• Posicionamientos de diputados sobre Órganos Reguladores Coordinados y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial

24-07-2014.- Diputados de la Comisión de Energía fijaron sus posicionamientos respecto a la cuarta minuta recibida del Senado de la República, la cual expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Previa a su aprobación en lo general, con 22 votos a favor y siete en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se pronunciaron a favor del dictamen porque, señalaron, los órganos reguladores permitirán conservar la rectoría de los energéticos en nuestro país y su objetivo es garantizar que, finalmente, los consumidores se beneficien de la apertura y que ésta no sea indiscriminada.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos dará certeza de salvaguardar los 25 millones de áreas naturales protegidas y que ante las amenazas naturales a cualquier apertura económica se asegure que la extracción y explotación de hidrocarburos ocurra en pleno respeto y protección al medio ambiente y en las condiciones de máxima seguridad.

En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT manifestaron su voto en contra al considerar que la creación de la Agencia Nacional tiende a “justificar la explotación de los recursos a través de métodos como la fracturación hidráulica”.

Asimismo, la Ley de los Órganos Reguladores es parte de un entramado privatizador que asegura los negocios del gobierno y las empresas transnacionales y que los órganos que se crean “parecen ser una serie de requisitos para justificar la apertura del sector energético”.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Antonio Astiazáran Gutiérrez (PRI) destacó que el paquete de leyes secundarias regirá una nueva realidad en México, que es la competencia en el sector energético. Esa competencia, añadió, tiene que llevarnos a dos cosas: a tener un mejor servicio y a mejores precios en los energéticos.

Por eso, enfatizó, la relevancia en este nuevo marco de competencia, “porque estamos obligados a dar los instrumentos legales que permitan la competencia, pero por otro lado, tenemos la responsabilidad de que el Estado no pierda la rectoría sobre los energéticos”. Con estos órganos reguladores, aseguró, daremos un paso muy importante para ello.

Explicó que con los cambios a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se les dota de autonomía, ya que de ser órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía, ahora pasarán a ser órganos autónomos, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, lo que servirá para garantizar la rectoría del Estado sobre los energéticos.

Por su parte, Rubén Camarillo Ortega (PAN) recordó que los órganos reguladores de energía parten de la reforma al artículo 28 de la Constitución y que la apertura de un sector, que históricamente ha sido un monopolio, requiere de un acto de responsabilidad para generar los equilibrios, los contrapesos institucionales y no propiciar un rebote pernicioso que perjudique a los consumidores.

Agregó que el objetivo de los órganos reguladores es garantizar que finalmente los consumidores se beneficien de la apertura y que ésta no sea indiscriminada. Esta reforma alinea todas las herramientas que requieren la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con la experiencia internacional, dijo, se requiere de agencias especializadas en sectores tan complejos como el de hidrocarburos, los cuales de ninguna manera duplican funciones con Semarnat o la Profepa, y de ahí la reforma.

Por otro lado, se refirió a la creación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y preguntó: “¿de quién son los recursos del subsuelo, de Pemex o de la nación? Son de la nación, no de Pemex”, dijo, y argumentó que de acuerdo a la Constitución, el depositario de esa información es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y por eso su creación, concluyó.

Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) pidió, a nombre de su grupo parlamentario, conocer el verdadero motivo por el que se da pie a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, porque, dijo, da la impresión de que su creación es tendiente a justificar la explotación de nuestros recursos a través de métodos como la fracturación hidráulica o fracking.

Explicó que a la fecha existen otras instancias encargadas de la protección al medio ambiente con las mismas características de la pretendida agencia nacional. Citó por ejemplo que la Semarnat norma todo lo relacionado en esta materia y, por otro lado, está también la Profepa.

