22-012014.- La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (PRI) presentó una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional, a fin de que el Estado garantice un seguro de vida a madres jefas de familia, de entre 12 y 59 años de edad en caso de muerte, y avalar que sus hijos tengan acceso a la educación.

Propuso que la protección se ofrezca mediante una transferencia económica bimestral a los hijos en orfandad, de 10 salarios mínimos para el nivel preescolar; 15 para primaria; 22 para secundaria; 30 para la educación media superior y máximo 60 salarios mínimos para los jóvenes de hasta 23 años que cursen el nivel superior.

De esta forma, los hijos en orfandad tendrán herramientas para construir su futuro y disminuir los riesgos del desamparo, toda vez que casi 4 millones de jóvenes de entre 5 a 15 años deambulan en calles expuestos a la droga y la delincuencia.

Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen.

No conceder indulto por delitos de lesa humanidad

La diputada del PAN, Karina Labastida Sotelo, leyó una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución, para que “en ningún caso se pueda conceder el indulto por delitos de lesa humanidad”, bajo un proceso judicial impecable e íntegro.

Explicó que conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un delito de lesa humanidad comprende conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelamiento o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente.

Desaparición forzada, secuestro o cualquier otro acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de la víctima, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, argumentó.

Subrayó que el indulto podrá concederse conforme a las leyes, a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y del orden común en el Distrito Federal. No para delincuentes que hayan cometido actos graves de alto impacto social, lo cual, dijo, tendrá que armonizarse con el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, que obliga al Estado mexicano, en todos los niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Conforme a esta propuesta, la figura del indulto se mantendrá como una prerrogativa discrecional del Presidente de la República, “sólo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción”, afirma.

La iniciativa fue suscrita por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN), y tiene como propósito la eficaz protección de los derechos humanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su dictamen.

Abrir el Canal del Congreso a la sociedad civil

Para consolidar el derecho a la información y a la trasparencia, a través del Canal del Congreso, la diputada del PRD, Graciela Saldaña Fraire, propuso “licitar espacios a proyectos de difusión social de organismos de la sociedad civil, a fin de que cumpla con la función social de dar seguimiento a temas de interés del Poder Legislativo con una visión de la sociedad civil”.

Para ello, propuso reformas y adiciones a diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General. Destaca que aparte de difundir el trabajo que realizan las y los legisladores, se necesita que esta señal sea un espacio en el que confluyan gobernados y gobernantes en un ejercicio de interacción en un medio de difusión del Estado, con lo cual se fortalece la democracia en un marco plural.
Planteó que se difundan programas realizados por los ciudadanos en horarios nocturnos, en los cuales sólo se retransmiten actividades legislativas que no resultan del interés de la audiencia, es decir, de lunes a viernes de 23 horas a 3 de la mañana; y sábados y domingos de 22 horas a 2 de la mañana, así como de 6 a 10 de la mañana, “ya que en este tiempo no se trasmiten contenidos legislativos en vivo y si se retransmiten algunos otros”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para dictaminarse.

Certeza jurídica en la seguridad social

Por otra parte, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) presentó iniciativa para reformar el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para especificar el tiempo que tiene el trabajador o beneficiarios a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, derecho que prescribirá a favor del instituto a los diez años de que sean exigibles.

La propuesta precisa que ese lapso se contará “una vez que el instituto haya realizado la notificación personal correspondiente al trabajador o beneficiarios sobre la exigibilidad de ese derecho”. El legislador destacó la importancia de dar certeza jurídica a la seguridad social.

La iniciativa fue suscrita por la diputada del PT, María del Carmen Martínez Santillán, y turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para dictaminarse.

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