22- 12- 2014.- Diputados del PRI, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza hicieron planteamientos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sobre el tráfico de influencias y la información privilegiada que presuntamente manejó el Grupo Higa en la licitación para la construcción del tren México-Querétaro.

Asimismo, interrogaron al funcionario federal, respecto de las medidas preventivas para garantizar la transparencia y legalidad en estos proyectos, durante la segunda ronda de preguntas de los diputados integrantes de la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación, emisión del fallo y su cancelación para la construcción del tren México-Querétaro.

Por Nueva Alianza, el diputado José Angelino Caamal Mena inquirió: ¿Cómo es que el consorcio chino ganador tenía un proyecto tan construido, formado y robusto que obtuvo una evaluación de 94 puntos y las otras tres empresas solicitaron una ampliación para presentar su propuesta técnica y económica?

Destacó que los proyectos deben estar apegados a derecho, por lo cual se necesita transparentarlos y darlos a conocer a la ciudadanía, porque “todas las acciones de los gobernantes se convierten en debilidades o fortalezas, según se manejen”.

“Al existir lagunas en las leyes, (los funcionarios) pueden aprovecharse de manera indebida y para beneficio personal, lo cual debe ser perseguido y proscrito en el país, ya que los mexicanos buscan condiciones de libertad, igualdad y transparencia que aseguren de forma equitativa las oportunidades de desarrollo para todos”, aseveró.

A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar Gil preguntó sobre la imposibilidad de que el Grupo Higa participe en la próxima licitación, por el análisis de riesgo político, ya que permitirlo sería no sólo un escándalo, sino que exacerbaría esos riegos.

Cuestionó en qué parte del proceso se registró tráfico de influencias. Aclaró que el proceder de la empresa china no está en duda, sino la participación casual de Higa, porque pudo haber tenido información privilegiada que la condujo a tener nexos con el consorcio oriental.

Preguntó: ¿por qué la empresa china no ha reclamado el pago de gastos; si existe argumentación legal o no y si hay compromisos para no hacer la reclamación? Señaló la necesidad de valorar el riesgo nacional por no haber firmado ese contrato, por el prestigio de México como socio a nivel internacional y por la seriedad con la que se maneja el país.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) consideró que la información del gobierno federal sobre Higa es insuficiente. “Detrás de todas las obras está la corrupción, sus respuestas no nos satisfacen, así que demandaremos mayores datos”, comentó.

Cuestionó la experiencia que tiene Grupo Higa en construcción de trenes, y reprobó que puedan participar de nuevo en las licitaciones de contratos. Asimismo, pidió al titular de la SCT explicar cuántas obras se han adjudicado a esa empresa y qué experiencia tiene, y sobre la relación personal entre la empresa y el secretario de Comunicaciones y Transportes.

En su turno, el diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) consideró que el efecto internacional de no haber firmado el contrato es preocupante, debido a que se desalienta la inversión y otras empresas no están dispuestas a participar en nuestro país.

Exhortó a la SCT y al Ejecutivo federal a tomar mayores riesgos y ser firmes con las decisiones de gran índole al momento de firmar contratos con empresas internacionales. Señaló que no se puede ceder constantemente, ya que es insultante para ellas.

Por el PAN, el diputado Rafael Acosta Croda lamentó que una obra tan importante para el pueblo de México se atrase seis u ocho meses, ya que va a ser una columna vertebral del país. Señaló que de todo lo que se dice, no se ha aprobado nada y es una licitación de acuerdo a derecho.

Pidió auditar la Línea 12 porque el material rodante falló y “no puede ser que 20 mil millones de pesos se den y ahora vamos a checar eso”.

La diputada Cristina González Cruz (PRI) resaltó la importancia de este tren eléctrico, “el primero en su tipo en el continente americano, con una velocidad máxima de hasta 300 kilómetros por hora y un beneficio de tiempo de 58 minutos, es decir, se reducen más de dos horas”.

En su primer año, continuó, dará servicio a más de 23 mil pasajeros, brindará conectividad, movilidad, oportunidades de desarrollo y ahorros en tiempo y dinero. En términos generales, “tenemos el tren más moderno en su tipo en América Latina”. Cuestionó medidas preventivas que contemplará la SCT para que no se vuelvan a dar señalamientos a la transparencia y legalidad, que generaron sobre las decisiones.

