• Niega procurador Fiscal que se privilegie expropiación de tierras para adecuado funcionamiento del sector energético

23-06-2014.- Ante las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher Linartas, expresó que no es posible determinar una fecha precisa de cuándo bajarán los precios de la gasolina, ya que “va a depender de las condiciones de competencia que se vayan generando”.

Lo que sí se está haciendo, dijo, es abrir el sector a partir del 2015 para que se tenga competencia a la baja en los precios. “Estamos cuidando que no pueda haber abusos y tengamos brincos a la alza desmedidos en los precios de la gasolina y el diésel”.

Precisó que en el tema de gasolinas no hay competencia efectiva, sino monopolio, pues no hay suficientes terminales de almacenamiento y de importación, así como refinerías, estaciones de servicio, por lo que “si el precio se libera hoy, eso implicaría que terminaríamos con un incremento, porque habría abuso”.

Respecto al precio del gas, expresó que en la medida en que se completen gasoductos y aumente la producción de este energético, como resultado de la reforma, “esperamos que haya una disminución de precios relativamente rápido”.

En el análisis de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Deuda Pública, el subsecretario Messmacher y el Procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, destacaron que el objetivo es maximizar la renta petrolera, asegurar que se quede en el Estado y se evite cualquier tipo de problema de corrupción.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), destacó que la reforma energética da pie a una profunda trasformación del sector, que implica un cambio en el manejo y administración de los ingresos petroleros y en las relaciones y controles que mantiene el gobierno con sus empresas estatales en el sector.

Indicó que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo permitirá servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en los contratos y en las asignaciones para la exploración y extracción de los hidrocarburos, así como administrar los ingresos del Estado mexicano provenientes de la explotación de hidrocarburos y canalizarlos a los destinos previstos por la propia Constitución.

Hoy, precisó, corresponde analizar y debatir el destino y recursos del Fondo, en caso de reducción significativa de los recursos petroleros; la regularización del régimen presupuestario de las empresas productivas del Estado y las subsidiarias; las adecuaciones presupuestarias y los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

Las modificaciones a la Ley General de Deuda Pública, subrayó, buscan adecuar el artículo primero, con el fin de precisar que los financiamientos de las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituyen deuda pública y definir los montos de endeudamientos.

Además, esclarecer en el artículo 9 que el nivel de endeudamiento de un ejercicio fiscal no sea mayor a la suma del gasto de los programas y proyectos de inversión del gobierno federal, de las entidades paraestatales, así como las empresas productivas del Estado.

En las rondas de preguntas, la diputada del PRI, Norma Ponce Orozco, solicitó se explique a qué obedece el cambio en el método de cálculo de los límites del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y qué implican dichos cambios en términos monetarios.

Juan Isidro Del Bosque Márquez (PRI) afirmó que si bien la iniciativa le da cierta flexibilidad a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para definir su política de endeudamiento, se observa que Hacienda podría intervenir y ordenarle que no salga del mercado de deuda, por lo que preguntó a qué responde esta atribución de la SHCP y cómo se puede estar seguro de que ello no resultará en que la dependencia este prohibiendo recurrentemente a Pemex acudir a los mercados de deuda.

Por el PRD, el diputado Carol Antonio Altamirano dijo que la formulación de dos esquemas fiscales para Pemex y los nuevos contratistas puede significar un riesgo para la recaudación federal participable, por lo que solicitó que la SHCP muestre información sobre el nuevo modelo de aportaciones con opinión del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

“No hay un esquema que garantice que en el crecimiento del PIB se reflejen inversiones concretas, y los compromisos ambientales y de desarrollo tecnológico no están garantizados en el proyecto”, subrayó.

María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) expresó su preocupación sobre la posibilidad de compartir la renta petrolera y por las excesivas atribuciones de la Secretaría de Hacienda que nulifican la autonomía de las empresas productivas del Estado.

Cuestionó de qué manera se van a determinar las contraprestaciones por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y de gas; cómo se determinarán las condiciones económicas en los contratos y asignaciones; si en las reformas se observan nichos de oportunidad para negocios con objetivos políticos en el futuro y de qué forma se resolverá el pasivo laboral.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) destacó que no queda claro el método de cálculo de la transferencia que hará el Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que pidió información sobre otros fondos especificados en la ley para que los ingresos petroleros del gobierno federal alcancen un nivel del 4 por ciento del PIB, y se precise la autonomía presupuestal de las empresas productivas del estado, sus ventajas y posibles riesgos.

Agregó que de aprobarse la leyes secundarias, existe la preocupación sobre qué medidas implementará el gobierno para satisfacer las exigencias de capital humano que se generan con la implementación del nuevo régimen para Pemex y CFE. Además, en materia de energías limpias y renovables, preguntó sobre los incentivos fiscales que hay y si existe una propuesta verde.

De Movimiento Ciudadano, el legislador Ricardo Mejía Berdeja solicitó la presencia del titular de la Secretaria de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para que dé respuesta a las interrogantes de los legisladores, y cuestionó cuánto dinero ingresará por cada barril explotado por los privados a México y se dé claridad sobre la “servidumbre de paso” de hidrocarburos en las expropiaciones que se generen por causas de utilidad privada.

Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) puntualizó que con la autonomía los funcionarios podrían darse salarios más altos que los magistrados, por lo que “deberíamos regular qué va a suceder con ese tema”, e inquirió cómo se va a fiscalizar cuánta explotación real se está sacando; si se cuenta con el equipo técnico para aguas profundas y si se tiene la garantía de que no sea hasta el 2025 cuando se tenga a la baja en el precio de la gasolina.

El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher Linartas, detalló que con esta reforma las empresas productivas del Estado, en particular Pemex y la CFE, gozarán de plena autonomía presupuestaria, es decir, van a poder realizar todos los ajustes a su presupuesto.

Indicó que van a tener total libertad en la elaboración de su presupuesto y solamente estarán sujetas a dos restricciones: una meta de balance financiero y un techo para el gasto de servicios personales, que propondrá la Secretaría de Hacienda al Congreso como parte de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

En la medida en que Pemex y CFE o cualquier empresa productiva del Estado tenga ingresos excedentes, dijo, podrán asignarlos a los proyectos prioritarios que elijan sus consejos de administración y hacer todas las reasignaciones que se requieran sin necesidad de ninguna aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda, así como establecer condiciones de remuneraciones que les permitan estar compitiendo en el sector energético.

Messmacher Linartas sostuvo que solamente al inicio del año, se sentarán en igualdad de condiciones Pemex y CFE con la Secretaría de Hacienda para establecer un calendario de financiamiento para el año, a fin de asegurar que se salga a los mercados y colocar bonos de una forma ordenada que no esté generando volatilidad en los mercados financieros ni presionando las tasas de interés en algunos mercados particulares.

Las únicas dos autorizaciones que pudiesen llegar a necesitar de la Secretaría de Hacienda, ya en el ejercicio o ejecución de los recursos, subrayó, es solamente si Pemex o CFE se quisieran desviar de la meta de balance financiero y del techo de servicios personales que les aprobó el Congreso, así como del calendario de financiamiento.

Resaltó que por primera vez se propone la figura de dividendo estatal. El proceso que se está proponiendo para la determinación de ese dividendo, agregó, es que el Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, ya sea CFE o Pemex, aporten información sobre la rentabilidad de su inversión al gobierno federal.

Bajo el nuevo régimen fiscal, puntualizó, se va a tener un Impuesto Sobre de la Renta (ISR) que van a estar pagando las empresas que estén participando en el sector. Ya hoy en día, agregó, no existe la figura del ISR para las empresas como Pemex. “Nos estamos moviendo hacia un régimen de ISR; ése se le va a pagar directamente a la Tesorería, no va al Fondo Mexicano del Petróleo”, detalló.

El funcionario precisó que desde el punto de vista de ingresos se va a tener un ISR petrolero y después de contraprestaciones por contratos y los derechos petroleros. “Los que sí, todos pasan por el Fondo Mexicano del Petróleo”.

Los cálculos de los porcentajes de ingresos es básicamente para mantener montos similares para los destinos específicos que incluyen recursos que van a la Auditoría Superior de la Federación, a Ciencia y Tecnología, a Fondos de Estabilización y a las entidades federativas en general, y también a estados y municipios con actividad petrolera.

Respecto a los recursos que reciben las entidades federativas, explicó que se propone incrementar ligeramente el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que son recursos que reciben los estados, donde hay actividad petrolera, pues históricamente ese fondo ha sido equivalente a 0.5 por ciento de los ingresos petroleros; se plantea crezca a punto 0.65 por ciento, es decir, un incremento de 30 por ciento.

Mencionó que las participaciones se están calculando para que se mantengan iguales con respecto al régimen de derechos y de hecho se está proponiendo un coeficiente algo más alto para el régimen de contratos, pues si se suman todos los derechos petroleros que se pagan y cuánto de eso entra en la recaudación federal participable, es solamente equivalente a 73 por ciento, “nunca ha sido del 100 por ciento”.

En cuanto a los derechos vinculados a asignaciones, puntualizó que se está manteniendo el mismo porcentaje y de hecho para los contratos se está proponiendo uno incluso más alto. “La idea es que las entidades reciban las mismas participaciones vinculadas a los derechos por asignaciones y reciben un poco más; se está protegiendo y asegurando los recursos para ellas”.

Miguel Messmacher resaltó que se propone que cambie la distribución de los ingresos excedentes, eso aplica tanto a los petroleros como tributarios que entran a los Fondos de Estabilización y que el fondo del gobierno federal ahora reciba 65 por ciento; el de las entidades se mantenga en el Fondo de Estabilización de los Estados con el 25 por ciento y éstas sigan destinando 10 por ciento de los excedentes a su inversión.

