• PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor porque se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y será más productiva

• PRD, Movimiento Ciudadano y PT, en contra, debido a que se fraccionará a la CFE y se entregará a la iniciativa privada

• Discuten temas específicos: El modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas; La industria eléctrica nacional, y Los productores independientes de electricidad.

22-07-2014.- Diputados integrantes de la Comisión de Energía fijaron sus posicionamientos respecto a la segunda minuta recibida por parte del Senado de la República, la cual expide las leyes de la Industria Eléctrica y la de Energía Geotérmica, y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Previa a su aprobación en lo general, con 20 votos a favor y cinco en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se manifestaron a favor del dictamen al considerar que permitirá fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como generar energías más accesibles, de calidad, con mejor infraestructura y servicio.

Aclararon que no se pueden bajar por decreto los costos de la energía eléctrica; sin embargo, hay dos formas para que la CFE pueda disminuir los precios de la luz que son al reducir sus costos de producción y abrir a una mayor competencia el sector.

En tanto, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT expresaron su desacuerdo al señalar que esta reforma sólo fraccionará a la CFE y se entregará a la iniciativa privada, no bajarán las tarifas eléctricas y la eliminación de los subsidios afectará a los consumidores domésticos.

Al fijar su posicionamiento, por el PRI, el diputado Antonio Francisco Astiazarán afirmó que esta reforma “no busca eliminar el subsidio, por ningún motivo”. El déficit por más de 85 mil millones de pesos exige replantear el modelo energético del país y hacer de la industria eléctrica más competitiva, porque la CFE “vive momentos muy críticos”, subrayó.

El objetivo de la reforma es convertir al sector en uno de los principales motores del desarrollo económico nacional. Refirió tres metas: abrir la competencia en la generación de electricidad, más limpia y barata; fortalecer a los organismos reguladores, más eficiencia en la distribución, y lograr un marco legal que permita que el Estado se asocie con el sector privado para sumar fortalezas.

Destacó las obligaciones de los suministradores para que contribuyan con energía renovable, limpia y barata, y abatir la pérdida de energía del 15 por ciento, equivalente al doble al estándar mundial, para abatir los costos de producción. Resaltó el propósito de completar la electrificación en todo el país.

A nombre del PAN, el diputado Rubén Camarillo Ortega, aseveró que es “falso que esta reforma pretenda desmantelar a la CFE ni tampoco plantea la desaparición de subsidios”, argumento que es atribuible a un desconocimiento y a mala fe. Al contrario, dijo, se fortalecerá la empresa y será más productiva.

Aseguró que sí se genera la posibilidad de que las tarifas bajen, ya que las actuales son resultado de un mal arreglo fiscal de la Secretaría de Hacienda, y ahora será el órgano regulador quien las fije, con lo cual se transparentarán.

Los monopolios privados o públicos siempre estarán en contra de los consumidores, por lo que es el fin de un paradigma y el inicio de uno nuevo con una visión integral de la industria eléctrica, apuntó. Señaló que más de 150 cambios en la minuta son propuestas de su partido. Destacó la importancia de la “generación distribuida” que ayudará a democratizar la energía eléctrica en México, porque será oportunidad para que los ciudadanos la generen en sus casas.

En el posicionamiento del PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro, afirmó que la Ley de la Industria Eléctrica “dicta un acta de defunción a la CFE. Es una falacia que a través de estas reformas busquen fortalecerla”. En geotermia, señaló un modelo incompleto, mal planeado e insuficiente ante la voraz competencia mundial.

Anunció el voto en contra de su grupo parlamentario y una discusión con fundamentos técnicos. Refirió las buenas intenciones para que bajen las tarifas, pero “no se encuentran esos cómos”. Cuestionó: ¿Quién dijo que desnacionalizar a la industria es lo moderno; favorecer a unos cuantos es fortalecer al Estado nacional?