En sus respuestas, el titular de la SCT, Ruiz Esparza, explicó que la empresa china presentó un proyecto acabado y con calificación alta, porque desde el primer momento, más de un año antes en que funcionarios mexicanos fueron a China, empezaron a analizar su propuesta con toda seriedad para cumplir con los tiempos.

Otras empresas solicitaron ampliaciones y la SCT definió que “quien debía determinar los tiempos es el gobierno de la República y no los proveedores del servicio, ya que ellos estaban viendo sus intereses nada más”.

Sostuvo que “no cabe duda de que la empresa Higa está imposibilitada desde el punto de vista de opinión y cuestionamiento públicos, así como por debate político. “No me queda duda de que no va a volver a participar, así lo han manifestado públicamente; también las otras dos empresas no quieren hacerlo”.

Sobre el tráfico de influencias, dijo que “es un tema sensible y difícil de argumentar y no fácil de convencer. Lo más sensato es que la empresa china y su gobierno no estén en este tema”.

Indicó que son los proveedores del servicio, y no el gobierno, quienes saben perfectamente bien cómo está el mercado y las condiciones de oferta. “No encuentro de qué manera se pudo haber apoyado o darle una preferencia a un participante, es muy difícil”.

Acerca de la no reclamación de gastos de la empresa china, lo atribuyó a dos razones: la primera, porque quieren participar en la siguiente fase. Esos gastos no recuperables son por concepto de viáticos, honorarios y pasaje. “Realmente, de acuerdo a la norma vigente, no estamos hablando de una cantidad que pueda ser significativa”.

La segunda, porque el gobierno de China ha expresado que su principal prioridad es que no se afecte la relación amistosa con el gobierno mexicano. “No creo que el monto de los gastos recuperables sean algo que valga la pena para que, a través de esto, se pudiera ver algún conflicto entre los dos gobiernos o alguna reclamación”.

Con respecto al efecto internacional, Ruiz Esparza aseguró que México se considera como un gran centro de inversión. “El interés se sigue manifestando aun y cuando fue una noticia mundial la cancelación de este tren. Es algo que no afectó absolutamente el interés por seguir invirtiendo en México”.

El funcionario expresó que la ley protege los intereses del patrimonio mexicano y refirió que Higa sólo ha contado con dos contratos con el gobierno federal. “No hay empresas consentidas”, indicó.

Sobre las relaciones personales del secretario con esa empresa, explicó que es estrictamente laboral, y las obras asignadas a ese grupo han sido a través de licitaciones, como el marco jurídico lo establece. Explicó que como titular de la SCT desconoce los contratos que Higa tenga con otras dependencias.

Refirió que es importante fortalecer la credibilidad en el mercado mexicano, y que la propia sociedad cobije ese tipo de proyectos. Pese a ello, dijo, el tema del tren México-Querétaro fue muy particular, además, de que se dio en un momento de coincidencias, y se tomó la mejor determinación para que el proyecto pueda avanzar después en mejores condiciones.

Comentó que se hace más allá de lo que pide la ley para fortalecer la transparencia y las acciones de la secretaría. El objetivo, aseguró, es tener en el nuevo procedimiento una auditoría permanente que garantice que las acciones estén cobijadas por la legalidad.

El secretario destacó la importancia de fortalecer la presencia del sector empresarial dentro de este tipo de concursos, y si existe legalidad en un procedimiento, se respete a quien ha participado en el proceso, y de lo contrario, se audite.

Aclaró que el compromiso es hacer un esfuerzo permanente y hacer públicas todas las decisiones de la secretaría sobre este proyecto y todos los que sean relevantes, pero sobre todo los que tienen alto impacto sobre la opinión pública, la infraestructura, la economía y el empleo del país.

Hizo el compromiso de hacer públicas desde el primer momento hasta el último, las decisiones que se vayan tomando y tener todas las providencias necesarias a fin de que pueda haber una auditoría sistemática y permanente sobre estos proyectos, y contar con una opinión calificada nacional o internacional que vaya llevando un seguimiento de todos los movimientos legales, normativos de obra y de financiamiento.

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