas de la comisión especial, la cual trabajará incluso durante el receso legislativo, informó.

Maldonado Hernández garantizó tomar en cuenta la opinión de todos los integrantes de la Comisión Especial para diseñar el plan de trabajo que permita allegar toda la información de las autoridades vinculadas a este proceso de licitación. “Serán integrados todos los planteamientos de los diputados de los grupos parlamentarios”.

Pidió disposición de los legisladores y que participen, “dado el interés para integrar esta información, con puntualidad y apego a los derechos que tienen como miembros de la Comisión, en la información y en el conocimiento de los datos que recibirán”, agregó.

Aseguró que se evaluará con toda puntualidad y objetividad los alcances de las propuestas para allegarse de la información de la totalidad de las dependencias relacionadas; se establecerá una metodología para el cumplimiento y objeto de la comisión especial, a fin de revisar la licitación, fallo y cancelación.

Indicó que se realizarán reuniones de trabajo con las autoridades involucradas con el proceso de licitación y darle seguimiento al tema.

El objetivo es agotar todas las inquietudes de los diputados y en apego a derecho fortalecer todos sus planteamientos, mediante la información adecuada y pública de la licitación, la cual generó interrogantes que deberán dilucidarse, explicó.

A nombre del PRI, la diputada Cristina González Cruz sostuvo que la construcción del tren suburbano México-Querétaro es la obra de infraestructura en comunicaciones y transportes más importante de la presente administración pública federal, por lo que destacó la importancia de llegar a “una conclusión muy clara”.

Por su relevancia, resaltó, deben prevalecer “la transparencia, objetividad y certeza”. Exhortó a sus homólogos a “ceñirse a los principios de legalidad para realizar las diligencia conforme a derecho, con objetividad, imparcialidad, suma transparencia, certeza y profesionalismo, sobre todo sin emitir opiniones mediáticas que pretenderán probablemente manejar mentiras y hacerlas valer como verdades”.

Señaló que se tiene una enorme oportunidad para decir a los mexicanos cómo se realizó esta licitación.

Por el PAN, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez apuntó que “se debe actuar con mucha congruencia y transparencia, eso es lo que pide el pueblo de México”.

Llamó a evitar la polarización y atender el tema de forma política solamente, ya que puede generar desestabilización; además de tratarse con mucho respeto. “Es válido denunciar y sacar información, pero basado en el respeto, porque el pueblo espera información clara y precisa para conocer el fondo del asunto”.

Señaló que la comisión especial deberá conseguir los elementos necesarios en la SCT, e incluso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para hacerse un juicio certero. Destacó la importancia de evaluar los motivos por los que se canceló la licitación, con documentos e información, ya que es obligación de los legisladores generar certeza para los ciudadanos.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) subrayó la necesidad de contar con soportes documentales, comparecencias de servidores públicos de la SCT y la SHCP y con empresarios. Convocó a “no hacer un circo de tres pistas que genere polarizaciones o radicalismos verbales y se consigan objetivos limitados” en la Comisión Especial.

Por ello, recomendó encontrar un mecanismo que cuide el desarrollo de los trabajos y solicitó que las sesiones de la instancia legislativa sean abiertas y se transmitan en vivo a través del Canal del Congreso.

Resaltó la paradoja de que la Comisión Especial se instale en el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción y cuando se analiza la integración de una fiscalía anticorrupción. Afirmó que, para su grupo parlamentario, es vital “dilucidar la connivencia entre poder político y económico, que está rodeada de corrupción; evaluarla y, en todo caso, emitir opiniones y conclusiones”.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) resaltó el compromiso con la legalidad, ya que es justo que los mexicanos estén perfectamente enterados del alcance legal de este proceso y las consecuencias de las resoluciones que se adopten.

Debe dejarse bien claro el compromiso del gobierno federal en relación con la legalidad y transparencia en el ejercicio de su función; sobre todo, en la víspera de grandes proyectos que tiene el país en función del conjunto de reformas que buscan insertar a México en un desarrollo igualitario y sin discriminación, explicó.

Demandó respeto entre Poderes, con el ánimo de seguir impulsando los acuerdos políticos que permiten los cambios en el país. Exhortó a sus homólogos a ceñirse a los principios de legalidad.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja afirmó que “decir la verdad no es faltar el respeto a nadie, ya que se parte de realidades sin darle la vuelta con eufemismos, porque la realidad es clara”.

Indicó que debe evitarse que el sistema nacional anticorrupción que se construye sea una ficción. Demandó ir al fondo y aclaró que “nadie cuestiona las bondades de la obra, pero sí la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y favoritismos”.

Urgió la comparecencia del titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, y con el empresario Juan Armando Hinojosa, cuyo testimonio es importante, porque es el primer beneficiario de las obras”.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, propuso incluir en los trabajos de esta Comisión Especial los demás contratos de obra pública que tiene el gobierno federal con el Grupo Higa; de otra forma, advirtió, será limitado el resultado.

Dijo que debe aclararse si se pagó o no indemnización al grupo ganador de la licitación, ya que “no queda claro que fue lo que llevó al gobierno de la República a revocarla y entregarla de manera sospechosa, y cuál es la relación que sigue existiendo con Juan Armando Hinojosa”.

“No es un tema menor”, aseveró, por lo que llamó a ampliar el objeto de la comisión especial, para coadyuvar como un colectivo de fiscalización e investigación, “jalar y encontrar el hilo de la impunidad en esta relación”.

Por Nueva Alianza, Angelino Caamal Mena dijo que los trabajos de esta comisión especial es una oportunidad para hacer un ejercicio plural; pidió hacerlo de manera responsable y con respeto, “poniendo en el centro de la discusión los intereses más altos del país y de todos los mexicanos”.

Convocó a “sacar conclusiones adecuadas, sustentadas en información real y veraz, la cual existe y debe conocerse. Esta Comisión Especial es el espacio para crear un mensaje de credibilidad y certeza, que de fortaleza a las reformas para dar al país un nuevo rostro”.

Demandó todas las facilidades para evaluar la información y realizar la comparecencia de los funcionarios relacionados con el proceso de licitación.

Consideró hacer de la política y de la administración pública una práctica cotidiana de transparencia, derecho al que aspiran los ciudadanos. Celebró la integración de la instancia legislativa por la apertura y la claridad, ya que es el camino correcto.

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