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Boletín N°. 3891 Debaten régimen fiscal de Pemex y leyes de Ingresos Sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo

 

 

26-07-2014.- Diputados integrantes de las comisiones unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público fijaron sus posicionamientos respecto del dictamen a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para crear la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y reformar la Ley Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal.

 

Ello, previo a su aprobación en lo general, con 20 votos a favor y 5 en contra de los integrantes de la Comisión de Energía, así como 22 en pro y 9 en contra, de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

 

Diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza (NA) se manifestaron a favor del dictamen porque busca que la renta petrolera se capture en favor del país, lo cual traerá beneficios para el desarrollo de México, privilegiará las necesidades de la sociedad, incrementará la plataforma de producción de petróleo y permitirá maximizar los ingresos que obtiene el Estado por la explotación de esos recursos.

 

En tanto, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y el PT advirtieron que votarían contra el dictamen porque concentra la riqueza petrolera en pocas manos, merma las haciendas públicas y perjudica los ingresos de los estados, a los cuales, consideraron, los hace cada vez más pobres y fomenta la centralización de recursos en el gobierno federal.

 

Posicionamientos

 

El diputado Fernando Donato De las Fuentes Hernández (PRI), dijo que votará a favor del dictamen porque permitirá maximizar los ingresos que obtiene el Estado por la explotación de su riqueza y distribuirlos para generar bienestar a toda la población.

 

Dijo que las leyes propuestas abordan temas de trascendental importancia que configurarán la nueva estructura del sector energético del país y las condiciones fiscales que aplicarán a los nuevos contratos de exploración y extracción. “El objetivo primordial es asegurar que el Estado capture la renta petrolera y ofrecer condiciones competitivas para atraer las mejores empresas”.

 

El nuevo régimen para Pemex, dijo, reduce significativamente su carga fiscal; estipula una estructura en la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos los cuales conformarán el grueso de los recursos que el Estado recibirá por su extracción y que se depositarán y administrarán en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a fin de asegurar su manejo claro y transparente.

 

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) dijo estar a favor del dictamen porque la reforma propiciará grandes beneficios para el desarrollo de México e incrementará la plataforma de producción de petróleo y con ello, los ingresos para la nación, con la generación de un nuevo modelo de gestión energética que favorecerá al país.

 

Se propone un nuevo régimen fiscal que le permitirá obtener ingresos adicionales para que Pemex pueda competir y trascender como transnacional; además, se plantean beneficios inmediatos para los estados petroleros porque en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos aumentará la aportación para esas entidades.

 

Aclaró que el nuevo diseño establece que las empresas petroleras pagarán en las mismas condiciones de contratos de licencia y de utilidad compartida, lo mismo que Pemex, además de un impuesto sobre la renta de las utilidades que obtengan en nuestro país.

 

En el posicionamiento del PRD, el diputado Guillermo Sánchez Torres adelantó su voto en contra, porque no se salvaguardan los intereses del Estado. Se manifestó a favor de un régimen federalista y pidió no ir en retroceso. “No queremos estados cada vez más pobres y un gobierno federal que centralice los recursos”, subrayó.

 

Para el Fondo Mexicano del Petróleo propuso un mecanismo de vigilancia adicional en el Comité Técnico, integrado por el auditor especial financiero de la Auditoría Superior de la Federación, un auditor de la Secretaría de la Función Pública y un observador ciudadano, para evitar abusos del fideicomiso.

 

Sugirió que el Congreso actúe con cautela para autorizar gasto con cargo a dicho fondo, pues el cumplimiento de sus objetivos puede ser precario en corto y mediano plazo. Su regulación no debe dar lugar a gastos en estructuras administrativas que pueden ser excesivas e inútiles. Debe establecerse un límite cuantitativo a esas erogaciones.

 

A nombre del PVEM, el diputado Tomás Torres Mercado respaldó las nuevas disposiciones fiscales en materia energética. Destacó que se requiere refrendar un compromiso político y ético para privilegiar al país y las necesidades de la sociedad. Pidió a las autoridades de Pemex, municipales y estatales observen la ley con honestidad y lealtad, mediante la transparencia y rendición de cuentas.

 

Propuso “reservar una buena parte” del dinero que se obtenga de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos para las entidades federativas, a fin de lograr su equilibrio económico, ya que algunas aportan petróleo, conocimientos y minerales, contribuyendo todas al desarrollo nacional.

