10-12-2014.-

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 372 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, el dictamen que modifica la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, con la finalidad de dar un primer paso hacia la construcción de una política de recuperación del ingreso.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la desvinculación del salario mínimo como instrumento para medición de multas, pagos de servicios, y la habilitación de una nueva unidad que guíe las transacciones y los intercambios en la economía moderna de nuestro país, son el primer paso para lograr un aumento real a los salarios mínimos.

Señaló que los salarios mínimos generales en México deben ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, por lo que es momento de devolverle el poder adquisitivo y darle estabilidad a la economía interna, además de cumplir con un mandato constitucional.

Refirió que de 1980 a la fecha, el salario mínimo ha atravesado por una larga y aguda fase de deterioro, de tal suerte que la pérdida en términos reales ha sido de más del 70 por ciento de su valor real. “De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación, se requiere de 82 pesos con 86 centavos para que un adulto y un acompañante puedan contar con el mínimo de bienestar; es decir, lo necesario para comer”.

Mencionó que según estudios especializados, la línea de bienestar mínima para contar con una canasta alimentaria y no sólo lo necesario para su alimentación, requiere que el ingreso diario sea de 171 pesos.

Aunado a lo anterior, indicó, “por increíble que parezca, México es el país de América Latina con el salario más bajo, solo por delante de Haití. Recordó que en la última década, muchos países rezagados iniciaron políticas de recuperación de sus salarios mínimos y un ejemplo es Uruguay.

Este país, explicó, del 2004 al 2014 ha tenido un incremento de más de 200 por ciento sin impactar de forma negativa a su economía. Por el contrario, México prácticamente tiene el mismo salario de inicios de la década y es la nación peor posicionada de América Latina, concluyó.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, Héctor García García (PRI) opinó que aun cuando existe consenso en que los trabajadores merecen que sus remuneraciones se eleven, también es cierto que la adopción de medidas dirigidas a este fin no debe ser tomada de forma irresponsable.

“El aumento de esta clase de percepciones, cuando se determina con ligereza, provoca distorsiones en la economía que, lejos de favorecer a los más necesitados de la patria, termina por agravar sus condiciones de vida”, subrayó.

Beatriz Zavala Peniche enfatizó que además de la reforma constitucional, se necesita cambiar el mecanismo por el que hoy se establece el salario mínimo; de lo contrario “vamos a seguir igual y el salario mínimo no va a dar ni siquiera para satisfacer los alimentos necesarios del trabajador y su familia.”

Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) precisó que aún se tiene pendiente una política de recuperación salarial, ya que esta reforma es “una medida administrativa sin contenido”; empero, indicó que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos “ya no tiene pretexto para considerar un aumento que coloque al salario en un nivel que garantice, cuando menos, la adquisición de una canasta básica”.

Rubén Acosta Montoya (PVEM) sostuvo que el aumento del salario mínimo es urgente, pero para que ello represente un verdadero beneficio, debe plantearse por etapas, iniciando por la desindexación que permita dar un aumento natural, racional y no arbitrario, pero que garantice el bienestar suficiente de todas las mujeres y hombres trabajadores del país.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, instó a incrementar al salario mínimo por lo menos 10 por ciento para el 2015, ya que “repetir la historia de la inflación, para que le aumenten sólo tres pesos, sería una tomadura de pelo y se sumaría al descontento ciudadano que hoy exige justicia e igualdad”.

Por parte del PT, el diputado Ricardo Cantú Garza afirmó que se debe seguir adelante en el camino de lograr la recuperación del poder adquisitivo, pues las reformas serán letra muerta si no se refleja en el bolsillo de los trabajadores y sus familias.

Luis Antonio González Roldán (NA) recordó que con la reforma habrá condiciones para debatir y determinar con autoridades, trabajadores, representantes populares del sector empresarial y del sector patronal, un salario mínimo que cumpla con su propósito constitucional y no ponga en riesgo la creación de fuentes de empleo.

Se pronunciaron en pro del dictamen los diputados Luis Manuel Arias Pallares (PRD), Rocío Adriana Abreu Artiñano y Lizbeth Loy Gamboa Song, del PRI; en tanto, las diputadas Claudia Bojórquez Javier y María del Socorro Ceseñas Chapa, del PRD, reservaron para su discusión en lo particular los artículos 123, apartado A, fracción VI y el 9 transitorio, mismos que fueron rechazados y aprobados en los términos del propio dictamen.

La reforma adiciona los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 constitucional con la finalidad de crear una unidad de medida y actualización que sustituya al salario mínimo en esta función. Asimismo, otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad.

Modifica también el artículo 41 constitucional para dejar de utilizar el salario mínimo como factor de multiplicación en la fórmula para determinar las prerrogativas de los partidos políticos, en virtud de que este artículo derivó que el salario se tomara como base para pagos y multa de servicios.

Finalmente se reforma el artículo 123 constitucional con el propósito de establecer la prohibición de que el salario mínimo pueda ser utilizado como unidad base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral.

Esta reforma constitucional impactará 702 preceptos en diferentes ordenamientos legales, entre otros, el mercantil, civil, laboral y seguridad social. Se envió al Senado de la República para su trámite constitucional.

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