23-07-2014.-

• “Ya no podemos continuar en un proceso constante de transición”, dice en inauguración de diplomado
• A pesar de errores, el tribunal electoral define derechos políticos aún en discusión en otros países: Magistrado González Oropeza

La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) y en coordinación con el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), inauguró el diplomado semipresencial “Derechos Políticos y su tutela”, con la ponencia principal a cargo del Magistrado Manuel González Oropeza.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, mencionó que con la reforma político-electoral recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, México debe dejar de lado el periodo transicional para convertirse en una democracia plenamente establecida.

El 10 de febrero pasado, recordó, se publicaron diversas reformas en materia político-electoral, las cuales se consolidaron con tres leyes generales, que, en conjunto, contienen disposiciones de alto calado para la vida democrática de nuestro país. “Ya no podemos continuar en un proceso constante de transición”, reiteró.

Desatacó que nuestra historia constitucional ha venido desarrollando el concepto general de derechos humanos. Primero, como garantías individuales, devenido de los conceptos tradicionales de 1857, para luego pasar a inscribir los derechos políticos en el primer artículo de la Carta Magna, lo que revela su trascendencia para el buen desarrollo del país.

La LXII Legislatura, dijo, se ha preocupado por ponerse al día en materia de los derechos políticos de los ciudadanos y una muestra inequívoca ha sido la aprobación de un nuevo esquema de respeto por parte del Estado.

“Si los derechos políticos y su defensa constituyen el rasgo distintivo de nuestro constitucionalismo, su estudio detallado fortalece y actualiza la práctica profesional de los servidores públicos que se desempeñan en áreas afines a esta temática; de ahí que la Cámara de Diputados y el tribunal electoral hayan considerado oportuno el diseño e implementación del diplomado Derechos Políticos y su Tutela”, replicó.

En su ponencia, el magistrado Manuel González Oropeza, destacó que a pesar de la corta edad y errores del TEPJF, en el fondo debemos sentirnos satisfechos porque en una veintena de años, México ha llegado a definir algunas cuestiones fundamentales de derechos político-electorales, los cuales en otros países aún están sujetos a discusión.

Reconoció que pese al avance, falta concluir esta labor de “cirugía judicial” y delimitar o separar otros derechos políticos de aquellos que en realidad no lo son. Reconoció que la tarea no es fácil, sobre todo si se toma en cuenta que la organización del tribunal electoral es de reciente creación y que los derechos están siempre “conflictuados entre sí”.

El magistrado explicó que los derechos políticos son en realidad “los derechos fundamentales más importantes del sistema constitucional”, no obstante que de manera tradicional el Poder Judicial los había relegado a una categoría confusa, denominándolos solamente como prerrogativas, exentos de cualquier análisis jurídico o una acción judicial a su violación o falta de respeto.

Los derechos políticos, precisó, son la base de todos los demás derechos fundamentales, por eso es importante tomar en cuenta cómo se protegen en nuestro país. De no existir su protección a éstos, advirtió, tenderían a desaparecer como en los gobiernos autoritarios.

González Oropeza citó que en ese tipo de gobierno no se responde ante el electorado ni existe un método para someter la actuación de los gobernantes a la regla del Estado de derecho; en consecuencia, dijo, derechos como la libertad de expresión, de tránsito, de pensamiento, o de culto, caen.

Recordó que la organización del tribunal electoral es muy reciente y que su estructura actual proviene de 1996, precisamente por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una investigación efectuada en Chihuahua y Durango, a raíz de algunas elecciones y la ausencia de la protección jurisdiccional de los derechos electorales.

“Ante esa recomendación, el Estado mexicano se vio obligado a crear un esquema que garantizara efectivamente la protección de los derechos político-electorales de la población”.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) mencionó que el diplomado está dirigido a los legisladores y gente cercana al trabajo que realizan, así como para conocer la forma de proteger los derechos políticos en nuestro país, su proceso histórico y cuáles son las herramientas con que cuenta el Poder Legislativo para resolver cuestiones que se presentan en la materia.

En términos de conocimiento de los legisladores, tener un criterio sobre cómo se pueden resolver los conflictos que se presenten respecto a los temas de la protección de los derechos de los ciudadanos, agregó.

El director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Sami David David, dijo que el diplomado busca contribuir al ejercicio cotidiano del quehacer legislativo y proporcionar, en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica sobre este tema.

Indicó que uno de los elementos importantes, de cara a la reelección de los legisladores, es la profesionalización. Se trata de un evento toral, pues la argumentación es una tarea determinante en cualquier actividad profesional. Hoy todos los actos públicos, ya sea del Poder Judicial, del Ejecutivo y con sobrada razón del Legislativo, requieren sustentarse racionalmente con argumentaciones pertinentes y sólidas, sostuvo.

Finalmente, Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial del TEPJF, destacó que con el diplomado se presenta la oportunidad de contribuir a que cada uno, en el rol que le toque desempeñar dentro de la función electoral, cuente con las mejores herramientas para la protección de los derechos político-electorales.

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