Pareciera, ser, dijo, que se quieren duplicar funciones para dar trabajo como funcionarios a militantes de un partido político. Cuestionó si dentro del Ejecutivo, el cual también tendría injerencia, existe alguien que cumpla con un perfil profesional para proteger al medio ambiente y que no violente la Constitución Política.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, señaló que los órganos reguladores coordinados en materia energética darán certidumbre no sólo a los mexicanos, sino a los inversionistas en el aspecto técnico, administrativo y financiero en el que se puedan detonar los diversos proyectos, además de que estarán integrados con los mejores expertos en la materia.

Por su parte, explicó, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la encargada de crear el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, el cual dotará de la más amplia investigación al respecto; en lo referente a la Comisión Reguladora de Energía, dijo, será parte fundamental para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos; también se encargará de supervisar los contratos de renta, a fin de dar certeza entre Pemex y distribuidores en calidad y mejores precios.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informó, dará la certeza de salvaguardar los 25 millones de áreas naturales protegidas que hay en México, y buscará que los proyectos del sector sean viables, en armonía con la conservación ecológica, además de equitativos en cuanto a fortalecer la economía del país.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética es parte de un entramado privatizador que asegura los negocios del gobierno y las empresas transnacionales, cabilderos y grupos de interés.

Con esta reforma, resaltó, se multiplicarán los controles del Ejecutivo. Es más burocracia para fomentar la corrupción y representa la creación de más dependencias para simular que las decisiones se toman con criterios técnicos sin intervenciones políticas, lo cual es falso, ya que los comisionados estarán subordinados al Ejecutivo que es quien propone a los integrantes, mientras que el Senado sólo será una parte legitimadora.

El también secretario de la Comisión de Energía, precisó que la información geológica, geofísica, petrofísica y petroquímica que se obtenga de actividades de exploración y extracción llevadas por Pemex las asumirá la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de un Centro Nacional de Información, es decir, todo el patrimonio de una empresa pública-estatal pasará al servicio de esta para que, a su vez, la ponga al servicio de las transnacionales.

En su turno, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) señaló que los órganos que se crean desde la ley “parecen ser una serie de requisitos para justificar la apertura del sector energético y no para contribuir con especificaciones técnicas ni políticas que contribuyan a la creación de un sistema eficiente de control”.

Por un lado, dijo, se le dan atribuciones a una Comisión Nacional de Hidrocarburos para que a nombre del gobierno federal realice los trámites en materia de asignaciones, las licitaciones de contratos de exploración y extracción, “en donde contra toda lógica no tendrán injerencia ni en la determinación técnica sobre qué tipo de contrato realizar ni en la determinación económica”.

Indicó que si bien el desempeño deficiente del sector energético del país se debe a muchas razones, la influencia de los reguladores ha sido poco significativa, por lo que nacen muchas dudas de cómo estos órganos se enfrentarán a los grandes corporativos privados. Consideró que los organismos que se crean tenían que haber sido fortalecidos previos a la apertura; “es necesario que obtengan credibilidad y sobre todo resultados claros que aseguren un papel firme de control y regulación en un sector complejo y expuesto a corrupción”.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) señaló que este esfuerzo permitirá generar mayor bienestar social y poner a México en igualdad con las principales naciones petroleras. “Creemos en el potencial que tiene el país para detonar su economía mediante la explotación adecuada de sus recursos”.

Precisó que el dictamen establece la implementación de nuevos mecanismos, reglas e instrumentos que permitirán operar al sector energético bajo las mejores prácticas internacionales. Ante las amenazas naturales a cualquier apertura económica, dijo, “nos aseguraremos que la extracción y la explotación de hidrocarburos ocurra en pleno respeto y protección al medio ambiente y en las condiciones de máxima seguridad”.

En este sentido, subrayó, los órganos reguladores coordinados en materia energética juegan un papel importante para consolidar un nuevo modelo para el sector, ya que tendrán que hacer públicos todos sus procesos, a fin de transparentar los criterios y procedimientos administrativos para otorgar los contratos, permisos y licitaciones. Además de regular y supervisar actividades de su ramo.

