30-01-2014.- A un año de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se han rescatado a tres millones de mexicanos de los siete millones en extrema pobreza, afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, José Alejandro Montano Guzmán (PRI).

“En este momento son tres millones los que ya tienen alimento, en la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tres de los siete que estaban en extrema pobreza sin alimentación, ya pudieron rescatarse, entonces en ese programa puede lograrse la meta este año de cuando menos seis”, dijo.

Durante su participación en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de la Política de Desarrollo Social 2013-2018, realizado en un hotel de la Ciudad de México, el diputado destacó que la política social del Gobierno federal tiene como objetivo terminar con el asistencialismo y promover la autosuficiencia alimentaria, además de garantizar que aquel funcionario de cualquier orden de gobierno que no maneje bien los recursos enfrente la ley.

Afirmó que los programas sociales no se frenarán por cuestiones electorales, “van encauzados, están bajo una estrategia específica, están convergiendo varias dependencias coordinadas en los estados y municipios; así que es un tema operado coordinadamente en el que queda afuera el manejo electoral, porque tanto Federación, gobernadores y municipios pertenecen a diferentes partidos”.

Informó que en los estados se han creado Consejos que avalan quienes serán beneficiarios por los programas sociales, lo cual garantiza democracia y transparencia.

Detalló que la Federación y los estados cuentan con un padrón de los derechohabientes que realmente necesitan ser beneficiados por los programas sociales, lo que evita que éstos se politicen.

“Anteriormente se politizaban porque le daban a grupos de operadores electorales para hacer “talacha”, en lugar de ver la gente que lo necesitaba”, refirió.

El diputado priista precisó que algunos municipios aún no cuentan con una lista de beneficiados. “Estamos analizando la posibilidad de que esto se haga ley para que tanto municipios, estados y federación pongan los nombres de los derechohabientes y no se tripliquen o se dupliquen los beneficiarios”, abundó.

En la mesa de “Derechos Humanos” del foro, Montano Guzmán destacó que en el último año se han dado avances notables en la materia, como la recientemente promulgada Ley de Amnistía, por medio de la cual el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pudo decretar la libertad inmediata de Alberto Patishtán, profesor que fue encarcelado y condenado a cumplir 60 años de prisión durante la anterior administración.

También mencionó las reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Victimas, que el Congreso de la Unión ha aprobado con la concurrencia de la mayoría de las fuerzas políticas.

Sin embargo, reconoció que se tiene mucho que hacer, luego de que la situación de los derechos humanos de los últimos 10 o 12 años no ha sido la más recomendable y que, por el contrario, en algunos casos hubo graves retrocesos.

Detalló que los derechos humanos deben de ser considerados a través de una visión integral y con un enfoque desde la “Seguridad Humana”, es decir, desde un enfoque que permita observar de manera total la atención y cobertura de las necesidades de la sociedad.

Enfatizó que desde la seguridad humana, los derechos humanos cobran una nueva perspectiva, consiste en la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas, de forma que se mejoren las libertades y la realización de las personas.

“La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas o graves y presentes, crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, culturales y de seguridad pública y nacional, que de forma conjunta aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad”, dijo el diputado Montano Guzmán.

Finalmente, el legislador indicó que aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos. “Los retos a la seguridad pública, la seguridad humana y las violaciones a los derechos humanos, son fácilmente identificables. Es responsabilidad de todos atacar sus causas”, afirmó.

Indicó que es importante adoptar un modelo de visión que permita atender de forma integral todos los aspectos del desarrollo humano y las distintas amenazas en contra de la seguridad humana.

Asimismo, destacó que el financiamiento de la política social debe contemplar el enfoque productivo y trascender el asistencialismo.

“Desde el legislativo hemos avanzado en la tarea de respaldar la política social en toda la extensión de la palabra, de la misma manera en que se ha hecho y se seguirá haciendo en materia de derechos humanos”, aseguró.

Dijo que quería dejar el precedente de que se harán todos los esfuerzos y se llevarán a cabo todas las acciones posibles para contribuir en la mejora de los indicadores de desempeño desde la perspectiva de la seguridad humana.

En su participación, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, destacó que la política social de nueva generación implica concurrencia, es decir, que los programas y sus presupuestos estén alienados en función de objetivos y metas específicas.

“Nuestra política social tiene que estar en función de los indicadores a partir de los cuales se mide la pobreza y la desigualdad. Estos indicadores son los derechos a la salud, a la vivienda y a la alimentación: Es por eso que nosotros hemos planteado una estrategia de concurrencia a partir de recuperar la rectoría del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social que estamos alineando en función de indicadores”, dijo.

En el Foro Nacional de Consulta estuvo presente el subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jesús Aguilar Padilla; el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona; y el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Además, del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas; la directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma Carolina Viggiano Austria; el director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Ángel Ramón Islava Tamayo, y el coordinador de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Jorge de Jesús Diez de Sollano.

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