 

Refirió la necesidad de dinamizar la economía de los estados a través de la instalación de organismos autónomos, “para derramar la riqueza nacional”, ya que la gente espera que las reformas transcendentales aprobadas repercutan en sus bolsillos y en su mesa.

 

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) indicó que su voto sería en contra, ya que con este dictamen no solamente pierde Pemex, sino también las entidades federativas que a partir del nuevo reparto fiscal van a ver mermadas sus haciendas públicas.

 

Señaló que otra razón por la que están en contra de esta reforma es que se les quitarán recursos a los mexicanos a partir del rescate del “Pemexproa”.

 

Subrayó que una legislación tan importante como la que fija los ingresos de hidrocarburos y la del Fondo Mexicano del Petróleo, debía ser motivo de una mayor discusión y no en un dictamen que estuvo procesado en la clandestinidad.

 

En representación del PT, el diputado Ricardo Cantú Garza se pronunció en contra de la aprobación de este dictamen, pues la reforma promueve las privatizaciones acumulando la riqueza en pocas manos, además de que generará confrontaciones sociales porque “la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con que la cúpula política les quite lo que ya les pertenece por derecho, por pleno derecho”.

 

Añadió que “México, con estas reformas, continúa en el camino equivocado; ejemplo de ello es lo ocurrido en Argentina, ya que este fue el país más aplicado en seguir las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Washington y eso lo hizo entrar en una gran crisis, y tomar ahora el control de sus recursos energéticos”.

 

Subrayó que con estas reformas se pretende dar en bandeja de plata a todas las corporaciones internacionales petroleras bloques territoriales de México para que comiencen a extraer la riqueza de la nación y se venda a los extranjeros. Además, se impactará el presupuesto de las entidades federativas, generando un problema al federalismo fiscal.

 

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) señaló que el voto sería a favor; sin embargo, juzgó necesario garantizar que la renta petrolera se capture en favor de la nación, y en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece que en el caso los contratos de utilidad y de producción compartida se determinará una utilidad operativa y que esa utilidad se distribuirá entre el Estado y la empresa contratista.

 

Asimismo, que el Estado desarrolle mecanismos que permitan la fiscalización en los contaros de producción de hidrocarburos y contar un sólido sistema de control de costos de tal manera que se evite que por esa vía se escapen porciones importantes de la renta petrolera.

 

Por otra parte, sostuvo que es preciso que la política de inversión de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo cuente con medidas de seguridad en materia del portafolio de inversión y de derivados financieros, a través de la opinión o autorización de la Secretaría de Hacienda o la Cámara de Diputados, revisar las disposiciones y sanciones de los miembros del Comité Técnico.

 

Durante la discusión, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Silvano Aureoles Conejo, refirió que de acuerdo con las experiencias en el país, en los últimos 30 años, “con los mismos argumentos que prometen esperanzas y cambios favorables para la población, se han entregado a manos particulares los bienes nacionales”.

 

Enfatizó que es incorrecto que con la reforma energética bajarán los precios del gas y de la energía eléctrica. “La reforma que hoy se anuncia como la que va a generar muchos beneficios para los mexicanos, no lo será”.

 

Propuso que se realice un receso para revisar, antes de la votación de los dictámenes, las modificaciones de cifras, datos y proyecciones. También pidió hablar con los gobernadores, ya que las entidades de la República van a ver disminuidas sus participaciones por los ajustes en la fórmula de coordinación fiscal.

 

El diputado Ricardo Villarreal García (PAN) afirmó que esta reforma beneficiará a México porque habrá disminuciones importantes en materia de gas y energía eléctrica, “no por decreto”, sino porque se tendrá acceso a gas barato el cual está en el subsuelo y que es necesario sacarlo para generar la energía eléctrica barata.

 

El diputado Javier Salinas Narváez (PRD) manifestó su rechazo al dictamen porque en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se pretende introducir una serie de privilegios para inversionistas nacionales y extranjeros mediante el establecimiento de reglas especiales en materia de deducción de costos, que pretenden excluir las disposiciones aplicables en la Ley de Impuesto sobre la Renta con deducciones de inversiones hasta por el 100 por ciento, así como la posibilidad de deducir el excedente en los siguientes 10 años.

 

En tanto, el diputado Salomón Juan Marcos Issa (PRI) precisó que con el dictamen se plantea un nuevo régimen fiscal para Pemex, con el cual se reduce significativamente su carga fiscal, y generará más utilidades con las cuales aumentará su inversión. También reduce la carga administrativa y no pagará de acuerdo a cuatro regímenes distintos, sino únicamente se le aplicará un régimen común.

