• Asegura que la actual Ley Orgánica no tiene fundamento constitucional
• La mayoría de los mexicanos no conoce a sus diputados e ignora cuál es su función, dice
• Se inaugura foro sobre modernización del Parlamento; se traerán experiencias de Alemania e Inglaterra

17-07-2014.- El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputado Marcos Aguilar Vega (PAN), informó que se construye un nuevo marco jurídico para modernizar al Congreso de la Unión, que regulará a los senadores y a los diputados federales con un diferente paradigma de representación popular.

Dicho proceso incluirá una Ley del Congreso, fundamentada en la Constitución, nuevos reglamentos tanto para las Cámaras de Diputados y de Senadores, y estatutos que establezcan el manejo administrativo de ambas, puntualizó.

Subrayó que actualmente la Ley Orgánica del Congreso no tiene fundamento constitucional, pues la modificación a cuatro artículos de la Carta Magna no se ha plasmado en este instrumento jurídico que define la estructura, funcionamiento y facultades parlamentarias.

El anuncio lo hizo durante el foro “La modernización urgente y posible del Congreso Mexicano. Diálogo Socio-Parlamentario: Innovación en Europa y América Latina”, convocado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados y la fundación Friedrich Ebert Stiftung.

Aguilar Vega estimó que la propuesta será presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones, una vez consensuada por los diversos grupos parlamentarios y también por los ciudadanos, a los cuales se les pedirá su participación.

El principal objetivo será recuperar la confianza de la sociedad en el Poder Legislativo, ya que 7 de cada 10 mexicanos no conocen a su diputado o senador; 6 de cada 10 parlamentarios no saben cuál es su verdadera responsabilidad, y 9 de cada 10 se expresan mal de ellos, señaló.

“Los mexicanos quieren un nuevo modelo de representante popular, del Poder Legislativo en México”, enfatizó.

Consideró necesario establecer una legislación que garantice ampliamente el desarrollo y funcionamiento del Poder Legislativo fundado en un marco jurídico, es decir, que los propios legisladores estén sujetos a una regulación.

Se necesita uniformar los reglamentos de las dos Cámaras, porque existen diferentes marcos jurídicos que impiden realizar el trabajo en los mismos términos, privilegiando el fin para el que fue creado el Poder Legislativo. Por ello, “se trabajará fuerte”, aseguró.

Comentó que este nuevo modelo legislativo será innovador para atender las demandas de los mexicanos, y los representantes populares deberán cumplir, para ser más competitivos, como en otras partes del mundo. Un ejemplo son Alemania e Inglaterra, por ser casos exitosos en materia parlamentaria; “de allá se traerán muchas ideas para incorporarlas al esquema jurídico nacional”, indicó.

Explicó que se busca en primer término “fortalecer al Congreso como un ente que pueda constituirse como un lugar donde se expresen las ideas y representar las demandas de todos los mexicanos y la pluralidad”.

Un Poder Legislativo que pueda cumplir cabalmente con la tarea de generar equilibrio entre los distintos Poderes de la Unión y sea contrapeso del Ejecutivo, agregó.

El diputado Marcos Aguilar dijo que hay muchas reglas en el Congreso que deben revisarse y analizarse a fondo, para garantizar la eficiencia y el debate, a fin de que la discusión se fortalezca en cada sesión y los órganos de gobierno funcionen adecuadamente.

Refirió que las actividades de las cámaras han sido reguladas por un reglamento (1934) y una Ley Orgánica (una de 1979 y la última de 1999, vigente aún); sin embargo, el país se ha transformado y se ha transitado por dos alternancias a nivel federal, y “no es posible ni viable pensar que el marco jurídico de 1999 garantice que en el 2014 atienda la realidad social que viven los mexicanos”.

Eso implica, señaló, definir un marco jurídico para los 628 legisladores, donde se incluyan aspectos como la transparencia, rendición de cuentas, modelos de iniciativa ciudadana que estén perfectamente regulados.

Obviamente, continúo, figuras como la reelección “sin duda tienen que formar parte de la nueva legislación, porque desde ahí el ciudadano dará el premio a quienes cumplan promesas de campaña con responsabilidad. Son muchos los temas. Es un asunto de mucho fondo que se discutirá”, estimó.

Por su parte, el diputado del PRD, Roberto López Suárez, destacó que ante los retos y retrocesos del Poder Legislativo son urgentes nuevas reglas que rijan sus actividades, para “evitar que las cámaras de Diputados y de Senadores sean oficinas para recepción de documentos y aprobación en automático”.

Advirtió que “si el Congreso no se autoregula y autovacuna creando una ley que evite las ambigüedades, los vacíos jurídicos, las imposiciones y el poder político que se le impone, se va a deteriorar más”.

Indicó que de las 101 iniciativas presentadas a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para regular las actividades del Congreso respecto a la asistencia, quórum, procedimiento en las comisiones y mecanismos para instalar comisiones ordinarias y especiales, sólo 11 han sido aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Participó también Pablo Gómez, consejero nacional del PRD, refirió las limitaciones estructurales del Congreso mexicano que lo han debilitado y convertido en anacrónico. Requiere, sostuvo, una reforma política que lo dote de los mecanismos para ejercer funciones de control político inherentes a todo órgano legislativo.

En tanto, Thomas Manz, representante de la fundación Friedrich Ebert Stiftung, reconoció el esfuerzo del Congreso mexicano para impulsar una nueva legislación que norme sus actividades bajo parámetros más transparentes, tendencia que prevalece en muchos países por la necesidad de diálogo entre los Parlamentos y los ciudadanos.

Dijo que uno de los desafíos del Poder Legislativo es alentar la transición de una democracia representativa a una participativa, lo cual debe ser estímulo para pensar qué está mal en los congresos y qué se podría hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía, cuya percepción es mala y no confía en sus representantes populares.

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