• Nuevos ordenamientos atienden legítimas exigencias de sociedad para atajar prácticas de corrupción

• Se trasforman en empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio

• Tendrán una nueva estructura corporativa y organizacional; serán propiedad exclusiva del Gobierno federal

• Se incluye un rediseño del esquema de vigilancia, auditoría y control: diputado Bernal Gutiérrez

30-07-2014.- El Pleno camaral aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que expide las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo propósito es su transformación toral en empresas productivas del Estado, y establece una nueva estructura corporativa y organizacional.

Con 331 votos a favor, 1 abstención y 132 en contra, se avaló el tercer dictamen de las minutas del Senado derivadas de las iniciativas del Ejecutivo sobre la legislación secundaria en materia energética.

El dictamen reforma también las leyes Federal de las Entidades Paraestatales; la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), destacó que Pemex y CFE serán propiedad exclusiva del Gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.

Las nuevas leyes, agregó, tienen como propósito establecer una nueva estructura corporativa y organizacional, que modernice su productividad y atienda las legítimas exigencias de la sociedad para atajar las prácticas de corrupción.

Para que Pemex y CFE puedan operar y realizar sus objetivos de manera eficiente, eficaz y bajo la mayor certeza jurídica, se incorporan en el título “Del Régimen Especial” de sus legislaciones, las normas que regulan las materias de presupuesto y deuda pública.

Por tanto, el Consejo Administrativo de cada empresa autorizará sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los tabuladores, la estructura orgánica, las políticas de recursos humanos, su propio presupuesto, el destino de ingresos excedentes, sus reglas de austeridad y las políticas para sus inversiones, así como las adecuaciones a sus presupuestos.

Bernal Gutiérrez explicó que el dictamen reglamenta el mandato constitucional en el cual se establece que las entidades paraestatales del sector se transformen en empresas productivas del Estado.

“Esta disposición constituye un aspecto central de la reforma, pues al abrir las industrias eléctrica y de hidrocarburos a la participación del sector privado se fortalece a estos organismos con la finalidad de que alcancen las condiciones necesarias para competir exitosamente dentro del sector”, agregó.

Se definen, dijo, los principios que rigen a la nueva organización empresarial, su administración, estructura corporativa, régimen especial y el dividendo estatal que se aplicará conforme a este marco jurídico, en donde el Estado se convierte en propietario.

Detalló seis ejes sobre los cuales descansa la reforma: la empresa productiva del Estado, como una nueva figura, con un régimen jurídico especial; el nuevo papel del Estado como propietario de la empresa; un gobierno corporativo sólido y eficaz; un marco jurídico flexible y que obedece al principio de la máxima autorregulación y el rediseño integral de los esquemas de vigilancia y auditoría, así como nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Bernal Gutiérrez puntualizó que Pemex y la CFE son creadas por el Poder Legislativo, el cual establece el régimen especial aplicable a que se les aplicará y garantiza que, eventualmente, el Poder Ejecutivo Federal no pueda desaparecer estas empresas con argumentos coyunturales. Con esto, enfatizó, se da certeza y continuidad a sus operaciones.

También, subrayó, se garantiza que el gobierno no pueda mermar mediante la emisión de disposiciones de carácter administrativo o secundario el régimen especial que requieren las empresas para desarrollar sus actividades con plena autonomía.

Precisó que la regulación de las empresas concibe de manera novedosa las relaciones que tendrán con la cabeza del sector energético, al transitar de una abierta intervención de la Secretaría de Energía (Sener) en la planeación, operación y presupuestación, a un modelo de colaboración institucional que permita a la secretaría ejercer sus funciones en la presidencia de los Consejos de Administración y contar con suficiente información para la programación sectorial y la realización de actividades estratégicas y prioritarias a cargo del Estado.