Durante la discusión, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD) se pronunció en contra toda vez que se protege a la inversión privada, además de que a los órganos reguladores no se les dota de fuerza, autonomía de decisión, ni presupuestal porque sólo serán una instancia más de la función pública centralizada y dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; por otra parte, se duplican funciones, lo cual propiciará dificultades en el cumplimiento de la norma.

Por su parte, el diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) aseguró que para modernizar al sector energético se requiere de órganos reguladores que vigilen que estas normas jurídicas sirvan y beneficien a quien está dirigida. Agregó que la Agencia Ambiental se ha creado en países que son potencias en la materia y de ninguna manera chocan con las funciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) indicó que su voto sería en contra, pues los órganos reguladores estarán subordinados al Ejecutivo, ya que sólo en el papel contarán con autonomía de gestión, pero en la práctica tendrán que acatar las instrucciones del Primer Mandatario.

En su turno, el diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) manifestó que su voto sería a favor, ya que estas reformas impulsarán lineamientos y políticas públicas en materia de energía que sean congruentes y eficientes; asimismo, garantizarán que el nuevo modelo tenga órganos reguladores fuertes, autónomos, transparentes y libres de toda sospecha de corrupción y reiteró que su éxito radica en la integralidad de su visión, para que la explotación y extracción se realicen de manera segura.

En contra, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, apuntó que no puede avalarse que se faciliten negocios a las compañías extrajeras, mediante la transferencia de conocimientos de las reservas de hidrocarburos. Sostuvo que lo ideal es que Pemex siga manejando todo el acervo y que las empresas privadas realicen sus propias exploraciones e inversiones, para que “no usufructúen las riquezas del país”.

A favor, por el PAN, el diputado Juan Bueno Torio aseguró que el entramado institucional estará vinculado, para que el Estado no pierda su fortaleza en la rectoría del sector, y garantice una mayor transparencia. “Pemex se va a quedar con todo lo que exploró y que pueda explotar racionalmente. No se traspasa el conocimiento a las privadas. Nadie está entregando, dilapidando, ni desmantelando nada; es una nueva forma de explotar los recursos nacionales para un mejor desarrollo”, afirmó.

En contra, el diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD), destacó la debilidad y la falta de especialistas de los órganos reguladores, cuyo marco institucional no se da por decreto. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene un solo ingeniero y 80 trabajadores en total. “Es un riesgo para el Estado mexicano que puede ser irreversible cuando se den cuenta que malbarataron el mercado energético”, precisó.

Discusión de temas específicos

Una vez agotada la discusión en lo general, se abrió una ronda de discusión en los siguientes temas:

Órganos Reguladores

Para posicionar el tema, “Órganos Reguladores”, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) señaló que la ley en la materia no establece autonomía a los entes reguladores y en su artículo 33 cada contrato o permiso que éstos otorguen significará dar todas las facilidades para que empresas privadas dispongan de los predios que requieran para sus negocios.

En concreto, propuso garantizar la autonomía de los órganos reguladores y privilegiar perfiles con amplia experiencia para ocupar los cargos de consejeros, además de que el Consejo de Coordinación del Sector Energético proponga, a partir de bases técnicas, las contraprestaciones económicas de los contratos.

Por el PRI, la diputada Irazema González Martínez Olivares aseguró que el consejo garantizará un orden en la política energética. El diputado Noé Hernández González indicó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos regulará y supervisará todos los ámbitos de la exploración y extracción de hidrocarburos. Mientras que el diputado Jorge Del Ángel Acosta afirmó que se asegurará la rectoría del Estado sobre la industria de los hidrocarburos a partir de una estructura institucional robusta.

Del PRD, los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Carlos Augusto Morales López, Joaquina Navarrete Contreras y Domitilo Posadas Hernández señalaron que la creación del consejo sólo será un gasto de burocracia; se están fabricando “órganos facilitadores de la inversión extranjera y limitadores del desarrollo del patrimonio nacional”; además, su autonomía parece ser “ficticia”, y no garantizarán un contrapeso institucional.

