• Estado mantiene planeación del Sistema Eléctrico Nacional: Bernal Gutiérrez

• CFE se mantiene como suministrador para usuarios pequeños y medianos de tipo residencial, comercial e industrial

• Se crea fondo para financiar obras y asegurar servicio a dos millones de mexicanos que carecen de electricidad

• Se amplían capacidades de México en la generación de electricidad renovable a partir de fuentes geotérmicas

29-07-2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que expide las leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Con 331 votos a favor y 128 en contra, se avaló el segundo dictamen de los documentos que el Senado de la República remitió a esta cámara, derivados de las iniciativas que el Ejecutivo envió sobre la legislación secundaria en materia energética.

El dictamen expide el ordenamiento que regulará la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional; permite la participación de particulares en la generación del sector, y establece que la transmisión y distribución de la energía eléctrica quedarán reservadas al Estado.

Además, crea el marco que regule el aprovechamiento y explotación de los yacimientos geotérmicos para la generación de energía eléctrica y la participación del sector privado en este tipo de actividades productivas, a fin de potenciar el aprovechamiento de los recursos geotérmicos de los que dispone el país y contribuir a la diversificación energética y, con ella, a la seguridad.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), expresó que un tema central de la reforma energética es el de la transformación de la industria eléctrica, que también enfrenta enormes retos para su modernización y expansión en beneficio de los hogares y del desarrollo económico.

Indicó que el propósito es lograr que el país cuente con inversiones suficientes, tecnologías adecuadas y que su producción no genere elevados costos ambientales. Además, que la energía eléctrica sea accesible en precio para el consumo familiar y productivo y sobre todo asegure su abasto suficiente a largo plazo en un contexto de transición energética global y nuevas condiciones de mercado.

Sus disposiciones, dijo, contribuyen a la seguridad y confiabilidad energética del país, al mantener en manos del Estado la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, su control operativo, transmisión y distribución de la electricidad, y se garantiza la rectoría económica estatal en esta área estratégica de la nación.

Destacó que el dictamen fortalece a las empresas productivas del Estado en materia eléctrica, al otorgarles las capacidades institucionales y los mecanismos de gobierno corporativo necesarios para generar valor, al tiempo que incluye nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), expresó, seguirá siendo un actor preponderante en la industria eléctrica nacional; ofrecerá el servicio eléctrico bajo tarifas reguladas, y se mantendrá como suministrador para los usuarios pequeños y medianos de tipo residencial, comercial e industrial.

Bernal Gutiérrez argumentó que se fortalece la rectoría del Estado al otorgar a la Secretaría de Energía (Sener) la responsabilidad de emitir el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, documento que concentrará la planeación del sector.

Además, se fortalece a los órganos reguladores, pues la Comisión Reguladora de Energía (CRE) contará con facultades para controlar los precios e introducir incentivos en áreas de una mayor eficiencia en los segmentos de transmisión y distribución de energía eléctrica en el mercado mayorista de electricidad.

Con la participación de empresas privadas, añadió, se busca promover inversiones y generar condiciones de competencia que ofrezcan a los usuarios opciones más accesibles y alienten el desarrollo de la industria con más oportunidades de empleo, capacitación y desarrollo tecnológico.

Se establece, dijo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, mismo que estará encargado del control operativo del sistema eléctrico.

Mencionó que el Cenace llevará a cabo de manera transparente las subastas para la celebración de contratos de cobertura eléctrica con el nuevo mercado mayorista de electricidad, otorgando así certeza jurídica a todos los jugadores.

Indicó que el nuevo marco jurídico incluye diversas modalidades de asociación entre actores del sector privado y el Estado. Afirmó que la experiencia y tecnología que aportarán los particulares al nuevo esquema eléctrico nacional abonará a la mayor eficiencia del sistema, reduciendo pérdidas en beneficio de los consumidores.

El diputado Bernal Gutiérrez precisó que se incluyó la obligación de adquirir certificados de energías limpias que contribuyan con una proporción cada vez mayor de fuentes de electricidad renovable, abonando así en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales a los que el país se ha adherido en esta materia.

La creación del Fondo de Servicios Universales Eléctricos, puntualizó, estará encargado de financiar las obras de electrificación necesarias para dar acceso a los más de dos millones de mexicanos que todavía carecen de energía eléctrica.

“El nuevo modelo promueve una industria eléctrica socialmente responsable que establece la obligación de presentar una evaluación de impacto social para todos los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica”, añadió.

Respecto a la Ley de Energía Geotérmica, dijo, se buscan ampliar las capacidades de México en la generación de electricidad renovable a partir de fuentes geotérmicas, en los cuales el país cuenta con recursos abundantes de experiencia probada.