 

El diputado Juan Samperio Montaño (MC) afirmó que el dictamen representa un deterioro de los siguientes presupuestos del país porque afecta los ingresos de la explotación y venta de energéticos, luego de que las empresas particulares ahora sólo aportarán el 30 por ciento de sus utilidades en impuestos, en lugar del 85. 71 por ciento que actualmente aportan.

 

Para hablar a favor del dictamen, la legisladora Irazema González Martínez Olivares (PRI), destacó que el Fondo Mexicano del Petróleo garantizará el tratamiento especial a las empresas productivas del Estado.

 

En tanto, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT), advirtió que las empresas privadas serán las únicas beneficiadas de la renta petrolera. “Se menciona que ahora vamos a poder ser socios de las grandes corporaciones, como si fuera un gran logro y no es un logro de Pemex, es un logro de las corporaciones trasnacionales que no querían ser simples contratistas, sino socios y tener una tajada más grande de las utilidades”.

 

El legislador Silvano Blanco Deaquino (PRD) consideró que la reforma representa “ineficiencia” y “corrupción”, porque “una ley secundaria no puede estar por encima de lo aprobado anteriormente y que está dentro del texto constitucional, donde permite una serie de contratos que no están contemplados inicialmente y da margen, precisamente, a esa discrecionalidad que nosotros decimos que se va a prestar a la corrupción”.

 

Discusión de temas específicos

 

Ley de Coordinación Fiscal

 

Para referirse al tema de la Ley de Coordinación Fiscal, el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) señaló que con el artículo transitorio sexto, las entidades federativas tendrían una afectación de 23 mil 600 millones de pesos. Precisó que el dictamen disminuye el porcentaje de los ingresos petroleros a participar. “Pasa de 79.73 a 73 por ciento para el 2015 y solamente lo va incrementando para que esa proporción apenas alcance 79.73 de la iniciativa original hasta el 2019”.

 

Enfatizó que la recaudación federal participable efectiva será todavía más baja durante los últimos cuatro años, y “si el cálculo apretaba a las entidades, ahora de plano las va a asfixiar”. Consideró que “en vez de estar en un escenario de mejora con el dictamen, las pérdidas se incrementarían porque en vez de calcularse sobre el factor del 79.73 se hará en 2015 sobre 73 por ciento”. Exigió que el promedio observado en los últimos años sea la base del cálculo.

 

En representación del PRD, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier se pronunció a favor de la propuesta, ya que corregir el coeficiente permitirá que el impacto sobre las participaciones de las entidades federativas, realmente se minimizaría. En tanto, el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena sostuvo que no se ha aclarado cuánto va a ganar México por cada barril de petróleo extraído por las empresas transnacionales y mexicanas, y por los contratos.

 

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (PAN) dijo que estaba en contra porque lo que se solicita a los estados y municipios es que renuncien a su potestad de poder cobrar impuestos en impacto ecológico y agregó que lo que se debe dejar claro es cuánto se recibirá de impuesto predial petrolero, a fin de que se pueda exigir que renuncien a su potestad de tener este tipo de ingresos.

 

El diputado del PVEM, Tomás Torres Mercado, destacó que el problema financiero más serio del país son los pasivos laborales, por lo que destacó que hay bondades en el dictamen. Afirmó que no se afectará el Fondo General de Aportaciones; resaltó los modelos de recaudación de impuestos -derechos e ISR-, y dijo que en el tema contractual, serán contra-prestaciones.

 

Por MC, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, lamentó el desmantelamiento de Pemex y la opacidad y discrecionalidad en los contratos con las empresas privadas por la participación de la Secretaría de Hacienda, lo cual evitará tener certeza por los ingresos que vendrán. Indicó que lo más grave es que los estados más pobres recibirán menos y los ricos más. No hay equidad fiscal, sostuvo.

 

A nombre de NA, la diputada Dora María Talamante Lemas dijo que la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal compensará los daños de estados y municipios donde se realice la explotación de hidrocarburos. “Es positivo actualizar el sistema para fortalecer y equilibrar las haciendas públicas sin vulnerar la estabilidad de las finanzas públicas”. Sin embargo, manifestó su inquietud porque los recursos del Impuesto Sobre la Renta no sean participables.