Precisó que se tendrá que explicar por qué no disminuyó el precio de la electricidad sin un productor nacional como CFE, sin subsidios y certidumbre para esta empresa pública.

Por su parte, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) resaltó que en el tema de la industria eléctrica, se garantizará su operación continúa, eficiente y segura, con un servicio público y universal de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. Afirmó que a corto, mediano y largo plazo se van a tener energías más accesibles, de calidad, con mejor infraestructura y servicio, y mayor seguridad para todos los mexicanos.

Subrayó que el Centro Nacional de Control de Energía será el encargado de la operación del mercado eléctrico de mayoristas para que todos los generadores puedan ofrecer su producción y competir sobre un marco de reglas, mientras que contar con la Ley General de Geotérmica permitirá apostar en los recursos naturales que se están desaprovechando.

Asimismo, se pronunció a favor de la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, la cual busca que no exista ninguna contaminación en los mantos acuíferos al momento de desarrollar la exploración y explotación de esta nueva tecnología.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que tiene claro que “la privatización de la energía eléctrica se ha dado de manera silenciosa y hoy prácticamente en el país la mitad de la energía es producida por empresas privadas, extranjeras fundamentalmente”.

Añadió que se quiere “consumar este atraco y esta entrega de la industria eléctrica del país y lo han hecho con base en mentiras. No es cierto que han bajado las tarifas de la electricidad y no es cierto que van a bajar”.

“Estamos en el horizonte, por un lado, de que se consume ya una privatización abierta de la energía eléctrica en el país y que, por otro lado, los consumidores no solamente no vean disminuidas las tarifas sino que al ser el lucro, al ser las ganancias en las utilidades y no las necesidades sociales lo que prive en la industria eléctrica, lejos de bajar estas tarifas van a aumentar”, dijo.

En tanto, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) precisó que está en contra de esta minuta porque no garantiza la existencia de un sistema eléctrico integrado y “porque se permiten participaciones de privados que no tiene por consigna el servir al público sino solo de generar utilidades para sí mismos”.

En la minuta, dijo, se establece que la Comisión Reguladora de Energía determinará tarifas máximas de los suministradores de último recurso, que están relacionados con el mercado mayorista, pero no se establecen tarifas máximas para el suministro en los hogares. Es decir, “parece que habría una protección a las empresas pero no para los hogares”.

Recalcó que las tarifas “no van a bajar para la población en general, o por lo menos no con el esquema que han promocionado de disponibilidad, insumos baratos y productores privados. Esta aseveración es falsa hoy y lo ha sido en los últimos años”. Insistió en “los riesgos de pérdida de control por parte del Estado sobre una industria estratégica y en las dificultades para limitar los beneficios excesivos de los inversionistas privados”.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) explicó que el dictamen a la minuta contiene aspectos que modifican de forma radical nuestro sistema eléctrico nacional, lo cual representa la oportunidad para mejorar el servicio a partir del impulso a la competencia entre los agentes económicos.

Destacó la importancia de que el Estado mexicano conserva la exclusividad de los segmentos de transmisión y distribución, así como la planeación y control del sistema eléctrico nacional, sin perjuicio de que se puedan celebrar contratos con particulares que le auxilien en el desarrollo de estas actividades.

Consideró que la competencia en la generación permitirá una mayor diversificación de las fuentes de energía que se utilizarán para la producción de electricidad. De igual forma, dijo, es relevante la apertura del mercado, que al no depender de un solo tipo de suministrador y de tecnología para el abastecimiento eléctrico nacional garantizará mayor seguridad energética al país.

Durante la discusión, el diputado Juan Bueno Torio (PAN) dijo que la reforma no privatizará, sino, por el contrario, fortalecerá el desempeño de las empresas del Estado, y serán sometidas a nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas.

