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Bolet√≠n N°. 3157 El C√≥digo de Procedimientos no sustituye a los c√≥digos penales
  • Evitar√° la erogaci√≥n de millones de pesos anuales al contribuyente

 

  • Permite acuerdos legales entre las partes en conflicto

 

  • Tendr√° implicaciones en los delitos federales y del fuero com√ļn

 

  • Habr√° medidas precautorias para la reparaci√≥n del da√Īo al afectado

 

09-03-2014 Con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, México cuenta con nuevos elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente, afirmó la diputada Adriana Fuentes Téllez (PRI).

 

Con ello se podr√°n enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema, y unificar procedimientos a nivel nacional, se√Īal√≥ la legisladora por el Distrito Uno, con cabecera en Ciudad Ju√°rez, Chihuahua.

 

Aclar√≥ que no es sustituto en forma alguna de los C√≥digos Penales que est√°n vigentes en los estados de la Rep√ļblica. ‚ÄúSu prop√≥sito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial‚ÄĚ.

 

Manifestó que debido a que se requiere de la adecuación de diversas estructuras, tanto normativas, reorganizacionales, de personal, de infraestructura y equipamiento, lo cual depende del fuero y la territorialidad de cada Distrito en la Federación y de cada entidad federativa, la entrada en vigor de este Código será gradual y no deberá exceder del 18 de junio de 2016.

 

La diputada Fuentes T√©llez se√Īal√≥ que el C√≥digo Nacional tambi√©n evita espacios de impunidad argumentando situaci√≥n de territorialidad o √°mbitos de aplicaci√≥n. Salvaguarda los derechos de todos los mexicanos, en un ejercicio de transparencia, cercan√≠a y oralidad.

 

Record√≥ que la C√°mara de Diputados llev√≥ a cabo la declaratoria de publicidad del dictamen a la minuta que expide el C√≥digo Nacional de Procedimientos Penales, el pasado 4 de febrero, lo que representa una de las reformas jur√≠dicas m√°s relevantes en √ļltimas d√©cadas en M√©xico, por lo que el presidente Enrique Pe√Īa Nieto promulg√≥ el Decreto el 4 de marzo y fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci√≥n.

 

‚ÄúEs un gran logro hist√≥rico, ya que permitir√° pasar de una justicia desigual, por los 33 c√≥digos que hab√≠a en el pa√≠s, a uno v√°lido en todo el territorio nacional. Este nuevo ordenamiento tendr√° implicaciones en los delitos federales y del fuero com√ļn, por eso se le conoce como C√≥digo √önico‚ÄĚ, explic√≥ Adriana Fuentes, vicecoordinadora del PRI en la C√°mara de Diputados.

 

El C√≥digo establece nuevas normas en la investigaci√≥n, procesamiento y sanci√≥n de delitos por parte de los √≥rganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulaci√≥n de juicios orales, los cuales se llevar√°n a cabo en audiencias p√ļblicas para que tanto las partes en conflicto como el p√ļblico en general puedan presenciarlas.

 

Su objetivo es implementar un sistema oral acusatorio y establecer una perspectiva de respeto a los derechos humanos, que ser√° aplicable en todo el pa√≠s, se√Īal√≥ la legisladora, secretaria de la Comisi√≥n de Educaci√≥n P√ļblica y Servicios Educativos.

 

Entrevistada en la C√°mara de Diputados, afirm√≥ que para el proceso acusatorio y oral, las audiencias tendr√°n como caracter√≠stica esencial la publicidad con la que se llevar√°n a cabo, de manera que puedan ser presenciadas tanto por las partes como por el p√ļblico en general.

 

También prevé que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video, y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción, con lo que se eliminan las formalidades del procedimiento penal de corte inquisitivo, y con ello los excesos previstos para sus resguardos.

 

Se dispone, se√Īal√≥ Fuentes T√©llez, de un glosario de t√©rminos y objetivos comunes aplicables a las entidades federativas y a la Federaci√≥n en el desarrollo del procedimiento penal acusatorio, lo cual permitir√° unificar criterios y evitar diversidad de interpretaciones en la aplicaci√≥n del procedimiento penal.

 

Cuestionada sobre las disposiciones relativas a la investigaci√≥n, manifest√≥ que √©stas ya est√°n planteadas desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. ‚ÄúEspecialmente en los actos de investigaci√≥n que implican actos de molestia; por tal motivo, es posible identificar los actos de autoridad que puedan derivar en violaciones a derechos humanos‚ÄĚ.

 

Explicó que también se prevé que durante el procedimiento penal, existan soluciones alternas, en la aplicación de un acuerdo reparatorio que puede ser desarrollado por mediación o conciliación, y que será regulado por leyes especiales.

 

El C√≥digo Nacional, dijo, prev√© que el Ministerio P√ļblico pueda ordenar las medidas de protecci√≥n id√≥neas, y en aquellas que impliquen una restricci√≥n a la libertad del imputado, deber√° resolverse en audiencia ante el juez de control dentro de los cinco d√≠as siguientes, a efecto de que la ratifique, modifique o cancele mediante la aplicaci√≥n de las respectivas medidas cautelares.

 

Finalmente, se√Īal√≥ que entre otras medidas, se considera la posibilidad de que el juez imponga providencias precautorias a efecto de garantizar la reparaci√≥n del da√Īo. Estas podr√°n ser solicitadas por la v√≠ctima, el ofendido o el Ministerio P√ļblico, por un periodo m√°ximo de 60 d√≠as naturales, prorrogables hasta por 30 d√≠as.

 

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