 

Por el PRI, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, afirmó que los cambios fiscales garantizan no afectar a estados y municipios en su hacienda pública, al otorgar un tratamiento más favorable. Explicó que cuando los ingresos petroleros alcancen 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), independientemente de que sean asignaciones o de contratos, recibirán el 79 por ciento de dicha captación.

 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

 

Al abordar el tema del Fondo Mexicano del Petróleo, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) afirmó que éste es una nueva simulación y un engaño, porque en los hechos estará maniatado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Dijo que el objetivo no es inyectar los recursos a la economía, sino “que se eroguen en gasto corriente ante la incapacidad recaudatoria del gobierno”. A fin de cuentas, enfatizó, serán utilizados por Hacienda como caja grande para garantizar ingresos equivalentes a 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto y cubrir el Presupuesto de la Federación.

 

Añadió que existe una “cláusula infame de la impunidad” en el artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y su correlativo en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, se establecen salidas para la impunidad de los integrantes del Fondo Mexicano del Petróleo, al señalar que no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando actúen conforme a sus facultades; tomen decisiones con base a la información disponible al momento de la decisión, y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender.

 

Por el PRD, las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Karen Quiroga Anguiano señalaron que este instrumento es un monumento a la inoperancia para cumplir funciones tributarias; su prioridad, dijeron, no es el ahorro a largo plazo, y no transparenta la información del uso de los ingresos petroleros. En tanto, el diputado Javier Orihuela García pidió reflexionar sobre esta política, pues se requiere incorporar medidas para frenar el daño ambiental y el desequilibrio económico que se provocará en el país.

 

Al participar, la diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA), consideró que la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tiene aspectos que pueden mejorar, pero cumple con el mandato de integrar un organismo que administre los ingresos petroleros de la nación y fortalezca el ahorro de largo plazo.

 

Por su parte, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) subrayó que en la figura del Fondo Mexicano del Petróleo se podrá tener las garantías de que el Banco de México es el que fungirá como fiduciario, por lo que se da certidumbre al manejo de este instrumento.

 

El diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) destacó que el Fondo fungirá como medio y recepción de los aspectos financieros de los contratos y asignaciones, el cual transferirá recursos al presupuesto hasta por un monto equivalente del 4.7 por ciento del PIB.

 

El diputado Germán Pacheco Díaz (PAN) aseguró que el fondo contempla un mecanismo idóneo para la óptima administración los ingresos petroleros derivados de las asignaciones y de los contratos.

 

Asimetría fiscal y renta petrolera

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) expuso que con este dictamen se insulta a los mexicanos, ya que parte de una base inconstitucional bajo la figura de contratos que se formula para cubrir los gastos a los inversionistas privados y repartir las ganancias adquiridas a su favor.

 

Afirmó que el problema con la recuperación de costos, es que se presta al abuso por los contratistas. “Es imposible supervisar los costos de exploración para un yacimiento, y por lo mismo, es muy fácil que los contratistas inflen los costos para hacerse de la renta petrolera”.

 

En tanto, los legisladores del PRD, María del Socorro Ceseñas Chapa, Joaquina Navarrete Contreras y Agustín Miguel Alonso Raya, denunciaron que las reformas que buscan fortalecer las finanzas del Estado están hechas al vapor, por lo que solicitaron un análisis de las proyecciones de los ingresos.

 

Mencionaron que si la renta petrolera se comparte, la iniciativa privada se llevará la ganancia que debiera ser para los mexicanos. Además, convocaron a crear mecanismos, junto con la Secretaría de Hacienda, para que no se reduzcan los ingresos de los municipios y estados.

 

El diputado Ricardo Mejia Berdeja (MC) argumentó que “es indignante este dictamen, sobre todo cuando estamos viendo el tema de los ingresos que representa el 35 y 40 por ciento del Presupuesto”. Consideró que eso también pega a las finanzas de los estados y representa un saqueo de los recursos del país.

 

Por el PRI, el diputado Javier Guevara González explicó que la reforma energética busca aumentar la renta petrolera que reciben los ciudadanos. “Al abrir la competencia y a la innovación tecnológica, los costos de extracción pueden bajar y, con eso, el Estado mexicano reciba más recursos por cada barril que se extraiga de crudo”, dijo.

 

El diputado Jorge Rosiñol Abreu (PAN) destacó que el Estado mexicano implementará un mecanismo de ajuste, para maximizar la renta petrolera en favor de los estados y municipios que producen hidrocarburos, en caso de que las empresas obtengan más ganancias en el marco de los contratos de utilidad compartida o licencias.

 

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