En contra de la minuta, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) preguntó: ¿en base a qué plantean que se reducirán las tarifas eléctricas, y en qué tiempo?, porque no es cierto que lo privado sea mejor, si lo público se administra correctamente. Con transparencia, rendición de cuentas y sin corrupción se podrán garantizar mejores servicios y esta reforma, continuó, sólo fraccionará a la CFE y se entregará a la iniciativa privada.

En su turno, el diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) expresó: “estamos en contra de privatizar los servicios de la energía eléctrica, pero a favor de que bajen los precios del gas y la gasolina, por lo que necesitamos conocer sus argumentos y razones, no suposiciones”.

En tanto, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) mencionó que el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que se focalizarán los apoyos, lo que significa que se eliminarán los subsidios de los mismos y comenzará la liberación con tarifas más caras y gravosas para los consumidores.

La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI) sostuvo que el dictamen es claro respecto de la creación de la Ley de la Industria Eléctrica, pues adopta un modelo de industria que ha permitido reducir los costos del sector eléctrico en economías avanzadas. En el modelo se establece un mercado de energía regulado totalmente por la rectoría del Estado.

Por su parte, el diputado Domitilo Posadas Hernández (PRD) consideró que para disminuir las tarifas eléctricas se requiere sustituir el uso de combustóleo, ampliar y mejorar la red de gasoductos, y reducir las pérdidas técnicas. Afirmó que la eliminación de los subsidios afectará a 30 millones de consumidores domésticos, “porque lejos de disminuir el costo de su recibo en lo inmediato, lo que se va a reflejar es un incremento de entre 42 y 56 por ciento”.

Del PRI, el diputado Abel Octavio Salgado Peña aclaró que no se pueden bajar por decreto los costos de la energía eléctrica. “Esto no sólo es fácticamente imposible sino que sería altamente irresponsable en términos económicos. Lo que sí podemos hacer es generar las normas que doten al mercado mexicano de las mejores condiciones de competencia y oferta en todas las áreas y a todos los niveles de la economía y el mercado nacional”.

Señaló que hay dos formas para que la CFE pueda bajar los precios de la luz y que se podrán ver reflejados en los recibos: bajando sus costos de producción y abriendo a una mayor competencia en el sector. “Esta reforma apuesta por ambos caminos para lograr tarifas más justas”.

Discusión de temas específicos

Una vez agotada la discusión en lo general, se abrió una ronda de temas específicos sobre los cuales los grupos parlamentarios manifestaron interés, se fijaron posiciones y se debatieron a favor y en contra.

Se analizaron tres temas: Modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas; industria eléctrica nacional y Productores independientes de electricidad.

Modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas

Al posicionar el tema “Modelo abierto de mercado y tarifas eléctricas”, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) sostuvo que este esquema impedirá que la luz sea garantizada como un derecho e indicó que al no generar energía a precios accesibles se impide el desarrollo de toda la cadena productiva y se convierte en un lastre para los pequeños comerciantes, empresarios y amas de casa.

Denunció que en la minuta se establece que los subsidios serán focalizados, “lo que enciende los focos rojos de que sigan siendo utilizados electoralmente. ¿Quién nos asegura que la población que no sea afín al gobierno en turno no sea castigada con tarifas excesivas?”

Planteó modificar los artículos 139 y 140 para asegurar que la energía eléctrica siga siendo un bien público y no un producto del mercado comercial, “base que sustenta el espíritu mercantilista de este dictamen”. La legislación continua estableciendo las condiciones y los requisitos para que la energía eléctrica sea regulada por los criterios de la oferta y la demanda, añadió.

Dijo que no podían, como representantes populares, avalar una norma como la propuesta. “No se trata de posiciones ideológicas, sino de respeto a los principios del servicio social que nos corresponde desempeñar”. Aseguró que no pueden defraudar a los ciudadanos y entregar a empresas privadas “nuestro sistema eléctrico nacional en una bandeja de plata, con los ojos cerrados y con nuestras manos atadas”, afirmó.

La diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) negó que en la minuta haya indefensión de los consumidores; al contrario, dijo, “hay una visión moderna del servicio eléctrico nacional y del abastecimiento de energía, congruentes con los principios de la soberanía energética nacional y con facultades estatales claras y con sentido social”.

Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD) cuestionó cuándo y cuánto le va a costar menos a la gente el recibo de luz. “No van a bajar las tarifas de la energía eléctrica ni del gas; es una mentira”. Aclaró que la privatización no es la solución en la prestación de los servicios. “El Estado terminará rescatando a las empresas de generación de energía y a las que van a crear para hacer negocios”.

A su vez, el legislador Ricardo Villarreal García (PAN) precisó que los precios de la energía eléctrica no se bajan por decreto, a menos que “se quiera seguir perdiendo miles de millones de pesos en subsidios absurdos”, y añadió que los precios descenderán “bajando el costo de la producción y eso es a lo que Acción Nacional le va a seguir apostando”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) argumentó que no se debe tomar la bandera de la eficiencia y la competencia para pasar una reforma basada en el negocio acordado y en la corrupción, y pidió se explique cómo 13 millones de mexicanos que viven con menos de un dólar al día van a poder generar electricidad o 53 millones en pobreza generalizada.

Por el PRI, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez resaltó que se reducirán los costos de la energía, cuando haya más competencia en la generación. “Habrá no solamente mejores precios, sino también, energía más limpia, pues como cualquier industria, cuando no hay competencia se generan precios más elevados. Al reducir los costos de la producción entonces sí estaremos en condiciones de poder reducir los costos de la venta de la energía”, aclaró.

Rodrigo González Barrios (PRD) sostuvo que con esta reforma no bajarán los costos de las tarifas de la luz ni del gas ni mucho menos el precio de la gasolina. “Es privatizadora y va en contra de las y los mexicanos. Estamos en contra; se nacionalizó la industria eléctrica, porque estaba en manos de particulares y no llegaba a la mayor parte de las y los mexicanos”, abundó.

A su vez, el legislador Alfredo Anaya Gudiño (PRI) destacó que para reducir las tarifas se deben buscar alternativas, “pero no podemos marcar un cuadro distinto al que ya tenemos, y es donde tendremos que ver cuáles son las bondades y las coincidencias de esta reforma”.

Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (PRD) insistió en que se tiene que ver primero la necesidad del uso de la electricidad como un derecho básico de la ciudadanía y, a partir de ello, ir buscando eficientar sin desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad.

En tanto, Ricardo Mejía Berdeja (MC) aseguró que la electricidad será una mercancía lucrativa al servicio de las empresas privadas, en contubernio con los servidores públicos, pues se va a crear un zar de la electricidad y se determina la eliminación de subsidios. “Vendrán tarifas más altas y por eso reiteramos que si están tan seguros que van a bajar, que lo firmen ante notario público”.

La industria eléctrica nacional

Durante, el segundo tema “La industria eléctrica nacional”, el proponente, diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), pidió revisar los artículos 1,8, 11, 15, 30, 31, 67, 69, 73, 113, 139, 148, 149 y 150 de la Ley y plantear otra alternativa que no confunda y no deje en la indefensión a las empresas, y que puedan transparentar de otra manera la competencia que se quiere, pero sobre la base de que se le den a la CFE condiciones reales para competir.

Subrayó que en este contexto, el sector eléctrico nacional transitará tendrá una menor participación de la CFE en las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y una presencia creciente de los privados en esta actividad. El sistema eléctrico no presentaría ninguna mejora y habría aumentos en los costos promedio de la energía suministrada por la CFE, dada la pérdida de los contratos con los actuales productores independientes.

