08-01-2014.- La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emplee los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de Estados Unidos, a fin de agilizar las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, y demás personas que están en su misma situación.

El punto de acuerdo, considerado de urgente resolución, detalla que en 2009 la delincuencia organizada le amputó los pies a Carlos Gutiérrez por no pagar una extorsión y como una lección a las personas que se rehúsan a pagar la cuota.
Posteriormente, el ex empresario presentó la solicitud de asilo a los Estados Unidos pero, aún con los antecedentes, su caso fue tramitado como de baja prioridad.

Refiere que en octubre de 2013, con ayuda de sus prótesis, Carlos comenzó a recorrer 700 millas durante dos semanas, entre El Paso y Austin, Texas, con la finalidad de llamar la atención sobre la situación en la que viven centenares de personas al solicitar asilo político por causa de la violencia ocasionada por la delincuencia organizada en nuestro país.

Bajo la campaña “Pedaleando por la Justicia”, se busca crear conciencia acerca de la corrupción que se vive en México, así como sensibilizar al gobierno de Estados Unidos, ya que han rechazado más del 90 por ciento de los casos de asilo político, precisa el documento.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), promovente del punto de acuerdo, comentó que en Michoacán más de cinco mil personas han pedido carta para solicitar su asilo político a Estados Unidos. De acuerdo con los abogados de la Organización Mexicanos en Exilio, este proceso toma mucho tiempo, aproximadamente cinco años, y “en ese lapso los solicitantes permanecen en el limbo”.

Ante ello, dijo, es prioritario que se visibilice la urgencia de la situación de las personas y que de esa misma forma se agilice el sistema migratorio de los Estados Unidos.

En su turno, el diputado Javier Orihuela García (PRD) consideró que no solamente es necesario pedir que se agilice este proceso, sino hacer algo para proteger a los miles de ciudadanos que hoy están en la condición de Carlos Gutiérrez, que quieren irse de este país porque no encuentran la protección del Estado mexicano.

Mencionó que en Morelos el índice de secuestros ha aumentado y “van a los puestos con metralletas a pedir el pago de piso”.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (PRI) indicó que nuestro país vivió en la primera década del siglo XXI la peor de las violencias en la historia de México contemporáneo. “En diferentes rincones del país los mexicanos enfrentaron la injusticia, la impunidad y la constante violación a sus derechos fundamentales”.

“Ciudadanos que perdieron su patrimonio, su techo, las piernas y la vida, pero también la confianza en el Estado, su tranquilidad y certeza jurídica”, subrayó.

El senador Zoé Robledo Aburto (PRD) comentó que existe un cuarto de millón de mexicanos en situación de desplazamiento, que por “esta insensata guerra contra el crimen organizado han tenido que abandonar su lugar de residencia por temor a sufrir represalias”.

“Son personas que tuvieron que abandonar a sus familiares y pertenencias porque el Estado mexicano no pudo proteger la vida de sus ciudadanos”, por lo que se pronunció a favor de que el tema de desplazados también sea motivo de legislación.

Por último, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) señaló que hay miles de mexicanos que se han desplazado producto de la violencia y del modelo fallido de seguridad pública que vive el país. “Este modelo fallido se inauguró en Michoacán en 2006 y ha sido mantenido por el actual gobierno federal”.

Sostuvo que el derecho humano a la seguridad es un derecho universal, es un derecho que no tiene fronteras; por ello, se pronunció a favor del punto de acuerdo.

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