El diputado Marco Antonio Bernal agregó que en el nuevo esquema institucional el gobierno federal se asume como administrador principal, lo cual significa que el gobierno podrá designar algunos funcionarios dentro de los consejos de administración, y tendrá funciones de propietario, es decir, como cualquier dueño de una empresa.

Se incluye el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo moderno que abarque todos los aspectos necesarios para el óptimo desempeño de las empresas estatales.

El nuevo diseño del marco regulatorio, abundó, plantea que al ser Pemex y la CFE instituciones de origen público, se rijan por el principio de legalidad, lo que implica que solo podrán realizar lo que la ley expresamente les autorice y confiera, al tiempo que les será aplicable el derecho privado. “Se trata de un diseño sin camisa de fuerza que sigue el principio de la máxima autorregulación para generar condiciones gerenciales óptimas”.

Relató que corresponde a los respectivos Consejos de Administración emitir de manera autónoma, autosuficiente y sin la participación de otras instancias, toda la normatividad interna que se requiera para la adecuada estructuración del funcionamiento y operación de las empresas.

De igual forma, se incluye un rediseño del esquema de vigilancia, auditoría y control de las empresas y se devuelve al Consejo de Administración la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño que prevé la creación de un órgano independiente denominado Unidad de Responsabilidades, el cual tendrá a su cargo determinar y sancionar responsabilidades a partir de la información que le suministren los órganos de auditoría competente.

“Se contempla un esquema para fortalecer los mecanismos de detección de irregularidades dentro de las empresas e incentivar a la Unidad de Responsabilidades a concentrar tiempo y recursos en prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción”, afirmó.

También, dijo, contempla la existencia de auditores externos conforme a las mejores prácticas en la implementación de buenos gobiernos y se acata el mandato constitucional al dejar muy en claro que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por ende, el Congreso de la Unión, serán competentes para fiscalizar a Pemex y a la CFE.

El dictamen, publicado en la Gaceta Parlamentaria, precisa que tanto Pemex como CFE gozarán de autonomía presupuestal y estarán sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apruebe el Congreso de la Unión.

La Ley de Pemex tendrá por objeto llevar a cabo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.

Pemex podrá celebrar con el gobierno federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías, manteniendo el Estado mexicano en exclusiva la propiedad sobre los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo.

Se establece un Consejo de Administración, el cual será el encargado de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Pemex. El Plan de Negocios de la empresa se elaborará y actualizará con un horizonte de cinco años.

La nueva Ley de la CFE precisa que dicha empresa deberá prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Tendrá que actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad, para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.

Indica que CFE podrá celebrar con el gobierno federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias o filiales.

De igual modo, contará con un Consejo de Administración, responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de la CFE, sus empresas productivas subsidiarias y filiales; se encargará de actualizar anualmente el Plan de Negocios, con base en una proyección a cinco años y conforme al programa operativo y financiero anual.

El dictamen también modifica las leyes Federal de las Entidades Paraestatales; la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para establecer de manera clara y expresa que estos ordenamientos ya no serán aplicables a Pemex ni a CFE, de forma que todo lo relativo a su organización, funcionamiento y control se regulará exclusivamente en sus respectivas leyes.

Mociones suspensivas

Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se rechazaron ocho mociones suspensivas de los diputados del PRD, Josefina Salinas Pérez, Roberto López González, María del Socorro Ceseñas Chapa, Aleida Alavez Ruiz; de MC, Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Ávila, así como del PT, Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Lilia Aguilar Gil, quienes propusieron devolver el documento a la Comisión de Energía y se haga un análisis más responsable y profundo.

Mencionaron que este conjunto de reformas representan un procedimiento legislativo precipitado y viciado de origen. Agregaron que el contenido del dictamen es una contradicción constitucional y afecta derechos humanos; convierte a Pemex en una empresa chatarrizada; se condena a Pemex y a CFE a desaparecer por carecer de los elementos para invertir y competir, y representan una regresión contra el patrimonio de la nación, la separación de los Poderes y la democracia.

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