En contra de la propuesta, el diputado Samuel Gurrión Matías (PRI) enfatizó que no debe confundirse la modernización y actualización de la industria eléctrica nacional “con cualquier idea de desmantelamiento o privatización del sector energético”. Afirmó que “lo que hay es la transformación responsable del sector eléctrico mediante la conversión de la CFE en una empresa productiva del Estado mexicano para integrar, regular y aprovechar todo el potencial energético que nuestro país tiene, incluida la concurrencia del sector privado”.

El diputado Víctor Manuel Manríquez González (PRD), a favor de la propuesta y en contra del dictamen, sostuvo que se está desmantelando a la CFE y este mecanismo legal causará que la empresa enfrente un proceso de reducción y transformación. Para lograrlo, se fraccionará la cadena productiva en segmentos: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

En tanto, el diputado Javier Treviño Cantú (PRI) resaltó que las finanzas de la CFE “se encuentran sumamente impactadas”, aun cuando las tarifas eléctricas habían aumentado en los últimos 10 años. Por eso, es urgente migrar a un nuevo modelo del sector, donde la iniciativa privada asuma una parte importante de los compromisos financieros para liberar al Estado mexicano de estas obligaciones y utilizar estos recursos en sectores en donde más se necesita la inversión.

El diputado José Antonio León Mendívil (PRD) destacó que con esta reforma se trata de desmantelar a la CFE y se le quita ese papel que debe jugar para, no solamente regular sino promover el desarrollo de nuestro país con una responsabilidad directa del Estado.

En su turno, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) denunció que no hay claridad en el método de cálculo de las tarifas de porteo; de esta manera, si las tarifas que se establecen a la Comisión serán bajas, esto va a repercutir en mayores cargas para la propia CFE.

Productores independientes de electricidad

En el tema: “Productores independientes de electricidad”, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC), dijo que con la reforma el país concentrará el cien por ciento de estos productores que comercializarán y venderán la energía eléctrica, lo que repercutirá en tarifas más altas.

Destacó que el término de productores independientes inició en el sexenio 2000-2006, cuando “entraron de manera acelerada con la finalidad de privatizar el sector eléctrico”, por ello, “votaremos en contra de la reforma, debido a que es un atraco, un robo, no sólo al petróleo, a los hidrocarburos, sino a la electricidad”, apuntó.

En contra de la propuesta, el diputado Williams Ochoa Gallegos (PRI), resaltó que generar más energía eléctrica a menores precios finales para los consumidores es una exigencia social que se debe atender, así como fortalecer a la CFE, a fin de dotarla de autonomía de gestión lo que ayudará a su mejor operación bajo estándares internacionales competitivos.

Los productores independientes, continuó, son actores complementarios, pero no sustitutos, que cubrirán una demanda importante de energía proveniente de mercados ya existentes, dotarán a otros que son competitivos y, con ello, se generará un mayor crecimiento y empleos.

Por su parte, el diputado del PAN, Germán Pacheco Díaz, comentó que el dictamen establece determinadas obligaciones para los participantes de la industria en materia de energía limpia, acceso abierto, suministro, servicio universal y electrificación, por lo que la apertura de esta competencia permitirá suministrar de más energía eléctrica, mientras que el Estado tendrá la exclusividad en el control del sistema eléctrico, de servicio y distribución de la energía.

En su turno, la diputada del PRD, Graciela Saldaña Fraire, refirió que la Ley de Energía Geotérmica contiene inconsistencias y omisiones, ya que “atenta contra todo tipo de propiedad y mantiene intenciones de despojo a los propietarios de la tierra y a quienes poseen derechos sobre las aguas”.

La también secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresó que no incorpora medidas ni principios precautorios para la dotación de los yacimientos geotérmicos. Incluso, indicó, no respeta el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, el cual establece que todas las obras y proyectos deben tener estudios, dictámenes y todo lo relacionado con los efectos de mitigación.

El presidente de la Comisión, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, declaró un receso, una vez que esta reunión tiene el carácter de permanente, y citó para su continuación el día de mañana a las 10:00 horas.

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