El legislador Juan Cáceres de la Fuente (PAN) consideró que los nuevos reguladores evitarán que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejen de ser juez y parte.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez dijo que la Agencia es a favor de salvaguardar los recursos naturales, ya que actualmente no se cuenta con dicho instrumento para poner atención integral al sector de hidrocarburos. Aseguró que nadie estará exento de cualquier falta ambiental que se cometa.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) subrayó que “este ente va, por un lado, a hacer el que regentee los recursos energéticos del país para ponérselos a los grupos extranjeros y, por otro lado, va a legitimar los despojos estableciendo que es causa de utilidad pública lo que en realidad es causa de utilidad privada”.

La diputada de Nueva Alianza, Dora Talamante Lemas, aseguró que el dictamen garantizará que los órganos reguladores tengan autonomía técnica, nuevas atribuciones y fuentes de financiamiento para que el sector energético e implemente las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente e Hidrocarburos

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC), sostuvo que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ANCIPA), no atiende el principal problema medioambiental de la reforma energética: la fractura hidráulica. Propuso prohibir expresamente esa práctica, pues la ley no menciona que esta agencia regulará ese tema.

Consideró que “la iniciativa merma esfuerzos por consolidar un sistema jurídico ambiental fuerte, con presupuesto adecuado, capaz de enfrentar los retos de evaluación de impacto ambiental, supervisión y procuración de justicia ambiental” y deja fuera la posibilidad de aplicar una política de prevención ante impactos negativos que puedan surgir de la explotación de hidrocarburos.

Por el PRI, los diputados Blanca María Villaseñor Gudiño y Samuel Gurrión Matías destacaron la claridad del marco jurídico en este tema y afirmaron que la agencia se especializará en seguridad industrial y protección al ambiente dentro de las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos, para regular y supervisar, a fin de prevenir, atender e investigar emergencias.

Por el PRD, las diputadas Claudia Elizabeth Bojórquez Javier y María del Socorro Ceseñas Chapa, coincidieron en que la agencia fragmentará y limitará la capacidad del Estado para regular la seguridad industrial y proteger al medio ambiente. Los legisladores Rodrigo González Barrios y Juana Bonilla Jaime señalaron los riesgos de esta actividad, debido a que no hay protección para los acuíferos. El diputado Javier Orihuela García dijo estar en desacuerdo con establecer una agencia que no supervise y sancione a “empresas depredadoras que no tienen interés en el medio ambiente”.

La perredista Margarita Elena Tapia Fonllem consideró un riesgo a la seguridad nacional la presencia de militares que acompañarían a las petroleras, en el país, por lo que pidió que la Secretaría de la Defensa Nacional haga un padrón, supervise, controle a su personal y pueda revocar el permiso de operación en caso de violación a los derechos humanos.

Por el PAN, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva apuntó la necesidad de modificar la legislación y establecer un verdadero compromiso con el medio ambiente para que la reforma energética cumpla objetivos. El legislador Jorge Rosiñol Abreu resaltó que la agencia deberá prevenir el desarrollo desordenado y anárquico de los municipios donde se explotan hidrocarburos, para mejorar y prevenir el deterioro ambiental.

Por el PVEM, la diputada Lourdes López Moreno se pronunció a favor de crear la Agencia, ya que la Profepa no ha tenido la fuerza institucional para atender debidamente el tema. Se logrará una fuerza jurídica y financiera que las instituciones actuales no han ofrecido; además, podrán contarse con áreas especializadas que atiendan situaciones específicas en beneficio del medio ambiente. El diputado Ricardo Astudillo Suárez señaló que con la regulación actual en materia ambiental se salvaguarda el desarrollo que va a generarse en el sector energético.

El presidente de la instancia legislativa, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, clausuró la reunión y citó para mañana a las 10:00 horas, a comisiones unidas de Energía y Presupuesto y Cuenta Pública.

-- ooOoo --