• Es responsabilidad del Estado atender y resolver este fenómeno social

• El reto más importante de México es regular drogas legales, pues consumo de alcohol y tabaco es muy alto

29-07-2014.- Cambiar el paradigma cultural de las drogas, corregir el vacío jurídico que alienta la corrupción, la impunidad y criminaliza el consumo; eliminar estigmas; privilegiar la protección de la salud, y que la legislación se adecúe a la sociedad, propusieron académicos, especialistas y abogados durante el tercer y último día del Foro Internacional de Política de Drogas, organizado por la Cámara de Diputados.

En el tema “Marco jurídico de la Política de Drogas en México”, destacaron la obligación del Estado para atender y solucionar este fenómeno social y propusieron combatir las adicciones desde una perspectiva transversal en las políticas públicas.

Rene Arce, líder de Movimiento de Izquierda Alternativa, aseguró que no ha habido una verdadera política que ataque las causas de la problemática de las drogas, sin un sentido punitivo, el cual sólo disfraza los efectos.

“La batalla se tiene que ganar culturalmente, y para lograrlo hay que tomar decisiones que enfrenten los atavismos culturales que no permiten dilucidar la gravedad del fenómeno que debe enfrentarse”, expresó.

Refirió que hay una moral que impide discutir y regular este tipo de temas. Hay funcionarios que se oponen a cualquier discusión del tema, y cuando lo hace automáticamente se dicen a favor, porque miden las cosas en términos electorales y no de Estado, afirmó.

Desde esa perspectiva cultural, afirmó que está vinculada al sistema de corrupción que prevalece en el país. Para combatirlo propuso corregir el paradigma cultural de las drogas con una visión multifacética y superar el enfoque punitivo por uno integral, donde el marco jurídico resuelva las necesidades de la sociedad. “Esa es la obligación del Estado”, apuntó.

El abogado José Elías Romero Apis, ex subprocurador General de la República y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, resaltó los errores legislativos de cuatro décadas respecto al vacío de competencia de los delitos de narcotráfico y en contra de la salud, que no se ha corregido.

Explicó que el Código Penal Federal no atribuye federalidad automática para atender este tipo de delitos, pese a que muchas entidades no lo contemplan en sus códigos. “Estamos en un problema grave de impunidad”, sostuvo.

Atribuyó el error a que los delitos de narcotráfico estaban contenidos en el Código Sanitario en los 70s y después se trasladaron al Código Penal Federal, y se quedaron sin ser federales. No es el único delito en que ha sucedido esto, similar situación se registra con los delitos autorales y ambientales.

“El narcotráfico o delitos contra la salud no son federales. La Fiscalía Federal no los puede investigar; ni los jueces federales juzgarlos y sentenciarlos, como se ha hecho todo el tiempo. Al no estar contempladas en las leyes penales de los estados, por lo menos en la mayoría, tampoco son delitos locales ni los fiscales pueden investigarlos ni tribunales enjuiciarlos”.

Destacó la relación educativa y económica con sustancias como el thiner. “En un país como el nuestro, lo único que puede quitar el hambre con dos pesos es el thiner. Es una realidad lacerante, donde la normatividad no tiene cabida y los abogados no han hecho nada”.

Cuestionó: si de verdad no están ya legalizadas las drogas en México, por qué el consumo de drogas y estupefacientes no está penado o prohibido, de hecho no está perseguido; todo lo demás, sí, como la producción, comercialización, financiamiento, transporte, custodia, entre todas las modalidades.

Y no sólo fácticamente, sino en materia jurídica, ya que si no hay dificultades para que ningún consumidor adquiera la droga, dónde está fácticamente la prohibición. Se resume en una verdad muy peligrosa, guardada por razones obvias, indicó.

La abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Luisa Conesa, destacó que sí se criminaliza el consumo de drogas, toda vez que el 60 por ciento de los presos federales purgan condenas por delitos contra la salud. “Es inadmisible la criminalización”, en ello se basa la prohibición, advirtió.

Refirió que en la década de los 30s se tipificó este delito por estigma, pero no por cuestiones de salud, ya que en Estados Unidos a los migrantes mexicanos se les etiquetó como consumidores de mariguana por el creciente número en la demanda de empleo y por la competencia que representaban para la fuerza laboral local.

Subrayó que hay otras conductas más dañinas que el consumo de la mariguana, ya que sólo el 9 por ciento de consumidores llega a la adicción. Además, se desconocen los usos terapéuticos que dan buenos resultados para controlar diversas enfermedades.

El director general de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Xiuh Tenorio, sostuvo que este fenómeno se atiende con una nueva visión, basado en cinco estrategias: salud, no criminalizar el consumo, aprovechar las ventajas de las reformas legales, analizar la aplicación y avances de la reforma de 2009 en materia de narcomenudeo a nivel estatal y generar una política de reducción de riesgos y daños.

Indicó que el narcomenudeo es un delito nuevo en las entidades federativas que debe revisarse con la Federación.

Refirió que el marco legal de la política de drogas atiende dos aspectos: el de la salud y el de imputación jurídica, dividido en un esquema federal y estatal. El reto más importante que tiene México es el de regular las drogas legales, porque prevalecen consumos muy altos de tabaco y alcohol entre la población, enfatizó.

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