22-12-2014.- Diputados cuestionan a secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sobre la transparencia y legalidad del proceso de licitación de la obra del tren de alta velocidad México-Querétaro; la presentación de nuevas ofertas, el costo que tendrá para el gobierno empezar un nuevo concurso y en qué tiempo se hará.

Durante la primera ronda de preguntas, la diputada Cristina González Cruz (PRI) solicitó conocer los métodos que se utilizaron para garantizar “la cabal transparencia y legalidad del proceso de licitación en cada una de sus etapas”, y cuál fue el criterio para calificar la propuesta y quién llevó a cabo dicha evaluación.

También requirió conocer las razones que motivaron a la SCT a tomar la decisión de no firmar el contrato de obra pública para la construcción del tren y bajo qué fundamentos legales se arribó a dicha determinación.

El diputado Rafael Acosta Croda (PAN) solicitó saber de qué manera participó la Secretaría de la Función Pública en el proyecto de licitación y qué otras dependencias o instituciones intervinieron para dar certidumbre legal al proyecto.

Preguntó si existe riesgo de que la cancelación de la primera convocatoria implique la presentación de nuevas ofertas mayores al monto ofertado por el consorcio chino, cómo se prevé atenuar este riesgo y de qué manera se compara la propuesta recibida con otros proyectos, en particular con la línea 12 del Metro.

Por el PVEM, el diputado Rubén Acosta Montoya indagó sobre la motivación que generó la resolución de no firmar el contrato en cuestión; si se ha cuantificado el costo de no hacerlo; cuánto costará al gobierno la nueva licitación; en qué tiempo se hará y qué previsiones se tomaron con la Secretaria de Hacienda para seguir contando con esos recursos el año que entra.

Sobre todo, añadió, porque el proyecto es de gran importancia al facilitar la movilidad de las personas, económicamente conecta una cadena de valor productiva del país y aporta beneficios al medio ambiente.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo que el tema de fondo es la corrupción, motivo por el cual se creó la comisión especial que investiga el caso y que en su momento se planteó que fuera más amplia para revisar todos los contratos del Grupo Higa, la operación de licitaciones y la entrega de residencias, donde se advierte un conflicto de interés.

Dijo que en la presente administración se han otorgado miles de licitaciones por más de 200 mil millones de pesos e Higa ha ganado casi 100 mil millones de pesos, 47 mil del Acueducto Monterrey VI, mil de la remodelación del Hangar Presidencial y 50 mil 800 millones para la operación del tren México-Querétaro. ¿Hay o no hay conflicto de interés?

La diputada Lilia Aguilar Gil coincidió en que en la licitación a Higa puede haber un tráfico de influencias y un conflicto de interés.

Preguntó cuál fue el tabulador para la valoración de riesgo político y tomar la decisión de cancelación o de la no firma.

José Angelino Caamal Mena (NA) expuso que debido al cambio repentino de revocar el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro y a todas las dudas y especulaciones presentadas por la cancelación de la misma, es probable que se afecte el escenario para la inversión extranjera, por lo cual, en estas reuniones de trabajo de la comisión especial con funcionarios, se debe generar un mensaje de certeza a la opinión pública y a los inversionistas.

Destacó que no haber firmado el contrato, derivado del fallo de la licitación, pudo haber sido un acto conforme a derecho, pero de ser así, faltó comunicarlo oportunamente, es decir, transparentar los hechos que lo motivaron. Solicitó una explicación si existe o no conflicto de intereses por parte del Grupo Higa para participar en el nuevo proceso de licitación.

En respuesta, el secretario de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, calificó como legal, transparente y objetivo el trámite del proceso de licitación. “El fallo se hizo público y lo que trataremos de hacer en la próxima licitación es reforzar estos elementos para que los cuestionamientos sobre la legalidad queden lo más minimizados posibles”, apuntó.

De por qué no se firmó el contrato de obra pública para la construcción del tren, dijo que se debió a la duda que surgió sobre si el proyecto podría realizarse, además de los riesgos a que las pérdidas económicas pudieran ser mayores.

Referente a la participación de las secretarias de la Función Pública y la de Hacienda, Ruiz Esparza detalló que la segunda dio el “banderazo” para emitir la licitación y las condiciones para hacerlo, además de que valoró el crédito ofrecido en la propuesta del gobierno Chino, mientras que la Función Pública fungió como facilitador administrativo.

En cuanto a los riesgos en la cancelación de la licitación, refirió la imposibilidad de que el proyecto genere los beneficios inherentes a una infraestructura de esta naturaleza, el empleo que genera y la derrama económica.

Resaltó que la visita del titular del Ejecutivo federal a la República Popular de China fue con el fin de generar una nueva relación estratégica en este tipo de inversiones. “El punto fundamental es repetir la licitación, la motivación esencial disipar dudas y que la relación China-México se vea fortalecida y no puesta en tela de juicio ante una situación de esta naturaleza”, acotó.

El funcionario rechazó que hubiera algún conflicto de interés. Explicó que éste se presenta en el momento en que la Secretaría o algún funcionario de la dependencia manifiestan algún interés personal por ayudar al consorcio. Los contratos de la dependencia, dijo, no acreditan un trato favorable, ni en su monto ni en el número de contratos.

Ruiz Esparza señaló que se valoró el tema y simple y sencillamente se vio el riesgo de firmar este contrato “a todas luces tuvo muchas inconformidades”.

Destacó que sí informó en su momento a la opinión pública de la cancelación de la licitación. “Lo primero que hizo la Secretaría, explicó, fue transmitir a los medios de comunicación electrónicos el anuncio y posteriormente, desde la República Popular de China, donde acudió en plan de trabajo, envió un comunicado en el que se razonaba el por qué de la decisión del gobierno mexicano”.

Refirió que el gobierno de China y el consorcio constructor entendieron el tema y, aunque es imposible afirmarlo, están dispuestos a participar en la siguiente licitación.

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