• Quien sufre de inseguridad paga altos costos de recuperación

15-02-2014 El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante de la Comisión de Salud, promueve una iniciativa para que las víctimas de delitos de secuestro, robo, delincuencia organizada o violación, queden exentas del pago de servicios médicos cuando sean atendidas en instituciones públicas de salud.

Mediante una enmienda al artículo 36 de la Ley General de Salud, el legislador también propone que de ser atendida una urgencia en el sector privado, la Secretaría de Salud debe absorber íntegramente los costos de hospitalización, atención médica, estudios de diagnóstico y medicamentos a las víctimas de los mismos ilícitos.

Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) advierte que paralelamente a los índices de criminalidad, están los efectos colaterales de víctimas de la inseguridad pública que, aunque lograron salvar sus vidas, resintieron grave menoscabo en su salud.

“Son quienes han sufrido lesiones por armas de fuego o punzocortantes a consecuencia de los delitos de robo, secuestro, delincuencia organizada o el delito de violación”, refiere.

Detalla que en el 90 por ciento de los casos, quienes han sufrido tales delitos son atendidos en instituciones del sector público, y los restantes en hospitales privados.

Cita una estadística del Comité Internacional de la Cruz Roja, la cual apunta que el 98 por ciento de las victimas por arma de fuego necesita cuando menos una cirugía para recuperar su salud.

El diputado mexiquense agrega que el costo promedio por cirugía en México es de 20 mil pesos en el sector público, y de 50 mil en el privado. Cuando se comprometen órganos vitales, las cantidades pueden triplicarse, acota.

“Ese es el precio adicional que han tenido que pagar las víctimas de la inseguridad en nuestro país”, subraya Samperio Montaño.

El legislador hace hincapié en lo establecido en los artículos 21 y 2 de la Constitución Política y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, respectivamente, en los cuales se señala como una función del Estado la seguridad pública, donde se debe velar por la integridad y derechos de las personas.

“Acorde a estos preceptos, las consecuencias de la inseguridad pública deben ser también una responsabilidad del Estado. Sin embargo, las víctimas de los citados delitos se han tenido que responsabilizar de las consecuencias finales, pagando altas cuotas de recuperación por la atención médica, porque así lo dispone la Ley General de Salud”, sostiene.

Asimismo, pone de manifiesto que de acuerdo con datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de 2012, 65 millones de mexicanos carecen de afiliación a alguna institución de seguridad social.

No obstante, subraya que en nuestra Carta Magna se establece el derecho a la protección de la salud, además de que los reglamentos de prestaciones medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) estipulan que quienes demanden servicios de salud serán atendidos independientemente de si sean derechohabientes o no.

“Nuestra principal labor es buscar el equilibrio entre las políticas públicas y los instrumentos de gobernabilidad. Nuestros representados legítimamente lo exigen, por lo que a través de esta iniciativa proponemos que toda víctima de los delitos de secuestro, robo, delincuencia organizada o violación, reciban atención médica y medicamentos, eximidos del pago de cuotas de recuperación”, concluye.

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