20-12-2014.- El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que por la inseguridad que vive el país algunas personas han contratado seguridad privada como una alternativa para llenar los espacios que no cubren las corporaciones policíacas, por lo que es indispensable garantizar que estas empresas sean confiables, efectivas, de calidad y eficientes.

Precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio pasado, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70 por ciento de los mexicanos dijo sentirse inseguro, lo que justifica el dinamismo de estas empresas privadas.

Subrayó que la inseguridad es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo de nuestro país. La seguridad privada, por tanto, surge como una alternativa a la urgente necesidad producida por un entorno dónde delitos como el secuestro han amenazado la integridad y patrimonio de las víctimas.

Refirió que de acuerdo con funcionarios de policía, en el 2008 alrededor del 80 por ciento de 10 mil compañías de seguridad privada operaba de manera informal a lo largo del país. La mayoría de estas empresas estaba a cargo de exmilitares o exfuncionarios de los cuerpos policiacos federales y estatales.

Sin embargo, aclaró que las firmas privadas “también pueden crear serios problemas, ya que al tener conocimiento de las familias, los negocios, las rutinas y las vulnerabilidades, se les confiere la oportunidad de extorsionar a sus empleadores”.

El legislador reconoció que si bien el mercado de la seguridad privada en México se ha valorado en 240 mil millones de pesos, también cuenta con puntos álgidos que dan cabida a suplantaciones de guardias o filtraciones de delincuentes.

Es decir, su valor equivale a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, y contempla la contratación de guardias, blindajes de unidades y adquisición de equipo de rastreo, entre otros, agregó.

Mencionó que de acuerdo con la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo (Conesprysir), hay entre 8 mil y 10 mil negocios de este tipo, tomando en cuenta los formales e informales, donde laboran un millón 50 mil guardias; de ellos, 600 mil pertenecen a compañías de las llamadas “patito”, lo cual representa un gran peligro para la propia seguridad del Estado.

Indicó que el costo promedio de un guardia se ubica entre los 13 mil o 14 mil pesos mensuales, mientras que en la informalidad es de 6 mil.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, 40 por ciento de estas empresas en el país son informales, lo cual representa que más de 4 mil compañías no tengan ningún respaldo de la autoridad y cuenten con los mínimos filtros para la contratación de sus elementos.

Por ello, estimó que es necesario contemplar en la Ley Federal de Seguridad Privada la obligación, por parte del Estado, de contar con instituciones de seguridad privada confiables y efectivas, con estándares de calidad y con servicio eficiente.

Lo anterior, a fin de implementar y fortalecer una política de Estado en materia de seguridad, ante la evidente fragilidad e incapacidad de contar con un mecanismo que permita reorganizar su población objetivo, en función del número total de empresas registradas e identificadas; de la cifra de empresas con autorización vigente; de la cantidad de empresas con alguna resolución derivada de visitas de verificación; de su ubicación geográfica y tamaño, así como de los recursos de que disponga.

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