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Boletín N°. 4854 Plantean crear Ley de Fomento para la Frontera Norte para impulsar el desarrollo de sus habitantes

21-12-2014 El diputado Jaime Bonilla Valdez (PT), presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, señaló que la economía de esta zona se encuentra en franco deterioro, lo que se ha traducido en el cierre de muchas empresas y la pérdida de empleos, por lo que propuso crear una Ley de Fomento para la Frontera Norte, con el fin de impulsar el desarrollo de sus habitantes.

 

En el documento de su iniciativa, el legislador precisó que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al primer cuatrimestre del año 2014 el número de cierres de empresas en las entidades fronterizas del norte sumaba mil 475.

 

Además, dijo, en la región se vive un proceso inflacionario que golpea con mayor fuerza a los más pobres. Ejemplificó que al cierre del 2013, la población con menos ingresos destinaba el 59 por ciento a la compra de alimentos y desde principios de este año ocupa el 65 por ciento.

 

Por su parte, añadió, el comercio formal ha visto la caída de sus ventas en más del 20 por ciento, ya que el incremento inflacionario ha orillado a la población de clase media y alta, con acceso a visa, a incrementar sus compras en los comercios de las ciudades fronterizas de Estados Unidos, en donde accede a bienes de igual calidad pero a un precio mucho menor.

 

Bonilla Valdez refirió que la economía de la frontera norte por décadas presentó un ritmo de crecimiento relativamente constante, incluso en los años 80 y 90, cuando el país se sumergía en una dura recesión e inestabilidad financiera. Eso contribuyó, dijo, a que se piense que el nivel de vida de sus habitantes es mucho más alto que el del resto del país, y que las poblaciones fronterizas gozan de todos los servicios de primera calidad.

 

Desafortunadamente, enfatizó, la realidad es otra. En comparación con otras zonas, explicó, en las ciudades de la frontera norte el obtener un trabajo en el mercado laboral formal tradicionalmente ha sido más factible que en otras regiones y los sueldos que se obtienen son superiores. Aclaró, no obstante, que esto no se ha traducido en una mejor calidad de vida para sus habitantes. La pobreza, el rezago educativo y de acceso a los servicios de salud es una realidad latente en la frontera norte, aseguró.

 

Mencionó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los municipios mexicanos colindantes con Estados Unidos vivían en el 2010 alrededor de 6 millones 445 mil personas; de estas, 2 millones 252 mil se encuentran en pobreza, es decir, el 35 por ciento de la población de los municipios fronterizos es pobre.

 

Detalló que de los 6 millones 445 mil habitantes de los municipios fronterizos, un millón 14 mil sufría rezago educativo y un millón 976 mil carecían de acceso a los servicios de salud.

 

El legislador subrayó que existe una paradoja en la frontera norte, ya que por una parte se dispone de empresas con el mayor nivel de tecnología de calidad mundial, al lado de espacios urbanos carentes del equipamiento mínimo, y con amplios sectores sociales viviendo en áreas sin servicios públicos y en precarias viviendas.

 

Por ello, dijo, es necesario contar con un marco jurídico particular para esta zona. Planteó, por tanto, expedir la Ley de Fomento para la Frontera Norte, la cual tendría como fin crear las condiciones propicias para que las acciones dirigidas al desarrollo se den de manera holística, coordinada, entre los distintos órdenes de gobierno y las dependencias de la administración pública, que permitan tener en cuenta las singularidades de esta región y elevar los niveles de vida de los habitantes.

 

Explicó que entre las bondades que ofrece la iniciativa para aumentar la competitividad en la frontera se tienen las de carácter fiscal, ya que se tiene contemplado que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales y municipales de estas zonas económicas puedan acordar otorgar beneficios o estímulos fiscales y económicos a las personas físicas y morales residentes.

 

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