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Bolet√≠n N°. 2935 Propone iniciativa pruebas antidoping para candidatos a cargos de elecci√≥n popular y funcionarios p√ļblicos
  • Dar√≠a mayor certeza sobre quienes ocupen estos puestos: diputado C√°rdenas Gu√≠zar

 

 

  • En muchos casos, candidatos adictos a las drogas ‚Äúllegan a tener v√≠nculos con la delincuencia organizada‚ÄĚ

 

10-02-2014.- A fin de hacer obligatorio el requisito de la prueba de antidoping para cargos de elecci√≥n popular, incluidos los del Presidente de la Rep√ļblica y legisladores, y de quienes sean ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n y secretarios de despacho, el diputado Gabriel de Jes√ļs C√°rdenas Gu√≠zar (PAN) propondr√° reformas a los art√≠culos 55, 82, 91 y 95 de la Constituci√≥n Pol√≠tica.

 

El integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo expresó que el futuro de México no puede recaer en personas que no cuenten con las aptitudes necesarias para asumir el cargo que ocupan, sobre todo cuando padezcan una adicción que les imposibilite cumplir con esa responsabilidad.

 

Argumentó que la implantación de estas medidas como requisito obligatorio, contribuiría a dar mayor certeza sobre quienes ocupen estos cargos de elección popular, para que atiendan su compromiso con la ciudadanía y no los intereses de grupos delictivos.

 

‚ÄúSabemos que en muchas ocasiones, al ser estos candidatos adictos a las drogas, llegan a tener v√≠nculos con la delincuencia organizada que los provee de estas sustancias, y √©sta aprovecha y utiliza la corrupci√≥n en este sector como instrumento para transgredir a las instituciones y quebrantar el Estado de Derecho‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

 

La iniciativa que presentar√° ante el Pleno camaral explica que ‚Äúla infiltraci√≥n de la delincuencia organizada en los sectores p√ļblicos se produce cuando logra participar en precampa√Īas o en campa√Īas pol√≠ticas financiando o apoyando a trav√©s de los medios de comunicaci√≥n o comprando votos y corrompiendo los procesos electorales democr√°ticos‚ÄĚ.

 

El crimen organizado tambi√©n logra influir coaccionando, mediante sobornos, amenazas o chantajes, a los pol√≠ticos para obtener su apoyo gracias a los lazos familiares de estos o a la existencia de ‚Äúdeudas‚ÄĚ con algunos miembros delincuenciales, a√Īade.

 

Puntualiza que la infiltraci√≥n a este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al Estado en sus decisiones m√°s importantes, lo que equivale a comprar sus pol√≠ticas p√ļblicas.

 

Cárdenas Guízar mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, esta enfermedad representa un problema cuyo control va mas allá de la simple voluntad de dejar de consumir, modifica el comportamiento de los afectados y los predispone a la inadecuada toma de decisiones en diferentes áreas de su vida.

 

Por lo tanto, ‚Äúno es posible que una persona que padezca este tipo de consecuencias f√≠sicas y cognoscitivas y que aspira a un cargo de elecci√≥n popular, pueda llevar a cabo la responsabilidad que le fue asignada en el desempe√Īo del cargo que ocupa‚ÄĚ, abund√≥.

 

Resalt√≥ que a nivel nacional, Baja California y Sonora han incluido en su legislaci√≥n esta medida preventiva, por lo que resulta necesario que la legislaci√≥n se actualice y regule este aspecto referente al poder p√ļblico, para restringir que este tipo de candidatos a contender a un cargo de elecci√≥n popular no se encuentre bajo los efectos nocivos de las drogas.

 

‚ÄúLas candidaturas a estos puestos de elecci√≥n popular deben recaer en personas que puedan desempe√Īar su labor con eficiencia, compromiso, capacidad y con la salud mental suficiente para desempe√Īar su funci√≥n‚ÄĚ, afirm√≥ Gabriel de Jes√ļs C√°rdenas.

 

Por ello, la iniciativa precisa que en el caso de los diputados y presidente de la Rep√ļblica, los candidatos no deben tener adicci√≥n a drogas u otras sustancias prohibidas por la Ley, y deber√°n acreditarlo presentando los resultados de un examen practicado por una instituci√≥n p√ļblica de salud ante el √≥rgano electoral.

 

Igualmente, en el caso de un secretario de despacho o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n se les pide no tener alguna adicci√≥n a drogas u otras sustancias prohibidas por la Ley, y acreditarlo con los resultados de un examen practicado por una instituci√≥n p√ļblica de salud.

 

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