La reforma, argumentó, permitirá atraer mayor inversión a través de la garantía de certeza jurídica para quienes decidan incursionar en esta energía limpia.

El nuevo paradigma para la Industria Eléctrica Nacional, expuso, cuenta con los mecanismos institucionales, la estructura de incentivos y las disposiciones regulatorias para que nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes, se incorporen al mercado eléctrico nacional bajo condiciones de competencia efectiva.

“Más inversiones, con más jugadores en el sector permitirá generar muchos más empleos y contribuir al combate a la desigualdad y a la pobreza que lastiman al país. Al contar con electricidad abundante y a precios competitivos, contribuimos a mejorar las condiciones de bienestar y la calidad de vida de nuestra gente”, agregó.

El dictamen precisa que el gobierno federal promoverá la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Para ello, la Sener establecerá y supervisará la administración de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, con el propósito de financiar las acciones de electrificación, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.

Se argumenta que el Fondo se integrará por el excedente de recursos que resulte de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista y podrá recibir donativos de terceros para cumplir sus objetivos.

Los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado de la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

También, la Sener implementará mecanismos que permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y la promoción de fuentes limpias. Establecerá las obligaciones para adquirir los Certificados de Energías Limpias.

La CRE expedirá las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico.

El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere establecido la CRE.

El documento resalta que la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas deberán promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, así como proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales.

Se faculta a la Sener y a la CRE para prevenir, investigar, identificar, denunciar y, en su caso, sancionar a los contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera que participe en el sector energético, cuando realicen actos que tengan por objeto influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en esta industria para obtener un beneficio económico personal.

Indica que con multa de 2 al 10 por ciento de los ingresos brutos percibidos, se sancionará a quien suspenda el servicio de transmisión o distribución en forma generalizada, sin causa justificada; incumpla las obligaciones relacionadas con la interconexión de nuevas centrales eléctricas y la conexión de los nuevos centros de carga, y de inicio a la construcción de obras de transmisión o distribución, sin autorización de la Sener.

Con multa de 50 mil a 200 mil salarios mínimos, se sancionará a quien no realice las ofertas del mercado eléctrico mayorista; niegue o impida el acceso a los verificadores o inspectores autorizados para comprobar que los medidores y demás instalaciones funcionen de manera adecuada y cumplan con los requisitos aplicables.

Además, se castigará con multa de 10 mil a 50 mil salarios mínimos a quien suspenda u ordene la suspensión del suministro eléctrico a un usuario final sin causa justificada y consuma energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impiden el funcionamiento normal de los instrumentos de medición o control.

La Ley de Energía Geotérmica tiene por objeto regular el reconocimiento, la exploración y explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía eléctrica.

Para ello, la Sener podrá regular y promover la explotación y exploración de las áreas geotérmicas; expedir registros, permisos y títulos de concesión geotérmica; asegurar que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía promueva proyectos de generación de energía eléctrica.

Se prohíbe efectuar actividades de reconocimiento de recursos geotérmicos en zonas urbanas, así como en áreas donde se localicen instalaciones estratégicas en materia de seguridad nacional y sobre bienes de uso común.

Además, se instituye que la Sener mantendrá estrecha relación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se trabaje para proteger la sustentabilidad e integridad de los acuíferos, durante la exploración y explotación de los recursos geotérmicos.

El documento precisa que las infracciones a esta ley y sus disposiciones reglamentarias podrán ser sancionadas con multas de dos mil 500 a 25 mil veces el importe del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

Quien realice actividades de exploración y explotación con fines geotérmicos, sin contar con el permiso o concesión perderá, en beneficio de la Nación, los bienes, instalaciones y equipos empleados para realizar dichas actividades, sin que medie indemnización alguna, señala.

De igual modo, la minuta reforma diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, en donde se propone que la explotación, uso y aprovechamiento de aguas del subsuelo, contenidas en yacimientos geotérmicos hidrotermales, requiere de concesión de agua otorgada por la Conagua y de autorización en materia de impacto ambiental.

Mociones suspensivas

Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se rechazaron siete mociones suspensivas de los diputados del PRD, Teresa de Jesús Mojica Morga, Mario Alejandro Cuevas Mena, Martha Lucía Mícher Camarena, María del Socorro Ceseñas Chapa y Víctor Manuel Manríquez González; Ricardo Monreal Ávila (MC) y Lilia Aguilar Gil (PT), quienes propusieron devolver el documento a la Comisión de Energía y se haga un análisis más responsable y profundo.

Resaltaron que el procedimiento legislativo fue violatorio, pues las reservas en lo particular no se votaron en la comisión. Además, consideraron que el decreto es inconstitucional y discriminatorio; va en contra de la soberanía energética, pues van a aumentar los costos de la luz; busca desmantelar a CFE, y carece de una visión social y es antifederalista.

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