“Se está proponiendo que una vez que se llenen esos fondos de estabilización, los recursos que fueron al fondo del gobierno federal se puedan destinar a amortizar pasivos o a inversión en infraestructura y, en el caso de los estados, cuando se llene su fondo, que los recursos se puedan destinar a sus sistemas de pensiones o a disminuir pasivos de los gobiernos estatales”, afirmó.

Además, expuso, se propone duplicar el Fondo de Estabilización de los Estados con un incremento de 44 mil millones a 100 mil millones de pesos, y el del gobierno federal de 88 mil millones a 200 mil millones de pesos.

También, aseguró que la iniciativa busca que sean abiertos, públicos y competitivos los procesos de licitación que asignen los contratos, por lo que afirmó que no existirá el secreto fiscal en las operaciones de los contratos. “Evitará problemas de sobrecostos, porque incluye límites de costos en los contratos, total transparencia y rendición de cuentas”, dijo.

Detalló el cálculo de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo, el cual, dijo, al 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de recursos que tendrá el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se le restará lo que haya del ISR petrolero y lo que falte es lo que tendrá que transferir el Fondo Mexicano del Petróleo para el presupuesto.

Puntualizó que para asegurar la renta, es indispensable darle transparencia, competencia y total publicidad al proceso de licitación de asignación de los contratos. Además, externó que si bien la SHCP no tendrá injerencia en las decisiones de Pemex y CFE, es necesario fortalecer la rendición de cuentas, y quienes tendrán esa función, agregó, serán la Auditoría Superior de la Federación, la sociedad y los legisladores.

En su turno, el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, negó que haya una “expropiación de facto de las tierras” para el adecuado funcionamiento del sector energético, sino que se plantea un procedimiento de negociación con los dueños de los predios.

“La expropiación como tal, está en la ley, y esa no se puede suprimir esta desde la Constitución, pero precisamente lo que se buscó, y sí hubo la tentación, no de nuestra parte pero sí de que dijera: pues me voy a la expropiación inmediata de la tierra al pequeño ejidatario, para que pueda ser utilizada en el contrato”, dijo.

Aseguró que la iniciativa en materia energética sobre la utilización de la tierra tomó en cuenta las experiencias en materia minera y las opiniones del Tribunal Agrario para “poder captar todo el problema en su conjunto”.

Por lo anterior, el procurador recalcó que “no es la intención” expropiar tierras y abundó que la iniciativa contempla un procedimiento transparente con igualdad en las partes.

Detalló que el procedimiento es el siguiente: primero una declaratoria de impacto social, previo a la publicación que realice la Secretaría de Energía, y cuando sean tierras de comunidades indígenas, la Constitución obliga a realizar una consulta.

“Primero tiene que haber un análisis de cómo está la situación, antes de cualquier procedimiento de licitación; cuando éste se lleve a cabo, entonces se abre un procedimiento homogéneo. Primero, una etapa abierta entre el contratista y el poseedor de las tierras”.

Posteriormente, abundó, si no hay un acuerdo ahí, “en la segunda etapa entra una autoridad como árbitro y dónde pueda hacerse la propuesta, pero insisto no tiene que ser de adquisición de la tierra, si no quiere vender el propietario, si no es necesario vender, sino de ocupación superficial”.

Destacó que la iniciativa propone formas para que el contratista y el poseedor de las tierras puedan pactar y se pueda utilizar las tierras. “No es una expropiación de facto, hay todo un procedimiento”, señaló.

“No es la idea que la expropiación sea la solución y la panacea para que se puedan llevar a cabo las explotaciones. Al contrario, la expropiación está en la Constitución y tiene su ley. Lo que se está privilegiando aquí no es la expropiación, sino estos contratos de ocupación que no son nuevos. Son los que hace Pemex y CFE hoy en día con los ejidatarios, con los comuneros, en donde se pacta, inclusive, una renta mensual, según la ocupación que se requiera”, explicó.

Por ejemplo, dijo, si es una explotación de gas shell en el norte, no va a durar 40 años. “Entonces, déjenme decirlo coloquialmente, solo es un agujero. Igual no requiere que se prive de toda la propiedad a un dueño, sino únicamente una servidumbre de paso y de explotación de gas shell, que no es lo mismo una explotación petrolera completa”.

El procurador detalló que lo que se está privilegiando es que se le pague una renta por el tiempo que dure. “Ni al propio contratista le conviene estarse haciendo de tierras ni al propio Estado mexicano va a estar expropiando, para estarse haciendo de terrenos que después no va a encontrar qué hacer con ellos. No es la expropiación lo que se privilegia en este esquema”, aclaró.

Indicó que está pendiente cuál va a ser el régimen que el Congreso de la Unión va a decidir para el sistema anticorrupción, y detalló que sí hay un régimen de gobierno corporativo para los consejeros, o sea, los miembros del Consejo de Administración.

Agregó que el resto del personal tiene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en ese aspecto, “no hay absolutamente ninguna excepción y mucho menos al régimen de corrupción presente y futuro por lo que se llegue a votar en este Congreso”.

Al concluir la reunión, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal citó para mañana martes 24 de junio, a las 9:00 horas, al encuentro con funcionarios de Pemex y CFE.

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